Caja Rural de Teruel facilita soluciones tecnológicas para implantar Verifactu

Caja Rural de Teruel, a través de Banco Cooperativo Español, ha firmado un acuerdo estratégico con la empresa Ukabi y su socia tecnológica Wolters Kluwer, especializadas en el desarrollo de programas de gestión, para acompañar a empresas y autónomos en la adaptación de sus sistemas informáticos de facturación a la nueva normativa de lucha contra el fraude fiscal que exigirá la Agencia Tributaria a partir de 2026.

La ley establece un refuerzo de la seguridad de dichos sistemas con el objetivo de que, una vez emitida una factura, no sea posible borrarla ni cambiar su contenido. “La entrada en vigor de la Ley antifraude obliga a pymes y autónomos a adaptar y renovar sus programas de facturación para cumplir en 2026 con las nuevas reglas marcadas por la Agencia Tributaria, garantizando la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros”, explicó Caja Rural de Teruel en una nota de prensa.

La Agencia Tributaria presentó recientemente Verifactu, el nuevo sistema en el que los programas de facturación electrónica deberán registrar y enviar la información de las facturas en tiempo real. “Se trata de un proceso muy similar al que está implementado en el País Vasco desde 2022 con TicketBAI y Batuz”, recordó la entidad.

En este contexto, la empresa Ukabi y su socio tecnológico Wolters Kluwer, especializados en el desarrollo de programas de gestión como softwares de facturación electrónica, han firmado un acuerdo estratégico con Caja Rural de Teruel a través de Banco Cooperativo Español para ir de la mano en la implantación de la nueva legislación entre sus clientes. De esta forma, las pymes y autónomos de clientes de Caja Rural de Teruel podrán contar con un programa de acompañamiento, formación y asesoramiento sobre la normativa y la tecnología de facturación que necesitan para cumplir con la normativa.

Desde Caja Rural de Teruel, Carlos García explicó que, por sus conversaciones diarias y cercanía con el tejido empresarial, son conscientes de que “existe mucho desconocimiento sobre la nueva normativa de Ley Antifraude, que implica lo que se ha denominado Verifactu y que será obligatoria a inicios de 2026”. “Especialmente las pequeñas empresas, comercios y autónomos corren el riesgo de llegar desprevenidos a esta fecha, lo que podría afectar a su actividad”, añadió. Por este motivo, “hemos firmado el acuerdo con dos referentes tecnológicos para ofrecer a la clientela soluciones informáticas, formación y un acompañamiento cercano, que les ayude a adaptarse con tiempo y sin complicaciones”. “Nuestro objetivo es que ningún negocio turolense se quede atrás y que todos puedan cumplir con la Ley Antifraude de manera sencilla y segura, reforzando así nuestro compromiso con el tejido empresarial y económico de la provincia”, concluyó García.