La Audiencia Nacional verá si la actuación previa a los crímenes de Feher fue correcta

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una demanda de responsabilidad patrimonial interpuesta por la viuda de una de las víctimas de los asesinatos cometidos por Norbert Feher, conocido con el alias de Igor el Ruso, en diciembre de 2017. El tribunal tendrá que ver si la actuación policial previa al triple crimen de Andorra fue la correcta o si hubo mala praxis por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, puesto que había una alerta policial sobre la posible presencia del delincuente en España, pero en cambio no se asoció con los hechos ocurridos días antes en Albalate del Arzobispo cuando fueron heridas dos personas y la munición encontrada era italiana.

En el proceso tendrán que declarar mandos de la Udyco, la Unidad Central de Droga y Crimen organizado de la Policía Nacional, junto a los mandos operativos y de policía judicial de la Guardia Civil, así como los agentes intervinientes en Teruel cuando ocurrieron los hechos, según explicó Jorge Piedrafita, abogado de la viuda y la hija de Víctor Romero, uno de los guardias civiles asesinados.

Se trata de un procedimiento contencioso administrativo después de que Feher fuese declarado insolvente tras la sentencia condenatoria, que además de la prisión permanente revisable le impuso el pago de elevadas indemnizaciones a favor de los familiares de las víctimas. Al no poder hacer frente a las mismas se reclamó al Estado esa indemnización y el Ministerio del Interior la desestimó el año pasado. Fue entonces cuando el abogado de la mujer de Víctor Romero acudió al recurso contencioso una vez finalizada la vía administrativa.

Es lo que ha admitido a trámite ahora la Audiencia Nacional y que se tendrá que resolver mediante un procedimiento judicial para determinar si hubo algún tipo de responsabilidad por parte del Estado. El argumento de la parte demandante es que antes de los crímenes se cometieron supuestos errores, que no hicieron relacionar la posible presencia de Feher en España que investigaba la Policía Nacional de forma conjunta con los Carabinieri italianos.

Tal como se vio en el juicio penal celebrado en la Audiencia Provincial de Teruel contra Feher, había sospechas de que Feher estaba en España, como habían advertido las autoridades italianas. Así lo recoge el informe de la operación Servika llevada a cabo por el Grupo de Localización de Fugitivos Internacionales de la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado de la Comisaría General de la Policía Nacional junto con agentes de Italia desplazados a España para indagar sobre la presencia del delincuente en Málaga tras recibir el chivatazo de un preso.

En la reclamación por responsabilidad patrimonial se solicita la indemnización al Estado, al haber sido declarado insolvente Feher, amparándose en que lo ocurrido es consecuencia de un anormal funcionamiento de los servicios públicos, en este caso de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Jorge Piedrafita explicó que en el procedimiento judicial y administrativo se han constatado “numerosos elementos de prueba objetivos” por parte del Ministerio del Interior, debido a la “falta de comunicación de la peligrosidad y búsqueda de Norbert Feher” en España por los Carabinieri, a raíz de la investigación que estaba desarrollando la Udyco de la Policía Nacional y que no se comunicó a la Guardia Civil.

En el juicio celebrado en Teruel por los asesinatos, una agente de esta unidad de la Policía Nacional dijo que esa investigación se había comunicado a la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, y que esos datos se tienen que volcar en la Secretaría de Estado de Seguridad. Este asunto no se tuvo en cuenta entonces porque lo que se juzgaba eran los crímenes, mientras que ahora se trata de determinar si la actuación policial previa fue la adecuada o no, con el fin de establecer si existe esa responsabilidad patrimonial por parte del Estado.

Indemnización

La indemnización que Feher tenía que haber pagado a la viuda y la hija del agente de la Guardia Civil Víctor Romero era de medio millón de euros, que es lo que se reclama ahora como responsabilidad patrimonial. El abogado de los familiares de la víctima aseguró que no es tanto la reclamación del dinero lo que les preocupa, sino que se sepa la verdad de lo ocurrido antes de los crímenes y si se hubiese podido evitar.

Piedrafita explicó que de haberse comunicado a la Guardia Civil de Teruel esa alerta por la operación Servika, habrían asociado la presencia de munición italiana en el suceso previo ocurrido en Albalate con la presencia de Feher en la zona de Andorra tras haber huido de Italia.

Norbert Feher asesinó primero a los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero, y a continuación al ganadero José Luis Iranzo; un suceso que según el letrado que representa a la viuda del primero, podría haberse evitado si la información de que disponían en ese momento los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se hubiese relacionado con lo acontecido en Albalate, por lo inusual de haber encontrado munición italiana.

Piedrafita destacó por su trascendencia que la Audiencia Nacional haya acordado la declaración de los manos de la Udyco, la policía judicial de la Guardia Civil y los agentes intervinientes esos días, algo que calificó de “inédito hasta la fecha, además de importante e interesante para poder esclarecer la parte de la causa del triple asesinato de Andorra” que no se vio en las actuaciones judiciales penales.

El letrado apuntó que con estas declaraciones deberá analizarse si hubo la adecuada información entre unidades y cuerpos policiales, y si tras el primer tiroteo de Albalate se aplicaron los protocolos y medios suficientes ante la gravedad de los hechos y las pistas que ya había. Insistió en que buscan “conocer la verdad” y que se apliquen las medidas de corrección oportuna para que no vuelva a pasar algo así.