Las Cortes instan al Ejecutivo aragonés a ordenar los recursos energéticos en el territorio

El pleno de las Cortes de Aragón reiteró este jueves al Ejecutivo autonómico la necesidad de elaborar “a la mayor brevedad” un plan de ordenación territorial de los recursos energéticos que sea incluido en el nuevo Plan Energético de Aragón con horizonte 2030. También acordó el parlamento que el Gobierno incluya a colectivos conservacionistas y en defensa del paisaje en cualquier mesa sobre el desarrollo de las energías renovables en Aragón.

Así lo aprobó la cámara autonómica con gran consenso, respaldando una proposición no de ley de IU que fue transaccionada por varios grupos parlamentarios. El texto definitivo incluye otros dos puntos: la elaboración de un plan de apoyo permanente a la creación de comunidades energéticas para autoconsumo y generación distribuida financiado por el Gobierno de Aragón, y la creación de una oficina de asesoramiento a la creación de cooperativas energéticas.

La ordenación territorial energética deberá enmarcarse dentro del contenido del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la planificación de las redes de transporte de electricidad, de modo que no interfiera en ningún proyecto eólico o fotovoltaico con permiso de acceso a red.

El portavoz de IU, Álvaro Sanz, recordó que en marzo de 2021 las Cortes ya instaron al Ejecutivo a presentar ese plan de ordenación, pero “hasta el momento no se conocen los trabajos desarrollados por ninguno de los departamentos del Gobierno de Aragón para el cumplimiento de este mandato parlamentario”.

Contestación social

Sanz hizo referencia a que la “contestación social” en diferentes comarcas de Aragón crece “a medida que la implantación de los grandes parques eólicos y fotovoltaicos van colonizando las comarcas de Aragón sin que se hayan establecido criterios de planificación territorial, energética o medioambiental”.

Subrayó que el domingo hay una movilización en Zaragoza, promovida por la Alianza Energía y Territorio (Aliente), para gritar “renovables sí, pero no así” contra el modelo de implantación de “macroparques”. Es por ello que Sanz defendió, como se vio reflejado en el texto  aprobado ayer, que se garantice la presencia en las mesas de diálogo energético promovidas desde el Gobierno de Aragón de “todos los actores que tengan un interés legítimo, entre los que se encuentran el movimiento conservacionista y en defensa del paisaje”.

Tal como explicó Sanz, la petición viene dada por que el presidente de Aragón, Javier Lambán, convocó una mesa el 24 de enero con el sector energético con algunas ausencias del ámbito social. Allí, Lambán anunció una oficina de información para la transición energética y respaldó la democratización de la energía mediante comunidades energéticas para abaratar precios y evitar un excesivo control por parte de las empresas eléctricas.

Un modelo más democrático

Estas comunidades permiten, por un lado, generar energía que procede de fuentes renovables; proporcionar servicios de eficiencia energética; el suministro, consumo, agregación y almacenamiento de energía y potencialmente distribución, así como la prestación de servicios de recarga de vehículos eléctricos o de otros servicios energéticos. Y, por otro lado, proporcionan a los ciudadanos y a las pequeñas empresas un acceso justo y fácil a la energía de origen local y renovable, generando beneficios ambientales, territoriales y sociales, expuso IU.

Sanz recordó que en Aragón hay instalados ya 5.700 megavatios (MW) de potencia eólica y fotovoltaica y que Aragón se encuentra tramitando otros 12.554 MW, además de los que lleva el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Por parte del PAR, Jesús Guerrero defendió la “oportunidad” que suponen las renovables en Aragón, siempre y cuando se cumpla la ley, incentivando la colaboración público-privada y escuchando al territorio. Como el resto de grupos, el PAR defendió las comunidades energéticas locales como una forma de ahorrar costes, tanto a nivel doméstico como industrial.

Marta Fernández (VOX) calificó la implantación renovable de “apresurada y desordenada”. Criticó la “falta de soberanía energética” que tiene España, lo que a su juicio representa “una debilidad”.

Isabel Lasobras (CHA) alertó de la “alarma social” que algunos parques eólicos y fotovoltaicos están causando en zonas donde pueden generar “graves daños a valores paisajísticos y actividades socioeconómicas”.

Transición

Marta de Santos (Podemos) subrayó que “no basta con una transición de tecnologías, sino que es imprescindible una transición de modelo” energético. Jara Bernués (Cs) defendió adoptar “soluciones intermedias” en la política energética, “apoyando las renovables” pero también otras energías de respaldo y de contención de precios “como la energía nuclear”. Por ello, invitó a ser “pragmáticos” y “utilizar todas las alternativas posibles” para superar la crisis energética actual.

Juan Carlos Gracia Suso (PP) dijo que con el gobierno del PSOE cerraron las centrales de carbón que generaban el 20% de la electricidad del país y regulaban precios, por lo que le acusó de “condenar a todos españoles de por vida a pagar una factura de la luz mucho más cara”.

Por último, Leticia Soria (PSOE) instó a aprovechar la “ubicación geoestratégica” de Aragón, el sol y el cierzo para generar riqueza y empleo, alineados con los objetivos de descarbonización europeos, dentro del respeto a la legalidad y la escucha activa a los agentes sociales.