La Audiencia juzgará el 1 de julio al conductor que provocó una muerte en La Puebla de Valverde

La Audiencia Provincial de Teruel juzgará el próximo 1 de julio al conductor que provocó la muerte de una persona en un accidente de circulación ocurrido en noviembre del año pasado, y que fue enviado a prisión debido a que era reincidente y había sido condenado por delitos similares, además de existir el riesgo de fuga, según el auto dictado en su momento por el juez instructor. Las distintas acusaciones piden entre 3 y 23 años de prisión para el acusado, A. C. B., que será juzgado por un presunto delito de homicidio.

La mayor condena la pide el abogado de la Asociación Defensa Integral de Víctimas de Delito Especializada (Adive), Jorge Piedrafita, que en su escrito de calificación provisional eleva la pena que solicitará hasta los 23 años de cárcel. El motivo es que es la única de las partes personadas que ha apreciado dolo eventual en la actitud del conductor que provocó el accidente que causó la muerte de la otra persona.

Piedrafita señaló este martes que en representación de Adive como acción popular, además de por homicidio doloso pedirá que el acusado sea condenado por delitos de conducción temeraria y daños. A los 23 años de cárcel suma la petición de otros diez años de retirada de carné e indemnización a los familiares de la víctima, que era un agente de la Guardia Civil que estaba en la reserva.

Frente a esta petición, la defensa del acusado pedirá solo 7 meses y medio de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave con vehículo de motor, así como 9 meses de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotor.

En contra del acusado está que es reincidente y que conducía bajo los efectos del consumo de drogas y bebidas alcohólicas. En los distintos escritos de acusación se incide en que había consumido cannabis y cocaína, y que las pruebas de alcoholemia arrojaron 0,77 y 0,78 miligramos/litro.

El accidente ocurrió cuando el acusado conducía una furgoneta en la carretera A-232 y a la altura del término municipal de La Puebla de Valverde, en el punto kilométrico 9,800, invadió el otro carril y chocó contra un vehículo que circulaba correctamente, cuyo conductor falleció a causa de la colisión.

Tanto la acusación particular como la Fiscalía han calificado los hechos como un delito de homicidio por imprudencia grave. En el primer caso piden 4 años de prisión, además de 6 años de privación del derecho a conducir vehículos por delitos contra la seguridad vial y conducción temeraria, a lo que se suman las distintas cantidades que deberá abonar a los familiares de la víctima en concepto de responsabilidad civil. La Fiscalía pide por el delito de homicidio por imprudencia 3 años, y por los delitos contra la seguridad vial 4 años de privación del derecho a conducir.

El abogado de Adive se desmarca de esas penas y eleva la petición a 23 años porque a su juicio se trata de un delito de homicidio por dolo eventual. El letrado intentará demostrar en la vista que aunque el acusado no buscara inicialmente causar la muerte a la otra persona, era consciente de que podía ocurrir algo así por el estado en que se encontraba al haber consumido alcohol y drogas, y por tanto asumía esa posibilidad como probable, máxime al ser reincidente y ser presuntamente consciente de lo que su actitud podía provocar.

En su calificación provisional, el abogado de Adive pide 15 años de prisión por el delito de homicidio por dolo eventual, 5 años por el delito de conducción temeraria con claro desprecio para la vida humana, más la privación del permiso de conducir por espacio de diez años, y 3 años de prisión por un delito de daños en propiedad ajena, además de las correspondientes indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil.

Piedrafita abogó por la imposición de “penas ejemplares y disuasorias que garanticen la protección y seguridad de cualquier víctima cuando circula por la vía pública”.