

Joaquín Juste, flanqueado por Beatriz Martín y Rafael Samper
La Diputación de Teruel presenta alegaciones al Mapa Concesional estatal por su impacto negativo en el medio rural al suprimir paradas de autobús
La institución exige su retirada porque vulnera el derecho a la movilidad de los habitantes de la provincia
La Diputación Provincial de Teruel ha presentado formalmente sus alegaciones al anteproyecto del servicio de público de trasporte para regular viajeros entre Madrid y Valencia, conocido como Corredor 12, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 10 de abril de este año. Esta iniciativa propone eliminar las únicas conexiones de autobús que existen en diversos municipios de la provincia. Por ello, la Diputación de Teruel se opone, mediante unas alegaciones suscritas por el equipo de gobierno formado por PP, Teruel Existe y el PAR, a los objetivos declarados del propio anteproyecto, que pone en riesgo la movilidad y el desarrollo en las zonas rurales más vulnerables.
Este anteproyecto sostiene como uno de sus pilares la reactivación de la movilidad en las áreas rurales y lucha contra el aislamiento, pero plantea suspender paradas claves en rutas esenciales como la VAC-255 (Madrid-Guadalajara-Teruel-Valencia) y la VAC-260 (Cuenca-Teruel-Castellón). Así, “la propuesta dejaría a diferentes localidades y cabeceras comarcales sin acceso directo al transporte público, lo que contradice de forma flagrante el compromiso del Gobierno central con la cohesión territorial y la lucha para frenar la despoblación”, resaltan desde la Diputación de Teruel en una nota de prensa.
Además, este anteproyecto infringe los principios claves establecidos en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), como la exigencia de un sistema de transporte común, coordinado e interconectado en el territorio nacional. Esta supresión de paradas, aparte de vulnerar estos principios, desatiende las necesidades de los ciudadanos en zonas rurales, quienes dependen del transporte público para acceder a servicios básicos.
Joaquin Juste, presidente de la Diputación de Teruel explica en una nota de prensa: "Siempre hemos luchado para que la gente pueda vivir donde quiera y que sus servicios no se van recortados. Por ello, se presentan estas alegaciones a un anteproyecto que lo único que hace es recortar el único medio de transporte que algunos municipios poseen”.
Por su parte la vicepresidenta primera Beatriz Martín: “El retirar estas paradas significa recortar un servicio público básico para el medio rural y lo hacen sin ni siquiera plantear ningún tipo de alternativa para asegurar que la población de nuestros pueblos tenga conectividad. La pérdida de servicios en los pueblos no para y es insoportable e insostenible, nos abandonan a nuestra suerte. Se ve un objetivo claro de vaciamiento de nuestros pueblos y que no nos permitan tener los servicios básicos que merecemos como cualquier ciudadano del país”.
En la misma línea se ha pronunciado el vicepresidente segundo Rafael Samper: "Consideramos que la eliminación de paradas es muy grave y perjudica especialmente a los habitantes de los pueblos, restando posibilidades y calidad de vida en el medio rural".
Para el equipo de gobierno de la Diputación de Teruel, transferir estas rutas a las comunidades autónomas y las subvenciones por parte del Estado es insuficiente. Esta solución no garantiza la conectividad y obliga a los usuarios a realizar transbordos largos, incensarios y costosos, aumentando los tiempos de viaje y creando una mayor desigualdad.
Por ello, con estas alegaciones se exige la retirada inmediata del anteproyecto del Corredor 12, ya que no cumple los objetivos de facilitar la movilidad en las zonas rurales, vulnerando el derecho fundamental de los habitantes a una movilidad digna y accesible.
Las alegaciones se han presentado solo unos días después de que el pleno de la Diputación de Teruel aprobara el pasado miércoles una iniciativa de Teruel Existe en este sentido, con el apoyo del PP y el PAR y el voto en contra del PSOE.
Este anteproyecto sostiene como uno de sus pilares la reactivación de la movilidad en las áreas rurales y lucha contra el aislamiento, pero plantea suspender paradas claves en rutas esenciales como la VAC-255 (Madrid-Guadalajara-Teruel-Valencia) y la VAC-260 (Cuenca-Teruel-Castellón). Así, “la propuesta dejaría a diferentes localidades y cabeceras comarcales sin acceso directo al transporte público, lo que contradice de forma flagrante el compromiso del Gobierno central con la cohesión territorial y la lucha para frenar la despoblación”, resaltan desde la Diputación de Teruel en una nota de prensa.
Además, este anteproyecto infringe los principios claves establecidos en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), como la exigencia de un sistema de transporte común, coordinado e interconectado en el territorio nacional. Esta supresión de paradas, aparte de vulnerar estos principios, desatiende las necesidades de los ciudadanos en zonas rurales, quienes dependen del transporte público para acceder a servicios básicos.
Joaquin Juste, presidente de la Diputación de Teruel explica en una nota de prensa: "Siempre hemos luchado para que la gente pueda vivir donde quiera y que sus servicios no se van recortados. Por ello, se presentan estas alegaciones a un anteproyecto que lo único que hace es recortar el único medio de transporte que algunos municipios poseen”.
Por su parte la vicepresidenta primera Beatriz Martín: “El retirar estas paradas significa recortar un servicio público básico para el medio rural y lo hacen sin ni siquiera plantear ningún tipo de alternativa para asegurar que la población de nuestros pueblos tenga conectividad. La pérdida de servicios en los pueblos no para y es insoportable e insostenible, nos abandonan a nuestra suerte. Se ve un objetivo claro de vaciamiento de nuestros pueblos y que no nos permitan tener los servicios básicos que merecemos como cualquier ciudadano del país”.
En la misma línea se ha pronunciado el vicepresidente segundo Rafael Samper: "Consideramos que la eliminación de paradas es muy grave y perjudica especialmente a los habitantes de los pueblos, restando posibilidades y calidad de vida en el medio rural".
Para el equipo de gobierno de la Diputación de Teruel, transferir estas rutas a las comunidades autónomas y las subvenciones por parte del Estado es insuficiente. Esta solución no garantiza la conectividad y obliga a los usuarios a realizar transbordos largos, incensarios y costosos, aumentando los tiempos de viaje y creando una mayor desigualdad.
Por ello, con estas alegaciones se exige la retirada inmediata del anteproyecto del Corredor 12, ya que no cumple los objetivos de facilitar la movilidad en las zonas rurales, vulnerando el derecho fundamental de los habitantes a una movilidad digna y accesible.
Las alegaciones se han presentado solo unos días después de que el pleno de la Diputación de Teruel aprobara el pasado miércoles una iniciativa de Teruel Existe en este sentido, con el apoyo del PP y el PAR y el voto en contra del PSOE.
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