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El Rambo de Requena se enfrenta a peticiones de penas de entre 29 y 61 años de prisión El Rambo de Requena se enfrenta a peticiones de penas de entre 29 y 61 años de prisión
Momento de la detención del Rambo de Requena en el monte de Andorra

El Rambo de Requena se enfrenta a peticiones de penas de entre 29 y 61 años de prisión

Este martes comienza la vista oral en la Audiencia Provincial de Teruel y se prolongará hasta el miércoles
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La Audiencia Provincial de Teruel juzga a partir de este martes a Pedro Lozano Giménez, conocido por su apodo el Rambo de Requena, después de que en junio de 2020 protagonizara una huida desde la localidad turolense de El Castellar hasta la de Andorra, donde fue detenido por un amplio despliegue policial después de que en Muniesa hiriese gravemente a un agente de la Guardia Civil. El delincuente se enfrenta a penas de entre 29 y 61 años de cárcel por hasta nueve delitos que se le imputan, los más graves por asesinato en grado de tentativa y tentativa de homicidio.

La vista oral comenzará este martes y está previsto que se prolongue hasta el miércoles con la participación de una treintena de testigos y peritos propuestos por las partes. La Fiscalía y dos de las acusaciones particulares, la AUGC y la aseguradora RGA, piden penas que suman 29 años de prisión, la más elevada por dos delitos de tentativa de homicidio contra los agentes a los que disparó; mientras que la tercera acusación particular, en representación de los guardias civiles que resultaron víctimas, pide hasta 61 años de cárcel al haber calificado los delitos más graves como asesinatos en grado de tentativa.

En total, el Rambo de Requena será juzgado por hasta nueve delitos diferentes. Además de las tentativas de homicidio o de asesinato en grado de tentativa, el delincuente tendrá que responder por otros siete tipos delictivos más que le imputan las distintas acusaciones particulares: lesiones graves, atentado a agentes de la autoridad, tenencia ilícita de armas, robo en casa habitada, hurto de uso de vehículo continuado, conducción temeraria  y coacciones.

Los hechos

Los hechos ocurrieron el 8 de junio de 2020 cuando fue descubierta una persona en El Castellar ocupando una vivienda que estaba vacía en ese momento y se dio a la fuga con un vehículo robado hasta Muniesa, donde dos agentes de la Guardia Civil le interceptaron para identificarle. El acusado les emboscó y disparó contra ellos, causando heridas de gravedad a uno de ellos.

El delincuente robó otro vehículo y huyó hasta Andorra, donde tras un gran operativo de la Guardia Civil pudo ser detenido en el monte y fue entonces cuando se le identificó y se supo que era Pedro Lozano Giménez, al que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado buscaban desde hacía tiempo por otros delitos cometidos fuera de la provincia.

La clave del juicio será determinar si incurrió en un delito de homicidio en grado de tentativa cuando abrió fuego contra los dos guardias civiles en Muniesa, hiriendo a uno de ellos, o si por el contrario estos hechos deben ser considerados como constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa, como argumenta el abogado de los agentes y así lo ha plasmado en sus calificaciones provisionales. Según el letrado que representa a estos agentes, Jorge Piedrafita, el delincuente los emboscó para intentar asegurarse del resultado de su muerte, de ahí que haya calificado los hechos de tentativa de asesinato.

Lesiones graves

Esta acusación pide veinte años por cada delito de asesinato en grado de tentativa contra los dos agentes, en total 40 años de prisión. La Fiscalía y las otras acusaciones piden en cambio por cada uno de los dos delitos contra los agentes, que tipifican de tentativa de homicidio, 11 años de prisión, en total 22 años por los dos delitos.

Además, el abogado que representa a los guardias civiles solicita 3 años por un delito de lesiones graves al agente que resultó herido, 6 años en total por dos delitos de atentado contra agentes de la autoridad, 2 años por tenencia ilícita de armas, 5 años por un delito de robo en casa habitada, 2 años de prisión y seis años de privación del permiso de conducción por un delito de conducción temeraria, 3 años de prisión por un delito de coacciones y una multa por hurto, además de indemnizar al agente herido con 602.156,96 euros.

En el caso de la Fiscalía pide 9 meses por tenencia ilícita de armas, 4 años y medio por robo con fuerza, 1 año por conducción temeraria y 9 meses por coacciones, además de una multa por hurto e indemnizar al herido con 152.156,96 euros.

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