Vecinos del entorno de la calle Comadre piden el traslado del centro de tutelados a otra ubicación

Un grupo de vecinos de la calle Comadre y su entorno trasladaron este lunes a la corporación municipal su preocupación sobre la situación que se está viviendo en esta parte del Centro Histórico de Teruel a raíz de la existencia en esa calle de un centro de menores tutelados. Uno de los vecinos leyó un comunicado en nombre de los siete que habían solicitado intervenir ante el pleno en el que se pedía el traslado del centro. Previamente, se había abordado este asunto como consecuencia de una propuesta presentada por el grupo municipal de Vox y que no salió adelante. La alcaldesa se comprometió a solicitar permiso para instalar cámaras de videovigilancia en la zona y a seguir trabajando para solucionar un problema que reconoció que no se está dando solución.

En el comunicado, en el que aseguran no querer señalar ni buscar culpables, los vecinos se quisieron centrar en la situación de los menores. Recordaron que en febrero recogieron firmas que le entregaron al Gobierno de Aragón junto a un escrito, pero no han recibido respuesta. Por ello, ahora se han dirigido al Ayuntamiento como “la institución más cercana”. Según estos vecinos, el edificio donde se sitúa el centro de acogida, en la calle Comadre, “no puede estar peor ubicado”, para los fines que se pretende con los menores de educar, integrar, formar, entretener y proporcionar un entorno saludable.

Apuntaron que el edificio no tiene salida de emergencia, no se ha rehabilitado íntegramente, no dispone de espacios comunes ni zonas deportivas o de ocio. Recordaron que la calle donde se ubica es estrecha y los ruidos y molestias se amplifican y pusieron en duda que el inmueble cumpla con la normativa.

Explicaron que los jóvenes están en la calle “sin ninguna vigilancia ni control”, y por su comportamiento “infunden miedo” a vecinos y turistas que pasan por la zona, pero también a los cuidadores, algunas son chicas muy jóvenes. Relataron que fuman tabaco y otras sustancias, beben alcohol, gritan, comen y orinan en la calle. Incidieron en que esta situación “genera preocupación e inseguridad real”, por lo que pidieron a los concejales que reviertan esta situación “recabando información, inspeccionando el edificio y haciendo cumplir la normativa vigente”. Por todo ello, realizaron una batería de preguntas al respecto.

La alcaldesa Emma Buj recordó que estos pisos están gestionados por una entidad que tiene un concierto con el Gobierno de Aragón, que es la administración que tiene las competencias en la atención a menores.

“Soy plenamente consciente como alcaldesa de la preocupación de los vecinos y de que se han generado conflictos. Por supuesto que no hay que estigmatizar a los colectivos, pero también es cierto que son menores que van rotando y por tanto de cada 10 o de cada 20 que pasen con que haya uno conflictivo ya genera desasosiego a los vecinos”, apuntó tras escucharlos.

Los vecinos le trasladaron además que la zona se convierte en un lugar de reunión donde acuden algunos que han pasado a ser mayores de edad. Recordó que se han visto prácticas como cortarse el pelo en la calle, cuando tuvo que actuar la policía local, por la suciedad que generaron. Hay otros problemas de convivencia y recientemente hubo una denuncia por una presunta agresión sexual a una de las cuidadoras y un apuñalamiento sin graves consecuencias.

La alcaldesa aseguró que es consciente de las dificultades por las que están atravesando los vecinos, pero reconoció que no se puede cerrar el centro “de la noche a la mañana”. Se comprometió a “seguir trabajando” y a continuar manteniendo el contacto con el Gobierno de Aragón y con la entidad que gestiona el centro. Reconoció que de momento no se está consiguiendo el objetivo de solucionar el problema. “Seguiremos vigilantes”, aseguró y se comprometió a colocar cámaras de vigilancia en este entorno aunque para ello tiene que obtener permiso de la Delegación del Gobierno. En total, con cargo al presupuesto de este año, el equipo de gobierno ha previsto instalar 30 cámaras en diferentes espacios de la ciudad.

Propuesta de Vox

Previamente, durante el pleno los diferentes grupos municipales dieron su opinión durante el debate de la propuesta presentada por la concejal de Vox, Verónica Luz, y que era la segunda que se presentaba sobre este asunto, ya que en marzo también Vox defendió una moción. Ni entonces ni ahora salió adelante.

En la de este lunes se pedía garantizar la seguridad ciudadana en el área de la plaza de la Judería manteniendo una adecuada salubridad y limpieza de la zona para devolver la tranquilidad a los vecinos. También se pedía intensificar la presencia de la policía local en la zona con la finalidad de evitar la comisión de posibles infracciones administrativas y penales y coordinar -a través de la Junta Local de Seguridad- las medidas de seguridad necesarias, así como instar al Gobierno de Aragón a que proceda de inmediato al cierre del centro de acogida y el traslado y la reubicación de los menores conflictivos. Se pedía que los menores sean devueltos cuanto antes a sus países de procedencia y a sus familias. También, instar al Gobierno de Aragón a que se oponga a las “inadmisibles y arbitrarias” medidas del reparto de migrantes ilegales y rechazar las “irresponsables políticas de entrada masiva de inmigrantes ilegales perjudiciales para los ciudadanos españoles”.

El portavoz del PSOE, Jose Guillén, reconoció la preocupación de los vecinos pero consideró que la propuesta de Vox “no busca la resolución del conflicto”. Abogó por instar al Gobierno de Aragón a solucionar el problema. Por parte de Teruel Existe, la portavoz Beatriz Redón instó a la concejal de Vox a ser “más responsable” en sus declaraciones. Acusó a esta formación política de “importarles poco” los 14 menores que viven en el Centro o las familias afectadas por la situación sino que lo que buscan es la confrontación. “Hay que buscar soluciones pero no con este tipo de propuestas”, zanjó.

La concejal de Servicios Sociales, Carmen Romero, explicó los pasos que se han dado desde el Ayuntamiento. Apuntó que se había solicitado los permisos y certificados para poder tener el centro en funcionamiento. “Disponemos de un informe en el que consta que cumple la normativa vigente”, afirmó. Agregó que el concierto con la empresa que presta los servicios de atención de menores no acompañados se produjo en 2022 y se hacen reuniones de seguimiento con ella y con respecto a la policía local aseguró que están muy implicados con este asunto e incluso se activó el servicio de mediación. Romero apuntó también que desde fiscalía de menores se hace seguimiento con dos visitas al año al centro, la última en febrero.

Otros asuntos

El pleno de este lunes aprobó por unanimidad una propuesta de Teruel Existe para adecuar unos servicios públicos en un edificio existente en la Fuente Cerrada, pero antes habrá que instalar una depuradora que está pendiente del permiso de la Confederación Hidrográfica del Júcar. No salió adelante sin embargo la iniciativa del PSOE para adecuar a la normativa Nide el campo de fútbol de los Enebros. El concejal de Deportes señaló que en cuanto se pueda abrir el pabellón de la Fuenfresca los equipos podrán utilizar sus vestuarios y duchas. La alcaldesa avanzó que cuando esté concluida la piscina climatizada se hará un nuevo Plan de Instalaciones Deportivas.

Dentro del orden del día, el pleno aprobó el Plan Económico Financiero del Ayuntamiento de Teruel, paso que hubo que dar porque en 2024 el Ayuntamiento pidió un crédito extraordinario de 1,6 millones de euros para hacer frente al gasto derivado del derrumbe en la calle San Francisco. Debido a que hubo que contraer un préstamo, los remanentes de este año no se podrán gastar en inversión.

“Cuando se derrumbó el número 21 de San Francisco, “no preguntamos de quién era la competencia, ni a quién correspondía estos gastos, sino que entendimos que teníamos que actuar rápidamente y por eso pedimos un préstamo que hoy nos obliga a aprobar un plan económico financiero”, detalló la alcaldesa en relación a este asunto.