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Piden 38 años para los implicados en el laboratorio de speed desmantelado en Cella Piden 38 años para los implicados en el laboratorio de speed desmantelado en Cella
Los acusados en la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Teruel

Piden 38 años para los implicados en el laboratorio de speed desmantelado en Cella

Se incautaron 14 kilos y fue la operación más importante contra esta droga
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La Fiscalía pidió un total de 38 años de prisión para cinco personas implicadas en el laboratorio de speed que operaba en Cella y que fue desmantelado por la Guardia Civil en agosto del año pasado. Los agentes se incautaron de 14 kilos de esta sustancia estupefaciente en la operación Claustrum, la más importante contra este tipo de droga llevada a cabo en la provincia.

La mayoría de la droga fue localizada en la vivienda de la madre de uno de los cabecillas, que no estaba ocupada por la mujer y que aprovechó el hijo para la fabricación de la sustancia. El ministerio público pidió para este acusado, F. S. S., una pena de 9 años de prisión y multa de 228.000 euros por un delito contra la salud pública, y otros 2 años por pertenencia a grupo criminal, en total once años por los dos delitos.

La Fiscalía le acusa de ser un de los cabecillas de un grupo que se dedicaba a la elaboración de esta droga, que después comercializaban fuera. Los agentes desmantelaron un laboratorio, o “cocina” en el argot policial, de speed en Cella, en donde se aprehendieron de 13 kilos de esta sustancia estupefaciente.

Las pesquisas llevaron a realizar detenciones y a desmantelar puntos de venta en Barracas (Castellón) y Ejea de los Caballeros (Zaragoza), donde se comercializaba la droga y en donde la Guardia Civil se hizo con otro kilo de esta sustancia en la operación.

Inicialmente se detuvo a siete personas, dos de ellas de Cella, otra de Teruel y una de Barracas, además de tres de Ejea de los Caballeros. Al final se sentaron en el banquillo de los acusados seis de estas personas, si bien tras celebrarse la vista oral, la Fiscalía retiró la acusación contra uno de ellos, y centró la petición de penas de prisión para el resto en función del grado de implicación de los mismos.

Además de para el vecino de Cella, F. S. S., el ministerio público pidió otros once años y la misma multa por los mismos delitos para F. J. R. B., que residía también en la localidad. Estas dos personas habrían estado a cargo del laboratorio, según la acusación del ministerio público.

A otro de los implicados, D. P. C., la Fiscalía modificó la pena que solicitaba inicialmente y la elevó tras la práctica de la pruebahasta 9 años por un delito contra la salud pública y a 2 años por pertenencia a grupo criminal, en total 11 años, además de una multa de 75.000 euros. Esta persona, según la acusación, habría sido la encargada de comercializar la droga en Ejea de los Caballeros, empleando para ello una finca que no era de su propiedad que le habían dejado.

A los otros dos acusados, F. M. G. y F. B. T., el ministerio público pidió para cada uno de ellos 2 años y 6 meses de prisión y multa de 500 euros por un delito contra la salud pública. De acuerdo con la acusación habrían estado implicados en la búsqueda de distribuidores para colocar la droga que se hacía en Cella.

Durante la celebración de la vista todos negaron su implicación y los principales acusados señalaron a unos holandeses que habrían ocupado la vivienda durante un tiempo, y que según su versión serían los propietarios de la droga que la Guardia Civil encontró en la casa cuando procedieron a su registro.

Hubo familiares del principal acusado que aseguraron haber visto a esos holandeses e incluso pagarle un alquiler, aunque las pesquisas policiales no esclarecieron nada sobre esta cuestión. La acusación estuvo enfocada a que habrían sido las personas que suministraban anfetamina para elaborar el speedd. Una de las defensas pidió la nulidad de las actuaciones por indefensión de su cliente al no haber llegado la investigación a ninguna conclusión sobre estos holandeses.

La investigación se inició a raíz de que el hermano de un consumidor, que quitaba el dinero a su madre, avisara a la Guardia Civil de la venta de droga.

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