

El PSOE analiza el modelo de soluciones habitacionales para personas mayores ante la falta de plazas residenciales
La agrupación de los socialistas de Alcorisa aborda la nueva Ley de Depedencia y destaca la importancia de los servicios públicosTeruel cuenta con más de 5.200 personas con prestación por dependencia
El Ayuntamiento de Alloza fija 2026 como el año de la apertura definitiva de la residencia
La agrupación local del PSOE de Alcorisa ha organizado este viernes una mesa sectorial con el título Soluciones habitacionales para personas mayores con el objetivo de conocer y debatir las opciones que existen para resolver los problemas de asistencia a la tercera edad, bien sea por no existir centros residenciales o por falta de capacidad, así como las necesidades que requieren quienes quieren seguir viviendo en su casa a edades muy avanzadas, especialmente en el medio rural. Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las personas mayores, esta semana, han reconocido la aportación de quienes pusieron los cimientos del estado de bienestar y advertido de la importancia de los servicios públicos frente a quienes los quieren recortar.
La jornada ha contado, vía telemática, con Inés Plaza, portavoz de Derechos Sociales del Grupo Socialista en el Congreso y ponente de la nueva Ley de Dependencia que se está tramitando. Además, en el Centro de Día de Alcorisa han estado Pilimar Zamora, portavoz de Bienestar Social y Familia en las Cortes de Aragón, y Rubén Esteve, arquitecto y experto en Passivhaus, ha informado el PSOE en una nota de prensa.
Como organizadores de esta mesa sectorial celebrada en el Centro de Día, el secretario general de la Agrupación del PSOE Alcorisa, Óscar Librado, ha señalado que es un “tema importante” en su municipio, donde no hay plazas libres en su residencia de ancianos. “Todo pasa por construir una nueva residencia, pero esa construcción no es inmediata. Por lo tanto tenemos que buscar soluciones para las personas que están esperando ingresar en ella, y hemos querido ahondar en ellas”, ha dicho y ha señalado que de estas soluciones habitacionales “se habla poco en el medio rural y son muy necesarias para resolver problemas presentes que no tienen respuesta en el corto plazo”.
Para Inés Plaza, en España se está viviendo "un momento histórico”, como uno de los países más longevos donde más personas necesitan apoyo “para envejecer con dignidad”. Ha relacionado el aumento de la esperanza de vida con los servicios públicos, como el sistema de salud o de pensiones, de los que ha dicho “están en peligro". "Los tenemos que poner en valor”, ha insistido.
La reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad, que ha dicho es “muy esperada” y fruto del trabajo y de diálogo con distintos colectivos, supone evolucionar “desde un modelo asistencial al de la autonomía personal”. “Un cambio que responde a una realidad, que es que las personas mayores tengan su propio proyecto de vida, que decidan cómo quieren vivir, y no estén obligados a dejar su vivienda para ingresar a una residencia como única salida”, ha apuntado la portavoz de Derechos Sociales.
Plaza ha reconocido que, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy eliminara la financiación estatal o las horas de asistencia que emanaban de la Ley de Dependencia del Gobierno de Rodríguez Zapatero, aún queda mucho trabajo por hacer. “Crecieron las listas de espera, muchas personas fallecían sin recibir la ayuda... Ahora vuelve a haber financiación estatal, pero el retraso es muy grande”, ha asegurado y ha destacado que son las comunidades autónomas las que gestionan y, “depende de cómo lo hagan”, tienen unos recursos u otros.
Ha adelantado que la nueva Ley, ahora mismo en fase de enmiendas a la totalidad, reconoce la teleasistencia como un derecho para todas las personas a las que se les reconoce la dependencia, considera distintos modelos habitacionales, refuerza la asistencia personal a domicilio o renueva los centros de día con conexión comunitaria y digital, todo tipo de actividades o adaptación domótica, con el objetivo de “fomentar una vida activa” y combatir la soledad no deseada.
“Es una declaración política del país que queremos ser”, ha afirmado Plaza, “por una mayor calidad de vida y para que envejecer no sea sinónimo de perder derechos, sino de ganarlos“. Además, ha apuntado que la nueva Ley tendrá “un impacto enorme en el medio rural, generando empleo de proximidad y reduciendo la carga en las familias, especialmente en las mujeres”.
Por su parte, la portavoz de Bienestar Social del Grupo Socialista en las Cortes de Aragón, Pilimar Zamora, ha destacado que aunque la mayoría de las personas mayores quieren ser atendidas en su domicilio, la atención residencial sigue siendo un recurso muy demandado por las familias en una comunidad autónoma envejecida.
La parlamentaria socialista ha apuntado que “miles de personas” mayores en Aragon, más de 7.000 en febrero , esperan una plaza residencial pública “mientras las prestaciones económicas para ayudar a las familias a pagar una plaza residencial privada son las mas bajas de nuestro país y la ayuda a domicilio es insuficiente, lo que condena a muchas personas a permanecer en sus hogares sin la atención que necesitan”.
Zamora ha lamentado que el Gobierno de Aragón con los presupuestos “más altos de la historia” no haya invertido “ni un solo euro” ni disponer de un programa “para construir, equipar o cooperar en la creación de nuevas infraestructuras residenciales en Aragón”. Al contrario, el plan de choque del Gobierno de España ha permitido impulsar la atención de las personas dependientes. “Aragón recibe una financiación anual de más de 110 millones de euros del Gobierno de España, tres veces más que con Mariano Rajoy y, a pesar de ello, las personas dependientes no ven mejoradas sus prestaciones porque esta no es una prioridad del presidente Azcón. Dice que tiene un presupuesto histórico, nosotros le decimos que tiene un presupuesto menos social”, ha detallado.
La diputada autonómica ha destacado que desde las Cortes de Aragón trabajarán para conseguir el apoyo del Ejecutivo autonómico en reivindicaciones como las del PSOE de Alcorisa, que reclama un nuevo centro residencial.
Soluciones habitacionales
Rubén Esteve, arquitecto técnico certificado para la ejecución de edificios Passivhaus, ha enfocado su intervención en las condiciones de salud y confort que ofrece el estándar de construcción Passivhaus, que cuenta ya con diversos ejemplos en funcionamiento, alguno de ellos en Aragón. Así, ha destacado las principales características del estándar, cuyos beneficios contrastados son su elevado ahorro energético, una alta calidad del ambiente interior, el control de consumos y la reducción de costes de mantenimiento, todo ello con una inversión inicial que es rápidamente amortizada en edificios como las residencias de mayores.
“Estos beneficios ofrecen valor añadido a un servicio para la sociedad como son las residencias de mayores, tanto a nivel de usuario como al medio ambiente”, ha dicho Esteve, también miembro de la Plataforma de Edificación Passivhaus y participante en las promociones de vivienda pública impulsadas por el Gobierno de Aragón durante la anterior legislatura que cuentan con esta certificación. “Existen en España edificios con más de 418.000 m2 certificados, lo que supone un ahorro de más de 14,6 millones de kwh/año”, ha explicado.
El secretario general del PSOE Teruel, Rafael Guía, presente también en la mesa sectorial, ha destacado la importancia de realizar este tipo de encuentros con la militancia y la sociedad para analizar “los grandes problemas de la provincia”. Ha apuntado que la atención a los mayores y, en definitiva, su bienestar es un factor fundamental para la provincia: “No solo es justicia, porque después de años de sacrificio se merecen una jubilación dorada, es también una garantía de arraigo y mantenimiento de la población". "Nos quedamos donde sabemos que vamos a estar bien cuidados”, ha argumentado el líder socialista provincial.
Guía ha lamentado que cuando más recursos económicos tiene la Comunidad Autónoma, como administración competente en la atención a los mayores, hay un Gobierno, el de Azcón, que "amenaza como nunca a los servicios públicos". "Realiza una política ineficaz con la que quieren abocarnos al sector privado”, ha concluido.
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