Las aseguradoras no han entrado aún al solar de San Francisco 21 para hacer sus pruebas periciales

Cuando se cumplen dos años del desplome de un edificio en la calle San Francisco 21, que no causó víctimas pero dejó sin hogar a una treintena de familias, todavía no han finalizado las pruebas que ayuden a esclarecer las causas. Los peritos de Mapfre, que es la aseguradora del Consistorio, los de Aguas de Valencia y el Consorcio de Seguros aún no han accedido al solar para hacer las pruebas periciales y sondeos para emitir un informe y determinar las causas del colapso.

La alcaldesa, Emma Buj, lamentó el retraso y apuntó a Europa Press, que querían haber hecho pruebas este 9 de junio pero no se recibió la comunicación hasta el día siguiente. La propiedad confirmó que había enviado el burofax este martes para que los peritos puedan entrar al solar para hacer pruebas. Su portavoz, Javier Carbó, puntualizó también a esta agencia que “nosotros no es que no queramos que vengan, sino que lo hagan cumpliendo unas normas, para que no haya problemas” y denunció “desigualdad en el trato” en el expediente administrativo.

Estas pruebas ayudarán a dirimir responsabilidades en el derrumbe, que asimismo provocó importantes daños materiales en el número 19, que será demolido, y en el 23-24. Los vecinos presentaron hace justo doce meses una reclamación por posible responsabilidad patrimonial contra el Consistorio turolense, que se extiende a Aguas de Valencia, y que cuantifican en 3.403.765,15 euros por daños materiales y 469.500 euros por daños morales.

La alcaldesa señaló, en declaraciones a Europa Press, que “son las aseguradoras tanto de la empresa de aguas como las del Ayuntamiento las que no han podido entrar todavía al solar a realizar sus pruebas desde el 24 de julio, que se entregó a los propietarios”, una vez finalizados los trabajos de desescombro de casi 6.400 toneladas, cuyo coste, 1.165.529 euros, asumió el propio Consistorio, de manera subsidiaria.

Ya el 4 de noviembre de 2024, Mapfre requirió a los vecinos los datos del interlocutor con el que pudieran contactar los peritos designados para llevar a cabo el reconocimiento pericial y las actuaciones técnicas. En enero de 2025, la propiedad les contestó que, hasta que los afectados no realizaran sus pruebas, no entraría nadie en el solar y, en el mes de marzo, les trasladaron una serie de normas de acceso. El 27 de mayo, los peritos de Mapfre y el Consorcio de Seguros pidieron autorización a los vecinos para entrar y, al no recibir respuesta, reiteraron la solicitud el día 5.

Las aseguradoras se han dirigido al Ayuntamiento para que haga las gestiones, pero la propiedad del solar corresponde a los vecinos y “son ellos que tienen que autorizar a los peritos, algo que desde julio del año pasado aún no se ha producido por un motivo u otro y, por supuesto, tendrán que cumplir unas normas de acceso, no lo pongo en duda”, expuso la regidora. “Ha llegado la hora de que se pueda entrar al solar para averiguar las causas” y para ello espera “la máxima colaboración de los vecinos”.

Buj agregó en declaraciones recogidas por Europa Press: “Durante mucho tiempo se ha estado diciendo que se quieren saber las causas, como alcaldesa soy la primera interesada, pero para ello es necesario que todo el mundo realice las pruebas que haya que hacer”.

El portavoz de la Plataforma de Afectados afirmó que este martes, vía burofax, trasladaron autorización para que los peritos pueden entrar al solar para hacer pruebas de testigos “siempre y cuando concreten con antelación, no deprisa y corriendo”.

Según Carbó, “el Ayuntamiento se sigue respaldando en terceros para escurrir el bulto y a los que tenía que exigirles la responsabilidad que tienen porque cuando hablamos de Aguas de Valencia es una empresa que tiene un contrato de explotación y tendría que exigirle que cumpla; cuando hablamos de Mapfre es el seguro del Ayuntamiento y entendemos que lo tenemos para algo”. En su opinión, el Consistorio “se tendría que poner al lado de la ciudadanía, no al lado de las multinacionales”.

Descontentos

Los afectados, que se muestran indignados y “muy descontentos” con la manera de trabajar del Ayuntamiento, se han quejado de “desigualdad en el trato” en el expediente administrativo que instruye el Ayuntamiento, que “se ha instruido de manera sesgada hacia los intereses que no son los de los ciudadanos” y de la “demora” con la que se están llevando a cabo los plazos. “Ha habido episodios muy lamentables”.

“Este es un asunto superfarragoso, muy largo en el tiempo, que para nosotros ni es fácil, ni barato ni rápido”, lamentó Carbó, en declaraciones recogidas por Europa Press.