

La calle Comadre de la capital turolense
Teruel reforzará la vigilancia en zonas sensibles ante la preocupación vecinal
La medida se toma tras la reunión entre la alcaldesa de Teruel y el subdelegado del Gobierno por la situación de la calle ComadreVecinos del entorno de la calle Comadre piden el traslado del centro de tutelados a otra ubicación
Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un menor en Teruel
Policía local y nacional intensificarán la vigilancia en el entorno de la calle Comadre, donde en los últimos meses los vecinos han denunciado problemas de convivencia y en las últimas semanas se han producido dos apuñalamientos en los que estaban involucrados menores del centro de tutelados, situado en esa calle del casco antiguo de la ciudad.
Así se decidió en la reunión mantenida este jueves en el ayuntamiento de la capital y en la que participaron la alcaldesa, Emma Buj, el subdelegado del Gobierno, Enrique Gómez, la directora provincial del IASS, Nuria Alegre, y representantes de la Policía Local, de la Policía Nacional y de la empresa que gestiona el centro de menores tutelados.
Tras la reunión, la alcaldesa, Emma Buj, que había convocado la reunión ante la preocupación que le han transmitido los vecinos de la zona, detalló que se había acordado intensificar la vigilancia en primer lugar, por la entidad que gestiona el recurso de menores, con el compromiso de que va a haber un mayor control y vigilancia sobre los menores. También por parte de las policías, tanto local como nacional, que “van a seguir controlando esa zona, como ya lo hacía, pero incrementándose, porque lo que queremos sobre todo es conseguir una convivencia” aseguró la alcaldesa.
El subdelegado del Gobierno afirmó por su parte que “si algo ha quedado encima de la mesa es que no hay un problema de seguridad ciudadana ni en el barrio, ni en el recurso, ni por supuesto en el resto de la ciudad”.
Reconoció que había habido dos incidentes puntuales con arma blanca, “pero han sido como consecuencia de circunstancias sobrevenidas y por perfiles que quizás no deberían de haber estado en ese recurso, pero se ha analizado y se ha valorado y se va actuar sobre ello”.
Para el subdelegado, se trata de “un problema más de convivencia, de civismo y de cultura” y eso “necesariamente pasa por un trabajo exhaustivo de integración sociolaboral y socioeducativa” con los menores, “que no hay que olvidar que llegan en un estado precario, sin ningún tipo de recurso y como consecuencia de una emergencia mundial en cuanto a flujos migratorios”.
Gómez incidió en que como sociedad y por convicción “debemos dar una respuesta, que debe ser adecuada a las necesidades de los menores que van llegando”. Y recordó que la gestión y la integración de estos menores es competencia de la comunidad autónoma.
Sobre intensificar la vigilancia, aseguró que la Policía Nacional “ya tenía esa zona como de paso obligado en los diferentes turnos de vigilancia y de seguridad ciudadana, y a pesar de ello, se ha reforzado y así se seguirá haciendo”.
El subdelegado subrayó que los datos estadísticos de Policía Nacional dicen que en términos globales no ha habido un incremento de delitos con respecto a 2024 y con respecto a 2023 y, aunque no precisó datos de las denuncias interpuestas relacionadas con el centro de menores, indicó que la mayoría son por problemas surgidos en el ámbito interno del centro, que está formado por varios pisos donde viven una media de 16 menores tutelados, con una gran movilidad por diferentes circunstancias.
Tras la reunión de este jueves, la alcaldesa, que aseguró no sentirse tranquila y por eso había convocado la reunión, se comprometió a reunirse de nuevo con los vecinos, que además de llevar a cabo una recogida de firmas hace unos meses, antes incluso de que se produjeran los apuñalamientos y una presunta agresión sexual a una de las trabajadoras del centro, acudieron al último pleno municipal y realizaron una batería de preguntas sobre este asunto.
En cuanto a la instalación de cámaras de seguridad en la zona, la alcaldesa dijo que solicitarán a la Delegación del Gobierno en Aragón, que es la entidad que la autoriza tras someter las solicitudes a una comisión técnica, la posibilidad de que se instalen en esta zona del Centro Histórico por varios motivos: no solo por este recurso asistencial sino por su ubicación como área de entrada y salida a una zona de ocio de la ciudad.
Desde el Gobierno de Aragón siguen sin pronunciarse sobre la situación del centro de tutelados de Teruel a pesar de la directora provincial del IASS y representantes de la empresa que gestiona el centro estaban presentes este jueves en la reunión celebrada en el Ayuntamiento de Teruel. La empresa no estaba autorizada para hablar, la responsable del IASS remitió a los periodistas al gabinete de prensa del Departamento de Bienestar Social y Familia, desde donde indicaron que sobre cuestiones relativas a menores tutelados o en desprotección no hacían valoraciones. Esta ha sido la respuesta que desde el Departamento se ha dado cada vez que se ha preguntado por este asunto, que se hizo público cuando los vecinos comenzaron una recogida de firmas.
Así se decidió en la reunión mantenida este jueves en el ayuntamiento de la capital y en la que participaron la alcaldesa, Emma Buj, el subdelegado del Gobierno, Enrique Gómez, la directora provincial del IASS, Nuria Alegre, y representantes de la Policía Local, de la Policía Nacional y de la empresa que gestiona el centro de menores tutelados.
Tras la reunión, la alcaldesa, Emma Buj, que había convocado la reunión ante la preocupación que le han transmitido los vecinos de la zona, detalló que se había acordado intensificar la vigilancia en primer lugar, por la entidad que gestiona el recurso de menores, con el compromiso de que va a haber un mayor control y vigilancia sobre los menores. También por parte de las policías, tanto local como nacional, que “van a seguir controlando esa zona, como ya lo hacía, pero incrementándose, porque lo que queremos sobre todo es conseguir una convivencia” aseguró la alcaldesa.
El subdelegado del Gobierno afirmó por su parte que “si algo ha quedado encima de la mesa es que no hay un problema de seguridad ciudadana ni en el barrio, ni en el recurso, ni por supuesto en el resto de la ciudad”.
Reconoció que había habido dos incidentes puntuales con arma blanca, “pero han sido como consecuencia de circunstancias sobrevenidas y por perfiles que quizás no deberían de haber estado en ese recurso, pero se ha analizado y se ha valorado y se va actuar sobre ello”.
Para el subdelegado, se trata de “un problema más de convivencia, de civismo y de cultura” y eso “necesariamente pasa por un trabajo exhaustivo de integración sociolaboral y socioeducativa” con los menores, “que no hay que olvidar que llegan en un estado precario, sin ningún tipo de recurso y como consecuencia de una emergencia mundial en cuanto a flujos migratorios”.
Gómez incidió en que como sociedad y por convicción “debemos dar una respuesta, que debe ser adecuada a las necesidades de los menores que van llegando”. Y recordó que la gestión y la integración de estos menores es competencia de la comunidad autónoma.
Sobre intensificar la vigilancia, aseguró que la Policía Nacional “ya tenía esa zona como de paso obligado en los diferentes turnos de vigilancia y de seguridad ciudadana, y a pesar de ello, se ha reforzado y así se seguirá haciendo”.
El subdelegado subrayó que los datos estadísticos de Policía Nacional dicen que en términos globales no ha habido un incremento de delitos con respecto a 2024 y con respecto a 2023 y, aunque no precisó datos de las denuncias interpuestas relacionadas con el centro de menores, indicó que la mayoría son por problemas surgidos en el ámbito interno del centro, que está formado por varios pisos donde viven una media de 16 menores tutelados, con una gran movilidad por diferentes circunstancias.
Tras la reunión de este jueves, la alcaldesa, que aseguró no sentirse tranquila y por eso había convocado la reunión, se comprometió a reunirse de nuevo con los vecinos, que además de llevar a cabo una recogida de firmas hace unos meses, antes incluso de que se produjeran los apuñalamientos y una presunta agresión sexual a una de las trabajadoras del centro, acudieron al último pleno municipal y realizaron una batería de preguntas sobre este asunto.
En cuanto a la instalación de cámaras de seguridad en la zona, la alcaldesa dijo que solicitarán a la Delegación del Gobierno en Aragón, que es la entidad que la autoriza tras someter las solicitudes a una comisión técnica, la posibilidad de que se instalen en esta zona del Centro Histórico por varios motivos: no solo por este recurso asistencial sino por su ubicación como área de entrada y salida a una zona de ocio de la ciudad.
Silencio del Gobierno de Aragón
Desde el Gobierno de Aragón siguen sin pronunciarse sobre la situación del centro de tutelados de Teruel a pesar de la directora provincial del IASS y representantes de la empresa que gestiona el centro estaban presentes este jueves en la reunión celebrada en el Ayuntamiento de Teruel. La empresa no estaba autorizada para hablar, la responsable del IASS remitió a los periodistas al gabinete de prensa del Departamento de Bienestar Social y Familia, desde donde indicaron que sobre cuestiones relativas a menores tutelados o en desprotección no hacían valoraciones. Esta ha sido la respuesta que desde el Departamento se ha dado cada vez que se ha preguntado por este asunto, que se hizo público cuando los vecinos comenzaron una recogida de firmas.
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