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Las Cortes de Aragón rechazan pedir al Congreso que compense con el IVA a los territorios con renovables Las Cortes de Aragón rechazan pedir al Congreso que compense con el IVA a los territorios con renovables
El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, en su intervención en el pleno de las Cortes de Aragón

Las Cortes de Aragón rechazan pedir al Congreso que compense con el IVA a los territorios con renovables

La iniciativa de Aragón-Teruel Existe solo ha contado con sus votos y los de CHA, la abstención de IU y PAR y el voto en contra del PP, PSOE y Vox
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El pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado este jueves tomar en consideración una proposición de ley del grupo Aragón Teruel-Existe para instar al Congreso de los Diputados a compensar con el IVA a los territorios que acogen instalaciones renovables pero reciben escasa retribución.

La iniciativa solo ha contado con los votos a favor del grupo proponente y de CHA, la abstención de IU y PAR y el voto en contra del PP, PSOE y Vox.

Un resultado que para el portavoz de Aragón TE, Tomás Guitarte, evidencia una "falta de valentía" para exigir a Madrid una compensación real para estos territorios a los que las políticas actuales no compensan adecuadamente más allá de “alquileres de los suelos” e impuestos locales, que en algunos casos se reducen a cantidades “simbólicas e irrisorias”, pero no compensan “otros muchos daños” provocados por la implantación de estas infraestructuras.

En su explicación de voto, Guitarte ha descalificado las propuestas del PP y Vox y ha argumentado que no abordan el desequilibrio real y que las energías renovables deben generar beneficios tangibles para los territorios donde se instalan y ha insistido en que el objetivo debe ser lograr compensaciones reales para los territorios productores.

Para Guitarte, como ha expuesto al inicio de su intervención, la forma en que se obtiene el suelo provoca una “pseudo desamortización”, ya que permite a empresas privadas expropiar terrenos en caso de oposición vecinal, lo que limita la actividad agrícola, ganadera y turística y provoca un desplazamiento de sectores tradicionales, además de un impacto “claramente” negativo sobre el desarrollo socioeconómico, sin que exista compensación alguna.

Guitarte ha recordado antecedentes como la ley de 1981 que creó un canon sobre la producción energética, cuya exposición de motivos ya recogía “fuertes contrapartidas negativas” para los territorios productores, y ha apelado a principios constitucionales como el artículo 138, que exige “un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio”.

La medida planteaba redistribuir el IVA de los recibos eléctricos en función de la potencia instalada, lo que supondría entre 180 y 300 millones de euros anuales para Aragón sin que productores o consumidores pagaran más.

A su juicio, el modelo actual “favorece la despoblación” y, sin medidas contundentes, Aragón corre el riesgo de convertirse en “un territorio de sacrificio al que se le expolia un recurso”.

Desde el PP, María Navarro ha dicho que la medida distorsiona el sistema de financiación local y autonómica, ya que plantea repartir parte del IVA, un impuesto estatal, según la generación eléctrica por provincias, ha defendido que ya existen tributos y fondos específicos que compensan a los territorios con instalaciones renovables, además de que el planteamiento respecto al canon carece de encaje jurídico, y ha remarcado que el Gobierno de Aragón sí está trabajando en el Plan Energético y apuesta por un modelo basado en el consumo cercano a la producción.

La socialista Leticia Soria ha justificado su voto en contra por coincidir con una medida que ya planteó la formación en la pasada legislatura y que forma parte del Fondo Aragonés de Solidaridad Energética, incorporado por el actual Gobierno a la ley de medidas urgentes pero al que acusa de no haber desarrollado los instrumentos aprobados por las Cortes.

Ha reivindicado su apuesta por un modelo energético basado en energías renovables como vía para la descarbonización de la economía y la independencia energética y ha defendido la necesidad de garantizar el retorno de los beneficios a los territorios afectados, y también ha coincidido con Navarro en que la propuesta del canon contiene contradicciones y no define con claridad su forma jurídica.

Para el diputado de Vox Juan Francisco Vidal, la iniciativa es un “texto mal concebido, peor redactado y completamente falto de rigor” que responde a un “planteamiento mercantilista” y a una planificación energética “irresponsable”.

Ha acusado a sus impulsores de ofrecer “limosnas” a los territorios a cambio de permitir “la invasión descontrolada de macroparques eólicos y fotovoltaicos” que, a su juicio, no generan beneficios para los aragoneses ni frenan la despoblación, sino que “engordan los bolsillos de los fondos de inversión” y ha abogado por “frenar esta barbarie” y evitar que el medio rural se convierta en “un vertedero industrial de placas solares y aerogeneradores”.

El diputado de CHA José Luis Soro ha mostrado su apoyo por considerar que la proposición representa “un paso en la dirección correcta” para abordar la concentración de infraestructuras energéticas renovables en algunas comarcas aragonesas, con implicaciones “sociales, económicas y medioambientales” y por eso la ha valorado como “un punto de partida” para avanzar hacia un modelo que garantice “justicia territorial, sostenibilidad y soberanía”, principios que considera fundamentales para una transición energética que no sacrifique al medio rural.

El portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, ha señalado que "siendo una buena idea, yerra en el fondo y en la forma" porque el debate corresponde al Congreso de los Diputados. Ha calificado la iniciativa como “política cosmética” y ha criticado que se use una propuesta estatal para un posible rédito político, aunque ha optado por la abstención.

Desde IU, Álvaro Sanz ha compartido “la necesidad de proteger, planificar, parar y compensar” ante una “locura” de despliegue energético “absolutamente especulativo”, pero ha dudado de que la propuesta sea el mecanismo adecuado para lograrlo.

También ha lamentado la falta de voluntad política para ordenar el despliegue de renovables, ha criticado que se recupere un modelo de canon de los años 80 sin tener en cuenta los cambios tributarios y autonómicos y ha alertado de que delegar la gestión en las diputaciones “generaría una distorsión tremenda” al carecer de competencias finalistas y podría dejar sin compensación a municipios que sí han protegido su territorio. 
 

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