Calanda sufre una oleada de robos de cable con un coste municipal de 120.000 euros

Calanda vive desde hace meses una sucesión de robos de cableado de cobre que está afectando a su alumbrado público, a edificios municipales y a infraestructuras privadas. El Ayuntamiento de esta localidad cifra en 120.000 euros el coste acumulado de los destrozos, una cantidad que, según sus cálculos, equivale a unos 120 euros por cada familia del municipio, actualmente. La situación ha generado cortes de luz, reparaciones de urgencia y el desvío de recursos municipales para reponer el material sustraído, mientras se mantiene la investigación de la Guardia Civil.

Actividad continuada

El alcalde, Alberto Herrero, explicó que los robos comenzaron hace tres o cuatro meses y que el presunto autor es un vecino “muy localizado” que ya fue detenido y puesto en libertad provisional. Desde entonces, sostiene, los daños han continuado, y que incluso han afectado a diferentes puntos del municipio y a empresas de telecomunicaciones y eléctricas.

Las sustracciones no siguen un patrón fijo: pueden producirse de madrugada, por la tarde o incluso a plena luz del día. Entre los últimos escenarios figuran la calle Alfonso I el Batallador y la Casa de Cultura. Según la denuncia, el sospechoso emplea herramientas como la radial para cortar el cable, que antes estiraba con su propio vehículo y ahora transporta en bicicleta.

Esto supone altos constes para el consistorio. El primer edil destacó que los 120.000 euros de coste han salido de las arcas municipales, además de las reparaciones que deben asumir compañías privadas. Para el consistorio, estos actos no solo generan un perjuicio económico, sino también cortes de servicios esenciales. “Un día una calle aparece sin luz y al siguiente hay que reponer cableado en un edificio público”, señaló Herrero, lo que obliga a movilizar recursos propios o contratar empresas externas.

Para fortalecer la causa, el Ayuntamiento ha reunido declaraciones de vecinos que han visto al presunto autor en plena acción. Algunos testigos ya han declarado esta semana y otros lo harán durante los próximos días. El objetivo es presentar ante la jueza un conjunto de denuncias que incluyan también las reclamaciones de las empresas afectadas, con la intención de que se reevalúe la situación judicial del sospechoso.

El alcalde insistió en que cualquier información debe canalizarse a través de la Guardia Civil, que mantiene la investigación abierta. Además, pide evitar enfrentamientos directos para no aumentar la tensión social en el municipio hasta que pueda solucionarse. También advirtió de que, aunque el principal señalado actúa en ocasiones con ayuda de terceros, “hay una cabeza visible” que concentra la responsabilidad de la mayoría de los robos.

Por otra parte, Herrero no ocultó su malestar con el marco legal actual, que en su opinión deja “en indefensión al ciudadano” ante casos de reincidencia.

A su juicio, esta situación, que antes parecía limitada a las grandes ciudades, “ahora la sufren también los pequeños municipios”.