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La Asociación de Vecinos del Ensanche contribuye a aclarar dudas sobre arrendamientos urbanos La Asociación de Vecinos del Ensanche contribuye a aclarar dudas sobre arrendamientos urbanos

La Asociación de Vecinos del Ensanche contribuye a aclarar dudas sobre arrendamientos urbanos

La abogada Olga Sánchez ofrece unas nociones básicas de la regulación actual
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La Asociación de Vecinos del Ensanche aclaró este martes dudas sobre cómo se rigen hoy día los arrendamientos urbanos, en una nueva charla debate ofrecida en el Centro de Día Santa Emerenciana que estuvo abierta a toda la ciudad. La abogada Olga Sánchez, que además es también miembro de la directiva de la asociación vecinal, fue la encargada de impartir una serie de nociones básicas sobre cómo se encuentra la regulación actual de los contratos de alquiler, así como de responder a las dudas e inquietudes de los asistentes.

La sesión vecinal es la cuarta que celebraba la Asociación del Ensanche en el mes de noviembre tras haber podido recuperar este tipo de actividades presenciales por la pandemia. A lo largo del mes se programaron también una charla debate sobre la reforma del PGOU en el barrio, un debate para hablar sobre cuál será el futuro del mismo sin el hospital una vez que se trasladen estas dependencias sanitarias al nuevo que se está construyendo, y una charla sobre la factura eléctrica y el ahorro energético en casa.

La del martes, según explicó la propia ponente, se planteó en el seno de la asociación porque se buscan temas que pueden ser de un mayor interés para la ciudadanía. Sánchez aclaró que no tenía pretensión de hacer una profundización jurídica, sino de “dar una nociones básicas de lo que son los arrendamientos y la legislación actual”, pensando en las personas que viven de alquiler o tienen intención de alquilar una vivienda, sin entrar en la regulación de los locales.

Legislación anterior

Un aspecto importante en el que incidió la ponente fue aclarar algunas dudas que pueden suscitarse con respecto a las legislaciones anteriores, ya que ha habido momentos en los que la norma cambió como en 2013, pero que se corrigió en 2019 para retrotraerse a lo que establecía la ley de 1994, que permite contratos con una duración mínima de cinco años a voluntad del arrendatario, ya que pueden irse prorrogando de forma sucesiva.

Antes de impartir la charla, Olga Sánchez explicó que ahora con estos contratos, sea cual sea el plazo que se concierte al inicio, si bien todos suelen ser de un año, el inquilino tiene derecho a prórrogas sucesivas de un año hasta llegar a los cinco, con lo cual la ley le da el derecho de poder permanecer hasta cinco años en la vivienda. Además, la normativa actual establece que una vez cumplido ese tiempo y ninguna parte lo denuncia, se podría seguir prorrogando en periodos anuales hasta los tres años. Pasado ese tiempo sí que habría que renovarlo ya.

La ponente consideró que la ley de arrendamientos urbanos es bastante ajustada y cumple las necesidades tanto de los propietarios como de los inquilinos. Aseguró a este respecto que en el alquiler de una vivienda siempre hay que conjugar la seguridad de ambas partes contratantes, la del inquilino y la del propietario, porque este tampoco debe ser visto como una hermana de la caridad, sino que tiene derecho a obtener un beneficio.

Intereses

Con la actual legislación consideró que se conjugan bastante bien ambos intereses. Sobre lo que no se pronunció fue sobre el anteproyecto de ley de vivienda recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, ya que aseguró que es “imprevisible” lo que puede pasar con el mismo. Estimó que a su juicio no modificará excesivamente la norma de los arrendamientos y que por lo que ha trascendido va más orientada a asegurar medidas de apoyo al inquilino. Estimó que le queda todavía un largo recorrido y que de momento era difícil abordarlo al no estar discutiéndose todavía en el Parlamento cuestiones concretas.

Sánchez comentó que políticas de arrendamientos como la del año 1985 con el decreto Boyer acabaron por empujar a la gente a optar por la adquisición de viviendas en compra como vía alternativa, mientras que con la ley de 1994 se volvieron a compensar los intereses de inquilinos y propietarios.

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