Si no te han espiado, no eres nadie. Así somos. Hemos pasado de tragarnos la campaña mediática de los independentistas para denunciar que tenían los móviles infectados con Pegasus a ver cómo los que no salen en esta incompleta lista se apuntan también a ser víctimas del espionaje. No me sorprende ver cómo Yolanda Díaz o Ada Colau (esta última, cómo no) ya han salido corriendo a decir que ellas también se creen espiadas. Que temen hablar por teléfono y que alguien escuche lo que dicen. Pero no se engañen, que alguien se haya tomado la molestia de pagar dinero para interceptar sus comunicaciones móviles da caché. No lo duden.
Por eso el tema de Pegasus seguirá dando de qué hablar durante esta semana más allá de los independentistas. Porque la lista es de, al menos, 640 personas aunque sólo han trascendido 65 nombres, casualmente todos ellos relacionados con el separatismo catalán. Tengo mucha curiosidad por saber quiénes son los otros y poco me equivocaré si no están entre los espiados líderes de la oposición o incluso ministros del propio Gobierno.
Sin duda, es grave que el Estado utilice los servicios secretos para espiar a adversarios políticos. Pero ya saben que tener esta información es poder. Mucho poder. Les pongo un caso práctico que poco tiene que ver con Pegasus (o no): lo ocurrido con el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Los audios que hemos oído esta semana salen de su móvil, que según él mismo denuncia ha sido “hackeado”.
¿Han pensado en la cantidad de cosas sensibles que guardamos en nuestros historial de Whatsapp? Rubiales ha quedado tocado y todavía no le han hundido. Pero es sabedor de que si alguien ha comerciado con sus audios con Gerard Piqué también habrá tenido acceso a otras muchas cosas de ámbito personal que podrían ponerle en una situación comprometida en otras esferas.
Es lo que hacía el rey de las cloacas, el excomisario José Manuel Villarejo, que aún desde prisión sigue jugando a chantajear a unos y a otros gracias a la información que guarda de muchos pesos pesados de nuestro país. Así que el peligro no es el espionaje en sí sino el uso que se le da posteriormente a la información obtenida. Porque más allá de las consecuencias legales, estos datos robados bien por Pegasus o bien por otro sistema, pueden dinamitar la vida personal de alguien.
El Estado tiene la obligación de obtener el máximo de información posible de todo aquel que represente una amenaza para el país. Pero debe de establecer mecanismos de control, mediante el acceso de todos los grupos parlamentarios, a estas vigilancias, para garantizar la motivación real de estas escuchas. No es lícito espiar a todo el mundo y es muy delicado acotar hasta dónde se puede espiar. Qué es lo que se considera información útil para prever una situación de riesgo y qué se considera información privada que sólo persigue el chantaje o destrucción personal del espiado.
El Congreso ha recomendado a todos los diputados que lleven sus teléfonos móviles a los servicios técnicos habilitados en el hemiciclo para cerciorarse de que no están infectados con Pegasus. Y veremos hasta dónde llega la red de espionaje tejida durante el Gobierno de Pedro Sánchez. El PP prefiere no agitar el avispero sabedor de que pueden salir aguijoneados de cuando ellos gobernaban, mientras que el resto de formaciones intentarán demostrar que también fueron espiados para poder victimizarse y tratar de sacar rédito político del asunto.
No duden que muchos están buscando en sus teléfonos móviles en este momento si están infectados con Pegasus para poder clamar a los cuatro vientos aquello de “yo también he sido espiado”.
Ya verán cómo, durante esta semana, vemos a más de uno, móvil en mano rasgándose las vestiduras y apelando a la Democracia y al Estado de Derecho. Mientras otros, atónitos y desmoralizados, se darán cuenta de lo poco importantes que son ya porque nadie les ha infectado el teléfono y, en el fondo, estaban deseando ser espiados.
