El Gobierno de España aprueba su parte del Fite de 2025 por 36,5 millones de euros

El Gobierno de España dio este martes luz verde al real decreto que autoriza la aportación de 36,5 millones de euros al Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), correspondiente a la contribución de la Administración General del Estado para 2025.

Esta cuantía permitirá financiar proyectos destinados a impulsar directa o indirectamente la actividad económica en la provincia, señaló el Ministerio de Política Territorial en una nota de prensa.

El objetivo de la subvención es reforzar el principio de solidaridad interterritorial ante las desigualdades detectadas en Aragón como consecuencia de las particularidades estructurales de Teruel, y favorecer la creación de actividad económica y la mejora del bienestar social de su población.

La Comunidad Autónoma de Aragón aportará la misma cantidad que el Estado, de modo que el Fite alcanzará este año los 73 millones de euros.

En una visita la pasada semana a Teruel, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, explicó que esta financiación garantizará la estabilidad de los proyectos en la provincia y el aumento de 26 millones de euros del Fite en los próximos dos años.

España apuntó entonces que esta inversión se enmarca en un modelo de colaboración entre administraciones públicas y con el sector privado. El secretario de Estado subrayó en la visita al aeropuerto de Teruel que la aprobación del Fite refleja que, cuando se trabaja conjuntamente, se logran avances tangibles en el desarrollo económico y social de los territorios, lo que ha consolidado, entre otros proyectos, la instalación aeroportuaria como un ejemplo de inversión pública bien canalizada.

La Constitución Española reconoce en su artículo 158 el principio de solidaridad como un instrumento para atenuar las desigualdades territoriales y procurar la cohesión interna como un objetivo de la política económica y social. Este principio constitucional se materializa mediante el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), del cual, por su nivel de renta, no es beneficiaria la Comunidad de Aragón.

No obstante, existen desigualdades estructurales internas en la Comunidad Autónoma de Aragón que afectan a la provincia de Teruel, sobre las que la política regional no puede actuar eficazmente con los mecanismos generales disponibles.

La provincia de Teruel requiere, por tanto, de una acción pública específica para promover medidas tendentes a corregir los desequilibrios en la provincia y la generación de actividad económica y de empleo.

Para ello, la Administración General del Estado y el Gobierno de Aragón colaboran desde el año 1992, a través de la suscripción de diferentes instrumentos, para la financiación de inversiones que favorezcan el desarrollo económico de la provincia de Teruel.

En ese sentido, el Fite está destinado a la financiación de proyectos de inversión que promuevan la creación de un espacio de competitividad necesario para superar las peculiaridades socioeconómicas de la provincia de Teruel y favorecer la generación de actividad económica. La Ley 38/2003, General de Subvenciones y su Reglamento, establecen que podrán concederse de forma directa “aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública”.

Dado que existen razones de interés público, social y económico para atender la situación de la provincia de Teruel, derivada de sus características estructurales, demográficas y económicas, se justifica la concesión directa de esta subvención, recogida en el Plan estratégico de subvenciones del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, 2025-2027.

El Gobierno de Aragón podrá ejecutar directamente los diferentes proyectos o hacerlo en régimen de cooperación con otras administraciones de la comunidad autónoma, en especial con las entidades locales.

Hasta diciembre de 2028

La concesión de la subvención, 36.500.000 de euros, se materializará con la firma de un convenio entre el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Serán financiables las actuaciones previstas en el Real Decreto que hayan sido desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

La elección y aprobación de los proyectos de inversión financiados corresponderá al Gobierno de Aragón, que comunicará los proyectos aprobados y los cambios acordados al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, según indicó el propio ministerio este martes en una nota de prensa.