Las Cortes acuerdan que haya colaboración para reparar carreteras que daña la minería

La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón aprobó este lunes una Proposición no de Ley presentada por el grupo parlamentario Aragón Teruel Existe para que las empresas que transportan arcillas compensen los desperfectos que provocan en las carreteras, en colaboración con las administraciones públicas. La iniciativa salió adelante por unanimidad después de que el grupo proponente retirase el segundo punto y de que se acordara un texto consensuado entre todos.

El acuerdo pretende contribuir a subsanar los problemas que desde hace tiempo se están produciendo en las carreteras A-225 y A-226 en municipios del Bajo Aragón y Maestrazgo por el tránsito de camiones cargados de arcillas de las explotaciones mineras. Es una cuestión que Teruel Existe ha llevado en varias ocasiones a las Cortes de Aragón y sobre la que ha denunciado que en localidades como Aguaviva se llegan a superar los 400 camiones diarios.

El acuerdo finalmente alcanzado entre todos los grupos, tal como leyó el diputado de Teruel Existe, Joaquín Moreno, que defendió la propuesta, insta “a los concesionarios de las explotaciones mineras de arcillas a compensar o reparar, con recursos propios y en colaboración con las diferentes administraciones, los desperfectos que genera el tráfico de camiones pesados en las carreteras autonómicas y locales”.

Moreno aceptó retirar el segundo punto, en el que se pedía controlar la tara máxima de carga por vehículo y la velocidad de tránsito, ya que no son competencias de la comunidad autónoma.

“Debemos exigir una responsabilidad para con el territorio a las empresas mineras que vienen a extraer nuestros recursos y lucrarse con ellos”, dijo Moreno, que pidió a la Dirección General de Minas que convoque una reunión con empresas, ayuntamientos y afectados, para poner en marcha medidas que den respuesta a este problema.

Ana Marín (PP) consideró que deben respetarse las competencias de cada cual, mientras que la diputada socialista Alba Sánchez recordó que ante esta situación fueron los alcaldes quienes promovieron una convocatoria para reunirse con las empresas y la administración sin necesidad de que “nadie hable en su nombre”. Juan Vidal (Vox) planteó la búsqueda de consensos para solucionarlo, José Luis Soro (CHA) señaló que el problema “es más amplio”, y Álvaro Sanz (IU) constató el impacto de estas empresas.