El personal de los centros de menores retoma la huelga para presionar

Los trabajadores de los centros de protección y reforma de menores acudieron este jueves a la huelga, aunque los servicios mínimos también fueron del cien por cien debido a la escasez de personal. Se hicieron oír en Teruel con una nueva concentración y pitada frente a las puertas del IASS para reivindicar el desbloqueo de la negociación del convenio autonómico de reforma juvenil y protección de menores. El portavoz del colectivo, Jesús Esteban, anunció que la previsión es seguir movilizándose, a la espera de convocar una asamblea para acordarlo entre todos los trabajadores.

Estas concentraciones frente al IASS, que vienen produciéndose desde hace tiempo, están convocadas por la plataforma por el convenio autonómico, ante el bloqueo de su negación. Forman parte de la misma los sindicados CCOO, CGT y UGT.

Esteban, delegado de CCOO, explicó que la huelga, inicialmente anunciada para el 23 de octubre y que se suspendió a la espera de que pudiera haber una negociación, se retomó tras el fracaso de la reunión del Sama el pasado lunes, ya que no hubo acuerdos con los sindicatos al acudir solo la patronal OEIS.

Señaló que al retomar las movilizaciones, insisten en que haya “cambios sustanciales” en los pliegos y las licitaciones que la administración autonómica ofrece a las entidades para gestionar estos servicios y que “puedan asumir los costes que se reflejarían en un convenio autonómico”.

Esteban recordó, como vienen reivindicando desde hace tiempo, la importancia de asumir un convenio colectivo en Aragón para poder mejorar los salarios, el descenso de horas y que sean contemplados los riesgos psicosociales como el estrés y la ansiedad, para que todo eso lo trasladen a las patronales del sector porque están cansados de la eterna contestación de que la administración no responde cuando tiene “su responsabilidad” al ser la responsable de los menores tutelados.

Es uno de los servicios sociales que presta la Comunidad Autónoma aunque lo hace de forma externalizada licitando los contratos con empresas. La administración autonómica se desentiende, denuncia la plataforma, y deja en manos de las empresas y los trabajadores una solución a estas cuestiones, con el argumento de no querer inmiscuirse, según explicó Esteban.

En el conjunto de Aragón el número de estos trabajadores ronda los 600, mientras que en la provincia de Teruel son unos 30, que atienden los servicios de protección y emancipación, 17+, y el de menores no acompañados.

En la concentración de Teruel reclamaron a las puertas de las oficinas del IASS en la avenida Sanz Gadea que la consejera Carmen Susín se reúna con la plataforma para abordar esta problemática dentro de un colectivo tan sensible como es este, porque se atiende a menores, que es la parte más vulnerable de la sociedad.

Esteban se refirió a los riesgos psicosociales a los que se enfrentan estos profesionales y pidió cubrir en su totalidad las bajas producidas por ansiedad y estrés. Indicó que en el caso del centro cerrado de Juslibol en Zaragoza el porcentaje de bajas es del 29%, uno de cada tres trabajadores.

Eso está llevando a una “huida” de trabajadores hacia otras comunidades donde sí tienen convenios autonómicos y las condiciones son mejores, o hacia otros sectores de actividad. Lamentó que esta profesión no se valore lo suficiente por parte de la administración pese a que atienden a un colectivo muy vulnerable.

“Debería primar un servicio de calidad, con plantillas dotadas con todos los medios suficientes y evitar que se trabaje en turnos de noche con solo un educador”, indicó Esteban, que recordó la reivindicación de la ratio de un trabajador por cada cuatro menores, algo contemplado en el real decreto estatal que se está tramitando y que aunque se recoja en los pliegos se incumple. Indicó que se dan situaciones de un trabajador por cada ocho menores e incluso doce. En el caso del servicio de protección en Teruel manifestó que la ratio es de uno por cada ocho menores.

Durante la concentración se leyó un manifiesto en el que denunciaron que se han “traspasado todos los límites de la vergüenza patronal”, y que junto con la Consejería de Bienestar Social y Familia solo se prioriza el “ahorro económico frente a una atención de calidad”. Eso supone “precarizar cada vez más la atención a los menores y las condiciones laborales”.

Condenaron que se quiera contar con profesionales de la educación social pero con salarios precarios, con una atención de calidad aunque sin derecho a días libres, y que todos los días del año estén pendientes de cualquier urgencia pero con el mínimo personal.

Esclavos y esclavas

“Quieren esclavos y esclavas, pero lo peor es que no quieren a los menores”, aseguraron en el comunicado de la plataforma que integran CCOO, CGT y UGT.

Explicaron que la huelga de este jueves la convocaron tras el fracaso de las negociaciones “ante la actitud de patronales, empresas y entidades del sector que ejercen un bloqueo patronal en la negociación del convenio autonómico”, puesto que están “priorizando el beneficio empresarial” a costa de la “dignidad laboral” de los trabajadores.

Advirtieron que la movilización es un “grito de urgencia” ante un sistema que aseguraron está al “borde del colapso”, y donde la “precariedad laboral” y la insuficiente financiación pública “comprometen no solo nuestros derechos, sino el interés superior de los niños, niñas y adolescentes a nuestro cargo”.

Pidieron justicia social y exigieron que empresas, entidades y patronales “se sienten a negociar de verdad un convenio autonómico” que contemple un incremento salarial, la reducción de las horas de trabajo y se reconozcan las agresiones como accidentes de trabajo, entre otras demandas.