El Ayuntamiento de Teruel paraliza el expediente de San Francisco porque está judicializado

El Ayuntamiento de Teruel solo dispone del informe técnico de su seguro sobre las causas que originaron el colapso de un edificio en la calle San Francisco el pasado 13 de junio de 2023 y todavía faltarían el del consorcio de Aguas de Valencia -la empresa concesionaria del servicio en la ciudad- y del consorcio de compensación de seguros. Aunque había como fecha límite el viernes para entregar estos informes al expediente, el primer teniente de alcalde, Juan Carlos Cruzado, explicó este lunes que ahora son los juzgados los que “marcan los ritmos”, al estar judicializado el expediente de responsabilidad patrimonial por lo que el expediente está paralizado. Los afectados por su parte tildan de “irregularidad” paralizar la tramitación del expediente de responsabilidad patrimonial iniciado por los vecinos y de incumplir la obligación de trasladar la copia de los informes periciales de otros interesados aportados en la fase de prueba del procedimiento administrativo.

Preguntado por los medios de comunicación, tras la junta de gobierno, Cruzado se refirió al informe emitido por la compañía Mapfre basado en las pruebas periciales practicadas para determinar las causas del derrumbe del edificio del número 21 de la calle de San Francisco. El primer teniente de alcalde reiteró que el informe concluye que la principal causa del siniestro se debió a las precipitaciones registradas durante el mes de mayo y junio de 2023 y, como causa coadyuvante, la baja resistencia del hormigón de la estructura del edificio. “En estos momentos el expediente se encuentra en el juzgado que será quien determine los pasos a seguir a partir de ahora”, destacó.

“El caso está judicializado, la propiedad llevó el asunto al juzgado y por lo tanto el expediente municipal; a raíz de ahí se para y nosotros ahora lo que tenemos que hacer es lo que nos piden desde el juzgado”, apuntó el concejal.

Los vecinos denunciaron este viernes la falta de acceso al informe técnico y exigieron al municipio que lo incorpore al expediente administrativo y lo facilite a las partes interesadas. Sobre este asunto el concejal insistió en que es el juzgado el que marco los ritmos. “El juzgado siempre tiene que decir qué hay que hacer con toda la documentación: si se la tenemos que mandar al juzgado, si la tenemos que guardar o si se va a tener que aportar después, cuando la investigación avance. En su día, cuando el expediente administrativo municipal era el que funcionaba tenían acceso a las partes, pero cuando la propiedad no lleva el expediente al juzgado es el juzgado el que dice lo que hay que hacer”, aseveró.

La Plataforma de Afectados por el Derrumbe del edificio número 21 de la calle San Francisco salió al paso de estas declaraciones y en una nota de prensa recordaron que el municipio debe tramitar el expediente hasta que dicte una resolución expresa de la alcaldesa.

Apuntan también que la “paralización” es una ilegalidad porque priva el derecho al procedimiento a los ciudadanos interesados. También recuerdan que el derecho fundamental de defensa exige que se facilite copia de los informes incorporados al expediente a todos los interesados.

El abogado de la plataforma ha solicitado al Juzgado que requiera al Ayuntamiento que complete el expediente administrativo, al que apunta el abogado que le faltan 401 documentos. También ha solicitado al Juzgado que requiera al Ayuntamiento una copia del informe pericial de Mapfre y del de esta compañía, con otros peritos, para Aguas de Valencia, así como el de Intemac que interviene para el consorcio de seguros, que tuvieron cuatro meses para practicar las pruebas frente a los 30 día más la prórrogas de los vecinos.

El portavoz de la plataforma de afectados, Javier Carbó, trasladó la preocupación de los vecinos de la calle San Francisco y aseguró que coinciden en que la ciudadanía no se merece la gestión del concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado.

El concejal por la mañana ofreció algún detalle más sobre el informe pericial de Mapfre, y señaló que la conclusión es que el periodo de lluvias, en 60 días comprendidos entre los meses de mayo y junio de 2023, fue extraordinario, “algo que no es una apreciación, sino que está fundamentado por estudios técnicos, a lo que hay que sumar deficiencias en la estructura del edificio que provocaron el colapso del mismo”.

Cruzado apuntó que según el informe de Mapfre las lluvias extraordinarias producidas durante los meses de mayo y junio fue el mayor episodio de lluvia en un periodo de retorno de 500 años, “lo que conllevó es un incremento importante del nivel freático” descartando así que las filtraciones de agua en el garaje llegaran por el mal estado de la redes públicas de agua.

Ese incremento de agua en el subsuelo unido a la baja calidad del hormigón de las cimentaciones pudieron ser las causas del hundimiento del edificio, según este informe.

“Lo que el redactor del informe dice es que la resistencia del hormigón -según los testigos en los pilares- da un valor de resistencia muy inferior a lo que debería haber cuando se construyó y cuando se derrumbó”, apuntó Cruzado.