Instan a garantizar el pago anticipado de los gastos de los tribunales de oposición

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón acordó este martes por unanimidad instar al Ejecutivo a adoptar medidas para garantizar el pago anticipado de los gastos de la participación del profesorado en tribunales de oposición. La iniciativa, presentada por Aragón Teruel Existe, salió adelante por unanimidad, tras los problemas que hubo el año pasado en Teruel. Desde el grupo parlamentario del PP adelantaron que se están tomando ya medidas y avanzaron que para evitar que vuelva a suceder lo ocurrido hace un año, se adecuará el número de tribunales tanto en Teruel como en Huesca, de acuerdo a la capacidad que ambas ciudades puedan asumir.

La Proposición no de Ley fue defendida por la diputada de Teruel Existe, Pilar Buj, después de que se presentara la iniciativa a raíz de lo ocurrido hace un año, cuando hubo problemas para albergar en la capital turolense a los miembros de estos tribunales. Buj recordó que los gastos fueron asumidos inicialmente por el profesorado, con un desembolso medio estimado de hasta 1.500 euros, lo que supone una carga económica significativa sin tener en cuenta un procedimiento rápido para la devolución de esas cantidades.

El PP presentó una enmienda para que se retirara la expresión “discriminación” de uno de los puntos, que fue aceptada por Teruel Existe, por lo que la iniciativa se votó en los mismos términos, tras la retirada de esa palabra, y fue apoyada por todos los grupos.

La PNL insta al Ejecutivo aragonés a adoptar medidas urgentes para garantizar el anticipo de los gastos derivados de la participación del profesorado en tribunales de oposición, incluyendo alojamiento, manutención y desplazamientos, tal como recoge el artículo 19 del Real Decreto 462/2002.

Procedimiento homogéneo

En un segundo punto se instó a “establecer un procedimiento homogéneo, ágil y transparente para la gestión del alojamiento de todos los miembros de los tribunales, evitando situaciones de desigualdad por razón del establecimiento asignado”, y un tercer punto pide “tomar las medidas organizativas y de normativa necesarias lo antes posible, para evitar que en las próximas convocatorias se produzca de nuevo esta misma situación”.

Durante la defensa de la propuesta, Buj destacó la importancia de la labor que desarrollan los miembros de estos tribunales, y la obligación por parte de la administración de “atender las condiciones de los espacios de trabajo y de realización de las pruebas”, así como de manutención y desplazamiento.

Instó al Ejecutivo a que mejore la “gestión logística de los servicios provinciales de educación para atender a los tribunales de selección de profesorado y a la diligencia en el abono de las indemnizaciones por razón de servicio”.

La diputada del PP, Ester Artieda, consideró que los “desajustes” que se produjeron en las oposiciones en Teruel con los miembros del tribunal no fue una discriminación, por lo que pidió la retirada de esa expresión e indicó que se estaba trabajando para corregirlo.

Artieda admitió que el proceso del año pasado “no fue todo lo bien que se desearía” y que por parte del Departamento de Educación se están tomando medidas y lo primero que se ha hecho ha sido “adecuar el número de tribunales que la ciudad de Teruel y la ciudad de Huesca pueden asumir”.

La parlamentaria popular argumentó que las ciudades pequeñas no pueden tener todos los tribunales que se querría, “sino que hay que limitarlo”. Indicó que se está trabajando en esa línea y que “la gestión de ese alojamiento se hará para los tribunales que realmente caben en la ciudad de Teruel y se están llevando a cabo por el Departamento de Educación”.

Artieda añadió que los pagos seguirán haciéndose una vez justificados aunque con el compromiso de “hacerlo con la mayor brevedad posible”, para lo cual se ha duplicado prácticamente la cantidad presupuestada.

La diputada socialista Carmen Soler dijo que es fundamental atender correctamente a los miembros de estos tribunales por ser una cuestión de “dignidad” y “respeto”, además de “justicia”. “La burocracia no puede ser una barrera para ejercer los derechos que nos corresponden por normativa”, dijo la representante del PSOE, que instó al Ejecutivo a que “actúe con celeridad y que garantice que sea un proceso justo, riguroso, organizado y también respetuoso”.

El portavoz de Vox, Fermín Civiac, señaló que a la administración educativa siempre le ha costado “pagar a veces”; Isabel Lasobras (CHA) recordó que las organizaciones sindicales han alertado desde hace tiempo sobre los alojamientos dignos; y Andoni Corrales (Podemos) instó a que se utilice la figura del “anticipo de caja” para abonar los gastos.

Nuevas aulas en Teruel

Antes del debate de esta y de otra PNL compareció el director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada, que destacó el buen resultado del último proceso de escolarización, y aseguró que un 97,38% de las familias habían mostrado su satisfacción.

Al repasar el proceso, Mallada incidió en la amplia oferta de salida que se había hecho, pese a haber una previsión de menos alumnos, mientras que por contra se habían abierto ocho nuevas aulas, tres de ellas en la provincia de Teruel, en concreto en los colegios del Ensanche y La Fuenfresca en la capital, y el centro Concepción Gimeno Gil de Alcañiz. El director general incidió en que se han multiplicado “hasta por más de diez las opciones de las familias” y dijo que se buscaba beneficiar a los ciudadanos.