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CHA plantea 40 enmiendas a los PGE de Teruel por valor de 110 millones de euros CHA plantea 40 enmiendas a los PGE de Teruel por valor de 110 millones de euros
De izquierda a derecha, José Manuel Salvador y Javier Carbó en la sede de Chunta Aragonesista

CHA plantea 40 enmiendas a los PGE de Teruel por valor de 110 millones de euros

Algunas de las propuestas se están tramitando ahora en el Congreso y se ampliarán cuando lleguen al Senado
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Chunta Aragonesista ha planteado 40 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 para Teruel por valor de 110 millones de euros a través de Compromís. Algunas de las iniciativas se están tramitando ya en el Congreso, mientras que cuando lleguen al Senado se propondrán el resto. El secretario territorial de CHA en Teruel, José Manuel Salvador, y el vicesecretario, Javier Carbó, presentaron este viernes las iniciativas, que ponen énfasis en reforzar las inversiones históricas en infraestructuras de carreteras y ferrocarril ante la ralentización de las mismas.

El paquete de enmiendas suma 110 millones para la provincia, aunque se incrementan en otros 12 más si se computan también las relativas a los tramos del ferrocarril y de la A-68 que continúan en la provincia de Zaragoza. Además de la treintena de enmiendas de ámbito económico, han formulado otra decena al articulado relativas a renovables, medidas para favorecer los territorios con una densidad inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, o la puesta en marcha de un nuevo Plan de Actuación Específico para la provincia.

José Manuel Salvador explicó que siete de las económicas y otras siete relativas al articulado se han llevado ya al Congreso a través de Compromís, y que en función del resultado volverán a presentarse en el Senado con más propuestas hasta sumar las cuarenta.

El dirigente de CHA indicó que las iniciativas se han formulado desde el “convencimiento” de que los PGE vuelven a ser “insuficientes” para la provincia, cuando se está ya al final de la legislatura y lo que se pretende es dinamizar la ejecución de las infraestructuras que llevan décadas comprometidas en las cuentas del Estado pero en las que apenas hay avances.

Salvador recalcó que el tratamiento que dan los PGE a la provincia de Teruel es “pírrico” e “injusto”, máxime cuando las partidas que aparecen año tras año llevan décadas “durmiendo”.

Dentro de las enmiendas al articulado, que no incluyen partidas específicas, CHA propone un convenio de transición justa para las comarcas mineras, más allá de lo que se anuncie la próxima semana, así como la aprobación en el plazo de tiempo más breve de un nuevo Plan Específico de Actuación para Teruel 2024-2030 y el desarrollo de medidas para favorecer los territorios con una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y conseguir la “máxima aplicación posible” en las comarcas turolenses.

Financiación y renovables


Otras propuestas apuestan por mejorar la financiación autonómica y el régimen de financiación local, pedir un plan de apoyo al transporte interurbano por autobús de Aragón o una mejor gestión del ingreso mínimo vital. Se pide igualmente una atención “más adecuada” a las cuestiones relacionadas con la Ley de Dependencia y en materia medioambiental una “mayor sensibilidad al Estado” respecto a la instalación de macrocentrales renovables “que están generando un impacto y una preocupación muy evidente en el territorio”. A este respecto incidió en remarcar el acuerdo de las Cortes de Aragón que solicitó la no implantación de los mismos con instalaciones fotovoltaicas en los embalses, además de reclamar una “moratoria” para las líneas de muy alta tensión hasta que no exista una planificación adecuada a nivel estatal y autonómico.

Respecto a las enmiendas económicas, Salvador destacó las enfocadas a desarrollar las infraestructuras clave para la provincia de Teruel, como el Corredor Cantábrico-Mediterráneo o la autovía A-68 en el Bajo Aragón. Javier Carbó indicó en este sentido que había “grandes esperanzas” con estas dos infraestructuras en esta legislatura de que pudiesen salir adelante, y las enmiendas están enfocadas a pedir que “se desatasquen”.

Para estos dos proyectos de inversión se han presentado más de 30 millones de euros, incluidas las de Zaragoza. Otra cuestión recogida en las enmiendas es la mejora de material rodante nuevo para el ferrocarril con una partida de 5 millones de euros, además de otros 3 millones para la mejora de las estaciones.

Sobre carreteras, Salvador apuntó que la red estatal “necesita mejoras” y una de esas claves es impulsar la A-68, cuando en los PGE de 2023 aparece una “ralentización” de la misma respecto a la previsión de inversión al comienzo de la legislatura. La apuesta de los aragonesistas es incluir 3 millones de euros más para cada tramo.

Por otra parte, plantean 5 millones más para la duplicación de la N-211 entre Alcolea del Pinar y Monreal del Campo, mejoras en las carreteras entre Teruel y Cuenca (5 y 2 millones), vías rápidas entre Teruel, Alcañiz y Fraga (5 millones), estudios de la prolongación de la A-40 hasta Alcañiz y Reus (1 millón), y las variantes de Utrillas, Montalbán y Calanda.

Otras partidas recogidas son 2 millones para la futura Vía Verde de Teruel a Alcañiz y otros 2 para el tramo de Utrillas a Zaragoza, así como inversiones en recuperación del patrimonio con 20 millones de euros, 5 millones para infraestructuras de regadío, 2,5 para restaurar la acequia del Diablo en la presa de Los Toranes, entre otras. Igualmente, incidió en reeditar la única enmienda que consiguieron sacar el año pasado para la protección y difusión de las lenguas minoritarias en Aragón, en este caso sumando otros 2 millones de euros.

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