Octavio López se queja de la “pereza y desidia” del Ministerio con las infraestructuras estatales

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, se quejó de la “pereza y desidia” con las que el Ministerio de Transportes ejecuta las infraestructuras en Aragón, entre ellas las autovías A-68, A-25 y A-40 que discurren por la provincia de Teruel, que en el caso de las dos últimas siguen inmersas en fases administrativas previas mientras que sobre la primera no hay un solo kilómetro en obras en su tramo turolense. López compareció a petición propia en el pleno de las Cortes de Aragón al cumplirse un año de la reunión bilateral entre la consejería y el ministerio para hacer un seguimiento de las obras, con el compromiso de realizar reuniones cada seis meses, sin que Transportes haya cumplido lo acordado y sin que las obras avancen.

El debate sobre esta cuestión se saldó con el apoyo de todos los grupos a estas infraestructuras, como no podía ser de otra manera, aunque desde perspectivas discrepantes en función de sus responsabilidades de gestión, y con un tono elevado durante el debate que puso a todos los portavoces en clave preelectoral, al igual que ocurrió con el consejero en su réplica a todos ellos.

Además de reclamar la bilateral con el Ministerio después de que la Administración central esté dando largas desde el mes de junio para volver a reunirse, el consejero de Fomento insistió durante su intervención en el compromiso de liderar la creación de un órgano interautonómico para hacer presión con el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, el auténtico, el de alta capacidad con doble vía electrificada y nuevos trazados.

Esta idea la lanzó ya Octavio López hace unas semanas durante la celebración de un foro de apoyo a este corredor celebrado en Zaragoza. En el pleno, el consejero abogó por dar el mismo trato al tramo ferroviario de Teruel que al resto del corredor Cantábrico-Mediterráneo, algo que recordó está en manos del Gobierno de España y que debe ser un ejercicio “de no discriminación hacia la provincia de Teruel y hacia Aragón en su conjunto que requiere de la doble vía electrificada”.

El titular de Fomento señaló que desde Aragón se liderará la creación de ese órgano de presión en el que estarían las siete comunidades autónomas por las que discurre, “si el Gobierno de España no crea las oficinas de información en las que se pueda comprobar permanentemente el estado de los proyectos del corredor”.

De igual forma indicó que seguirán instando al Ejecutivo central para que “redoble la presión en Europa” con la Travesía Central y la línea Pau-Canfranc. “Queremos realidades y no promesas incumplidas”, manifestó el consejero, que comparó el buen funcionamiento de infraestructuras que dependen del Gobieno autonómico con las que lo hacen de la Administración central, y puso como ejemplo el Aeropuerto de Teruel.

En carreteras, en lo que se refiere a la provincia turolense, habló de la “tan maltratada A-68”, que recordó que el gobierno socialista de Zapatero anunció hace dos décadas que estaría hecha en el año 2010. En cambio, constató que se ha abierto en precario entre Mallén y Gallur, mientras que El Burgo-Fuentes debería estar acabada desde 2023 y según lo manifestado por el ministerio no se acabará hasta 2026, algo, precisó, que les gustaría confirmar en una bilateral.

Falta de avances

Denunció que no hubiese ninguna novedad con los tramos turolenses ni con el avance de las variantes de Azaila e Híjar como les dijo el ministerio hace un año sin que haya vuelto a reunirse con la consejería desde entonces. López aseguró que la A-68 es el “caso más paradigmático de la escasa solvencia y la poca consideración” del Gobierno de Pedro Sánchez con Aragón, aunque no el único.

Se quejó igualmente del escaso interés del Ejecutivo central con las autovías turolenses A-25, de Monreal del Campo a Alcolea, y la A-40 de Teruel a Cuenca, cuya intención por parte del Estado es convertirlas como mucho en vías de dos carriles más uno, “ante la dificultad para conseguir las autorizaciones ambientales, algo a lo que evidentemente nos opusimos”.

Retrasos e incumplimientos que el consejero aseguró que se subsanarán cuando Alberto Núñez Feijóo gobierne, puesto que aseguró que la A-40 está “comprometida por el próximo presidente del Gobierno de España”.

Las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios intensificaron las críticas por el trato que reciben Aragón y Teruel en materia de infraestructuras estatales, con la excepción del PSOE, cuyo diputado Daniel Alastuey dijo que las inversiones en Aragón había aumentado un 37%, y en el caso concreto de las carreteras un 17%, pero que el gran incremento con respecto a lo que hizo el popular Mariano Rajoy había sido en el ferrocarril con un crecimiento del 218%. Replicó al consejero afirmando que el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez “ha acelerado” aquello que cuando gobernó el PP fueron “incapaces” de hacer.

El portavoz del PP, Antonio Romero, pidió a los socialistas que dejasen de “manipular la historia” y de hacer “propaganda”. “El PSOE no nos puede dar lecciones en gestión de carreteras, porque su legado es abandono, parálisis y promesas incumplidas”, manifestó.

La diputada de Vox, Carmen Rouco, señaló por igual a socialistas y populares por haberse alternado en los gobiernos y no haber desbloqueado las infraestructuras porque “el bipartidismo ha sido letal para Aragón”, manifestó. Por su parte, Isabel Lasobras, de CHA, dijo que las infraestructuras arrastran un “abandono histórico” y solo han favorecido la desigualdad territorial.

El parlamentario de Teruel Existe, Tomás Guitarte, criticó la “falta de atención” ministerial a Aragón y en el caso de las infraestructuras turolenses aseguró que pasa así porque “falta que Teruel tenga voz” en las Cortes Generales, como la tuvo, además de criticar los incumplimientos con las autovías y el corredor ferroviario.

Andoni Corrales (Podemos) afeó al consejero por el mal estado de las carreteras autonómicas, al igual que hizo Álvaro Sanz (IU), que dijo que a las Cortes debería acudir para dar cuenta de la situación en la comunidad autónoma. Alberto Izquierdo (PAR) volvió a plantear que sea la propia Comunidad Autónoma la que gestione la construcción de estas infraestructuras y que pague el Estado.