Incógnitas abiertas sobre la desconcentración estatal ante la igualdad de posibilidades de albergar sedes

El Gobierno central acaba de dar el pistoletazo de salida al proceso de desconcentración de los nuevos organismos estatales que se creen a partir de ahora, que se ubicarán fuera de Madrid con la intención de contribuir a la cohesión territorial dentro de las políticas del reto demográfico. La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo para llevar a cabo esta descentralización, si bien la letra pequeña no se conocerá hasta que se haga el real decreto que regule cómo hacerlo. La provincia de Teruel aspira a beneficiarse de ello y poder atraer la Agencia Espacial Española y una Oficina del Reto Demográfico y Transición Ecológica, además de otros organismos vinculados con el tratamiento de datos o el sector agroalimentario. Será un proceso de concurrencia competitiva, y la incógnita está en saber si los municipios más pequeños, con menos infraestructuras y recursos, podrán competir con los medianos e incluso con los grandes.

Hasta que no se apruebe el real decreto que regulará el proceso, y que salgan las bases específicas para cada organismo de nueva creación, no es posible conocer las posibilidades que puede haber para optar a ellos. La incógnita es saber si habrá igualdad de posibilidades para competir por una sede, si se parte de la base de que un municipio pequeño no tiene los mismos recursos ni infraestructuras que uno grande.

El acuerdo del Consejo de Ministros no entra en detalles, y lo único que deja relativamente claro, aparte de que la designación será por concurrencia competitiva, es que todo dependerá de las características específicas de cada organismo y lo que requiera a nivel de infraestructuras.

Alarma

Avanza, eso sí, algunas cuestiones que han despertado las alarmas sobre si el proceso podrá ser verdaderamente equitativo  por más que el trámite se haga  por concurrencia competitiva, a la hora de dar respuesta a los territorios despoblados, puesto que por su baja densidad son los que mayores problemas tienen en cuanto a infraestructuras y accesibilidad, además de tener menos recursos económicos.

Y es que, según lo poco que ha trascendido del acuerdo del Consejo de Ministros, se valorarán factores como el nivel de desempleo, el mercado de la vivienda, o que las instituciones locales y autonómicas puedan ceder bienes inmuebles para albergar las dependencias e incluso asumir parcial o totalmente el coste financiero.

No es la primera vez que Teruel aspira a albergar la sede de algún organismo estatal. De hecho, es una demanda que planteó durante las elecciones autonómicas de 2019 el presidente aragonés Javier Lambán a Pedro Sánchez, y que después pasó a figurar en el acuerdo de investidura suscrito en enero de 2020 en el Congreso entre el PSOE y Teruel Existe. El Plan de Recuperación con las 130 Medidas frente al reto demográfico, aprobado en marzo del año pasado, habla también de descentralización, aunque no concreta nada.

Ya con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero se quisieron dar pasos en esa misma línea con políticas que impulsasen la desconcentración estatal hacia territorios del interior. Fue lo que permitió la construcción de las nuevas instalaciones del centro penitenciario de Teruel, dentro del recinto ya existente, actuación que evitó su desaparición en un momento en que peligraba su continuidad por el estado obsoleto de las dependencias y la política penitenciaria de concentrar a los reos en macrocárceles.

Intentos anteriores

También se pretendió otra descentralización con la creación del Museo Nacional de Etnografía en Teruel, pero llegó la crisis económica y al final no cuajó, si bien ahora se están dando pasos para retomar esa posibilidad. En este sentido, Teruel Existe sacó adelante una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado de 2022.

Ha sido el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) uno de los que ha respondido hasta la fecha con más agilidad a ese proceso de desconcentración, del que se vio beneficiado Teruel a mediados del año pasado con la instalación en la capital turolense del Centro de Competencias Digitales de Renfe, que arrancó su actividad con veinte trabajadores y cuyo objetivo es que pueda llegar a tener entre 50 y 60 cuando esté a pleno rendimiento. También se han dado pasos con la Uned en Alcañiz.

Lo que no prosperó fue la candidatura de Cella a principios del año pasado para albergar la base logística del Ejército de Tierra, que se adjudicó a Córdoba dentro de un proceso que no se basó en la concurrencia competitiva, algo que se quiere subsanar ahora con el real decreto que aprobará el Gobierno para regular de forma transparente la selección de las sedes de los organismos y entidades de nueva creación.

Agencia Espacial

Teruel aspira desde la primavera del año pasado a albergar la nueva Agencia Espacial Española. La DGA, a través del Departamento de Ciencia, a cuyo frente está Maru Díaz, se ha dirigido en varias ocasiones al ministerio para pedir que se instale en la capital turolense. La candidatura se apoya en infraestructuras que ya existen, como el aeropuerto o el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca), responsable del Obsevatorio Astrofísico de Javalambre. Tanto el Ayuntamiento de Teruel como la Diputación de Teruel son partidarios también de esta candidatura.

Además, el Ayuntamiento de Andorra pidió el año pasado que este municipio albergue otro organismo de nueva creación, que no está previsto en la planificación gubernamental, pero que el alcalde de esta localidad, Antonio Amador, cree necesario: una Oficina del Reto Demográfico y Transición Ecológica. La misma serviría para gestionar los proyectos que surjan en este ámbito con la llegada de fondos, a modo de oficina única y que permitiese agilizar los trámites administrativos ante la lentitud que suele imprimir la burocracia.
 

Aparte, otras instituciones y las organizaciones empresariales son partidarias de que la provincia aspire a atraer organismos y dependencias estatales vinculadas con el sector agroalimentario, o centros de tecnología y tratamiento de datos que puedan dar salida a los estudiantes de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, como ya ha ocurrido con el Centro de Competencias Digitales de Renfe.

Tras el acuerdo del Consejo de Ministros, el presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, aseguró que la provincia tiene “muchas posibilidades” de albergar dependencias estatales descentralizadas, y que a la espera de conocer cuáles serán los criterios que establezca el real decreto que regule la desconcentración, hay que trabajar junto con las administraciones locales en las potencialidades que existen para participar en el proceso y optar a que puedan ubicarse estos organismos de la Administración central en municipios turolenses.

El Consejo de Ministros acordó que el proceso será por concurrencia competitiva tal como establecen el artículo 103 de la Constitución y el artículo 3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Para ello se creará una Comisión consultiva, que tendrá carácter interministerial y que presidirá la titular del Ministerio de Política Territorial.

Órgano colegiado

Esta comisión será el órgano colegiado por la Administración General del Estado que asistirá al Consejo de Ministros en los procesos de elección de las sedes de nueva creación de entidades del sector público institucional estatal que vayan a ubicarse fuera de Madrid.

La condición es que sean de nueva creación, ya que no se contempla desconcentrar organismos ya existentes. El acuerdo del Gobierno abre la posibilidad de seguir este proceso de desconcentración con todo tipo de organismos públicos y autónomos, entidades públicas empresariales, agencias, autoridades independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones y fondos carentes de personalidad jurídica.

Lo que se sabe hasta ahora, a la espera de que la regulación quede recogida en un real decreto, que según la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, se llevará al Consejo de Ministros en las próximas semanas, es que la Comisión consultiva será la que  elabore el dictamen que recoja las distintas alternativas que pueda haber, y el Gobierno quien tome la decisión final.

Así, cada vez que se vaya a crear un nuevo organismo o entidad estatal, el Consejo de Ministros acordará el inicio del procedimiento para seleccionar su ubicación. La Comisión consultiva elaborará un informe con los criterios que deberán regir para determinar dónde establecer la sede. Estos criterios se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a la vez que el acuerdo del inicio del procedimiento.

A partir de los requisitos para poder optar a la sede, las asambleas legislativas y los gobiernos de las comunidades autónomas, al igual que las entidades locales, podrán postular un municipio para albergar ese organismo. Deberán acompañar en su candidatura una memoria justificativa, así como un informe de que se cumplen los criterios establecidos por la Comisión consultiva.

Compromisos adicionales

Sumado a ello, en los informes que se presenten para optar a la sede, podrán ofrecerse también compromisos adicionales en relación con la cesión de bienes inmuebles, costes financieros o medidas de apoyo al personal trasladado. El principio de equidad podría quedar viciado en esta parte, puesto que la capacidad de colaboración financiera o para la cesión de inmuebles no es la misma para todos los ayuntamientos o comunidades autónomas al depender de su tamaño.

De hecho, los ayuntamientos pequeños no van a poder partir en igualdad de condiciones con los grandes, puesto que no pueden asumir los mismos gastos o compromisos. La desconcentración se basa en el reto demográfico, que no se limita a la despoblación sino que tiene en cuenta también otras variables como la pérdida de habitantes en las ciudades.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, hacía énfasis sobre esa cuestión tras conocerse el acuerdo del Consejo de Ministros. “Esto suena a que cuanto más grande sea un ayuntamiento, más posibilidades va a tener”, comentó al comparar la capacidad de colaborar que tendrán ayuntamientos como Sevilla, Zaragoza o Málaga frente a otros pequeños con escasos recursos como Teruel, Cuenca, Soria o Zamora.

El alcalde de Andorra, Antonio Amador, se pronunció también la semana pasada a favor de que la Administración sea valiente y haga la desconcentración en municipios pequeños. “Descentralizar es una determinación de voluntad política; esto donde tiene y cobra sentido es en sitios realmente que no sean los fáciles y dar oportunidades así a nuevos territorios”, argumentó Amador.

Candidaturas

A partir de las candidaturas que se presenten cuando se oferte la descentralización de una nueva sede administrativa del Gobierno central, la Comisión consultiva de Política Territorial elaborará un dictamen en el que analizará las posibles sedes.

El dictamen se verá en la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico y de ahí se enviará al Consejo de Ministros. El Gobierno deberá elegir a partir de esos informes la nueva sede de forma motivada, acuerdo que se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Otros aspectos que han trascendido también hasta la fecha es que en esa elección se valorarán factores como el nivel de desempleo, la conexión con el ámbito de actuación de la entidad, la situación del mercado de vivienda o el número de instituciones públicas estatales en cada región.

También se tendrá en cuenta, según el Ministerio de Política Territorial, el papel de los trabajadores públicos, incorporando al procedimiento “la posibilidad de ofrecerles condiciones ventajosas de traslados y la garantía de que la entidad pública podrá ejercer de manera eficaz sus funciones en la localidad donde se ubique”.

Repercusiones positivas

Atraer la sede de un organismo público resulta muy atractivo para cualquier municipio puesto que tiene repercusiones positivas similares a la instalación de una empresa privada llegada de fuera, ya que atrae empleos directos e indirectos, y sobre todo fija población, algo que evidentemente donde más se puede notar es en localidades pequeñas, no en las grandes.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, anunció recientemente que pretenden tener lista la Agencia Espacial Española en un año. Su creación está recogida en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional aprobada a finales de 2021 por el Gobierno. De su ubicación no se ha dicho nada todavía y sin duda será uno de los organismos que sean sometidos al proceso de descentralización. Teruel está apostando desde hace tiempo por atraer estas instalaciones.

En los Presupuestos Generales del Estado de este año se contempla además la creación de  la Agencia Estatal de Administración Digital y de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Su objetivo es la digitalización en todos los ámbitos de la administración y la supervisión del desarrollo tecnológico en el país. En este caso, la existencia en Teruel de la Escuela Universitaria Politécnica podría ser un factor a favor importantísimo a tener en cuenta.

Agencia de Salud Pública

El Gobierno de Aragón, según indicaron fuentes del mismo la semana pasada, competirá por la sede de la Agencia Espacial Española en Teruel y por la Agencia de Salud Pública en Zaragoza.

Desde el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento se han realizado varias gestiones ante el Ministerio de Ciencia e Innovación para pedir que la sede de la Agencia Espacial Española se ubique en Teruel.

La última de estas gestiones se hizo a finales de enero, cuando la consejera Maru Díaz envió una carta a la ministra Diana Morant, en la que incidía en las ventajas que ofrecía Teruel para ubicar estas nuevas dependencias estatales, a la vez que le pedía una reunión para poder hacerle una exposición más detallada.

Desde el departamento indicaron que se va a empezar a preparar la candidatura, apoyada en las grandes potencialidades que tiene Teruel: aeropuerto, Cefca y Observatorio de Javalambre con su participación en proyectos de la Agencia Espacial Europea, presencia de la empresa PLD Space o la Cátedra de drones y aviación civil. Además, van a ofrecer espacios para que pueda ubicarse.