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La sociedad civil pide a la Comisión Europea que escuche al territorio en su propuesta de Pacto Rural La sociedad civil pide a la Comisión Europea que escuche al territorio en su propuesta de Pacto Rural
Imagen de archivo de una actividad del grupo de acción local Asiader para la dinamización rural en la Sierra de Albarracín

La sociedad civil pide a la Comisión Europea que escuche al territorio en su propuesta de Pacto Rural

El CESE plantea que se tenga en cuenta la experiencia adquirida por los grupos de acción local
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El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acaba de romper un lanza a favor de los grupos de acción local como agentes más cercanos al territorio de cara a la gestión de las políticas que se desarrollen desde Europa para impulsar el medio rural en los próximos años. Este órgano consultivo europeo, que integra a la sociedad civil organizada, acaba de emitir un dictamen con recomendaciones a la comunicación de la Comisión Europea Una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE, en el marco del debate sobre el Pacto Rural abierto por las instituciones comunitarias. En el mismo se plantea que se tenga en cuenta en el diseño y gestión de las políticas europeas para la dinamización de las zonas rurales, la experiencia adquirida por los grupos de acción local y que se escuche la voz de quienes viven en el territorio.

Escuchar a todos los actores que operan desde lo local, públicos y privados, desde abajo hacia arriba, eso es lo que plantea este órgano consultivo de la Unión Europea del que forman parte las organizaciones empresariales, sindicales y de la sociedad en su conjunto, en el informe que han emitido con valoraciones y propuestas a la comunicación lanzada el año pasado por la Comisión Europea sobre la visión a largo plazo de las zonas rurales. En el mismo, el órgano de gobierno comunitario propone el impulso de acciones específicas para frenar el declive de estos territorios, especialmente grave en sitios como España por el fenómeno de la despoblación y el envejecimiento.

Pacto Rural

La Comisión Europea propuso a finales del año pasado un gran Pacto Rural, de acuerdo con la comunicación que presentó en junio de 2021, para implicar a las autoridades públicas y entidades que operan en el territorio en la dinamización de las zonas rurales para que sean más fuertes, estén más conectadas y sean más resilientes y prósperas.

A mediados de junio de este año está previsto que Europa acoja una conferencia de alto nivel sobre el Pacto Rural, por lo que hasta esa fecha hay abierto un proceso para que las partes interesadas y entidades rurales de todo tipo hagan sus aportaciones y se unan al mismo. Es en ese marco en el que el CESE ha emitido un dictamen que acaba de dar a conocer, y en el que se pide escuchar al territorio integrando a los organismos locales en la cogobernanza, y atendiendo a la experiencia que tienen acumulada a través de actores como los grupos de acción local. Además, da un tirón de orejas a las instituciones comunitarias al criticar la burocracia y desarticulación que ha prevalecido hasta ahora en las ayudas dadas por Europa al desarrollo rural.

En este sentido, entre las observaciones específicas que hace el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, se apunta que el “Pacto debería aprender de la experiencia adquirida con lo mejor de la iniciativa Leader y el desarrollo local participativo”.

Provincia de Teruel

En la provincia de Teruel los grupos de acción local en el marco de los programas comunitarios Leader han sido determinantes para la puesta en marcha de iniciativas en las zonas rurales, como elementos dinamizadores y facilitadores del desarrollo de estos territorios.

El CESE considera que “el desarrollo rural debe ser parte integrante de la política de desarrollo regional”, y que “la iniciativa Leader y el desarrollo local participativo deben ser un componente importante del desarrollo territorial”.

El Comité Económico y Social Europeo como órgano consultivo de la Unión Europea está integrado por representantes de las organizaciones empresariales y de los trabajadores, así como de diversas actividades como las asociaciones y sindicatos de agricultores, los consumidores, los profesionales y las organizaciones no gubernamentales, en lo que se considera como la “sociedad civil organizada”.

Y es en esos ámbitos en los que el CESE reconoce el valor de que la política de cohesión comunitaria posterior a 2020 haya introducido un nuevo objetivo político “transversal para un desarrollo territorial y local integrado y sostenible con el objetivo de no dejar a ningún lugar ni a nadie atrás”, además de ofrecer “un marco flexible para que los Estados miembros apoyen a las zonas rurales abordando sus retos específicos”.

Políticas de cohesión

Las entidades que integran el CESE, cuyo dictamen fue aprobado por una amplia mayoría de 222 votos a favor con solo uno en contra y cuatro abstenciones, se muestran críticas con los antecedentes que ha habido en lo que se refiere a las políticas de cohesión dirigidas al medio rural.

A este respecto, critican que “históricamente, las ayudas al entorno rural han procedido de varias instancias administrativas e instrumentos financieros diferentes, a nivel de la UE, nacional y local, de forma un tanto fracturada, desarticulada y frustrantemente burocrática”.

Observan en este sentido que “la intervención pública solo ha logrado parcialmente -sobre todo en las zonas rurales más remotas y en las islas- mitigar el ritmo del declive de la actividad económica, la escasa accesibilidad digital, el éxodo de la juventud y la pérdida de servicios públicos fundamentales, de la artesanía rural, de la biodiversidad y del patrimonio cultural”.

El órgano consultivo advierte que alrededor de 136 millones de personas viven en las zonas rurales de la UE, casi un 30% de su población, y que a pesar de ello “se ha producido un aumento de la brecha entre el bienestar económico y social de la ciudadanía urbana y rural”, sin haber tenido en cuenta que estas zonas rurales “desempeñan un papel crucial en la cohesión económica y social, incluida la producción sostenible de alimentos”, y se enfrentan “al reto de la despoblación, especialmente por parte de la juventud”.

Mayor compromiso

Aboga en este sentido por la necesidad de que haya “un mayor compromiso permanente con las organizaciones participativas locales, tanto en el ámbito rural como en el urbano, y con las organizaciones de la sociedad civil” para que la visión sobre estos territorios que ahora plantea desarrollar la Comisión Europea sea “plenamente comprendida e inclusiva” .

En sus conclusiones, el CESE considera que el intercambio de información y el diálogo con los interlocutores sociales y la sociedad civil en su conjunto es “esencial”, y se muestra partidario de reforzar las política de “verificación rural”, lo que se conoce también como mecanismo rural de garantía para que cada legislación que se aborde o política que se ponga en marcha tenga en cuenta su incidencia en los territorios rurales.

La sociedad civil advierte además en su dictamen que el Plan de Acción resultante de la visión a largo plazo de la CE debe contar con una financiación y fechas claras para su ejecución. A juicio del CESE, el Pacto Rural debe apostar por un modelo de gobernanza que incluya a los gobiernos y empresas locales, tanto privadas como sin ánimo de lucro, en colaboración con las administraciones públicas y los interlocutores sociales, “para garantizar que se escuchan las voces sobre el territorio”.

También plantea que se haga una reevaluación de cuestiones como las necesidades de vivienda rural, la creación de nuevos espacios empresariales en los pueblos y la mejora de los servicios públicos en los mismos.

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