Síguenos

120_-1200x150-remamos-b.gif banner click 120 banner 120

179_2030-1200-x-150-px.png banner click 179 banner 179

Los alcaldes rechazan la decisión unilateral de la DGA de no pagar por el tren e instan a seguir trabajando entre las instituciones Los alcaldes rechazan la decisión unilateral de la DGA de no pagar por el tren e instan a seguir trabajando entre las instituciones
Los alcaldes, entre los que estaba la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, también quisieron comparecer ante la prensa para explicar su posición

Los alcaldes rechazan la decisión unilateral de la DGA de no pagar por el tren e instan a seguir trabajando entre las instituciones

El Gobierno de Aragón ha decidido no abonar algunas servicios desde el 1 de julio ante la cerrazón del Mitma

El Gobierno de Aragón dejará de pagar los servicios ferroviarios que actualmente financia en la Comunidad Autónoma y que son competencia del Estado, entre ellos el Teruel-Caudiel que enlaza con Valencia en días alternos, ante la cerrazón mostrada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), que no quiere asumir su coste y que se niega también ahora a celebrar una reunión con los alcaldes de los municipios afectados a pesar de que así se comprometió a hacerlo al principio. El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Ejecutivo aragonés, José Luis Soro, se reunió con alcaldes de las localidades afectadas, entre los que estaba la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y pidió su apoyo para presionar el ministerio.

Los alcaldes rechazaron la decisión unilateral de suprimir los servicios en los próximos quince días y reclamaron que se mantengan, con independencia de quién los pague, mientras se sigue trabajando para buscar una solución, pero en ningún caso aceptaron la decisión tomada por el Departamento de Vertebración del Territorio de zanjar el asunto dejando de pagar los trenes el próximo 1 de julio, al margen de que ha ofrecido como alternativa servicios de autobús en algunos trayectos.

El consejero pidió a los alcaldes hacer un frente común frente al Mitma para que no se pierdan los servicios ferroviarios que hasta ahora pagaba la DGA y cuyo coste no quiere asumir Renfe, con lo cual dejarían de prestarse en el mismo momento en que el Ejecutivo aragonés dejara de pagarlos. Esa fecha está señalada para el próximo 1 de julio, tras la prórroga de tres meses después de que la consejería anunciara ya esta decisión en marzo pasado, a pesar de lo cual siguió financiándolos hasta ahora ante la voluntad expresada entonces por la Administración central de llegar a un acuerdo, ya que es la competente en la prestación de estos servicios.

En aquella ocasión el Mitma se comprometió a reunirse con la Comunidad Autónoma y los alcaldes de los municipios afectados, pero Soro les informó de que el ministerio había cambiado de opinión y ahora rechazaba esa reunión, motivo por el cual y ante la cerrazón y falta de voluntad por parte de Madrid la DGA dejará de pagar esos trenes a partir del mes que viene.

Soro se reunió con los alcaldes y les pidió hacer un frente común para exigir al Mitma esa reunión, y los representantes municipales asistentes al encuentro se comprometieron a enviar una carta urgente esta misma semana en ese sentido. En cualquier caso, rechazaron la decisión unilateral tomada por el departamento de cara al 1 de julio y reclamaron que se siga trabajando con la advertencia de que si se cierran no habrá posibilidad de recuperarlos después como pasa siempre en estos casos.

Los alcaldes que asistieron al encuentro fueron los de Binéfar, Caspe, Fabara, Fayón, Grañén, Monzón, Nonaspe, Sariñena, Tardienta y Teruel. La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, manifestó que la provincia lo que “queremos son trenes y no discusiones sobre de quién es la competencia”, y en la misma línea se expresaron el resto de los alcaldes que participaron en la reunión, de distintos partidos políticos, con un argumento muy claro, que “las vías están hechas y las carreteras las tenemos que arreglar”, por lo que la solución no son los autobuses que ofrece como compensación el departamento a cuyo frente está Soro.

Los alcaldes toman la palabra

La reunión se alargó más de lo previsto porque la comparecencia del consejero ante la prensa estaba prevista a las doce y media y se retrasó, y no se limitó a él sino que a continuación los alcaldes tomaron también la palabra ante los periodistas para reclamar una solución y que mientras no se tome los trenes se sigan manteniendo. Eso supondría que el Ejecutivo aragonés siguiese pagándolos mientras insiste en las negociaciones con el Mitma. Sobre lo primero Soro dijo que no estaba dispuesto, por lo que si en los próximos quince días no hay un cambio de postura de Madrid, el 1 de julio dejará de financiar esos trenes.

En el caso de la provincia turolense el tren que está en cuestión es el que cubre el servicio entre Teruel y Valencia en días alternos a primera y última hora del día, y que la DGA financia hasta Caudiel. El servicio es de los que están suprimidos temporalmente desde marzo del año pasado debido a las restricciones de movilidad por la pandemia, y que no se ha restablecido todavía. Por tanto no se presta, pero como indicó Renfe en marzo, si la DGA deja de pagarlo, no se restablecerá cuando se retomen los servicios que continúan todavía suprimidos por la covid.

En la rueda de prensa que ofreció el consejero denunció que tras las primeras aproximaciones en marzo de este año, por lo que la DGA decidió seguir pagando los trenes hasta el 31 de mayo y después lo prorrogó durante el mes de junio, el Mitma ha demostrado ahora una total falta de voluntad a negociar.

“Ni está dispuesto ahora a reunirse con los ayuntamientos, ni a crear la mesa de negociación aprobada por las Cortes, ni a asumir la financiación de ninguno de los servicios que ahora pagamos nosotros, fundamentalmente, con el argumento de que hay muy pocos viajeros”, dijo el consejero, quien insistió en que se trata de obligaciones de servicio público (OSP) y por tanto competencia del Estado.

Soro justificó la prórroga que se dio en marzo por la actitud inicial del ministerio de reunirse con los alcaldes, pero sin embargo dijo que “hace unos días desde el ministerio nos comunicaron que habían cambiado de opinión, y que ya no están dispuestos  a mantener esa reunión”.

El responsable de Vertebración del Territorio lamentó que las movilizaciones que en estas semanas se han producido en las estaciones de las líneas afectadas les resulten al Mitma en Madrid “muy lejanas” y que su cerrazón demuestra que “no se sienten en absoluto interpelados por ellas”.

En este sentido apeló a la lealtad institucional y lamentó que con su postura el ministerio está dando a entender que “es más cómodo para ellos dejar que toda la presión se dirija hacia el Gobierno de Aragón” y en concreto hacia él como consejero de Vertebración del Territorio.

Incidió en que en contra de lo que se ha dicho y del uso político que algunos han querido hacer sobre esta cuestión, no es cierto que que se estén desmantelando los servicios ferroviarios porque los afectados no suponen más del 5% del total de circulaciones por Aragón.

Además del Teruel-Caudiel, que circulaba antes de la covid y ahora está suspendido por la pandemia pero es de los que financia la DGA, los otros servicios que paga la DGA son un servicio diario en cada sentido, excepto los domingos, entre Zaragoza, Monzón y Lérida; dos servicios diarios en cada sentido entre Caspe y Fayón; y un servicio en cada sentido entre Huesca y Jaca solo los sábados y domingos.

El consejero insistió en que más allá del problema de quién paga los trenes “lo verdaderamente importante es abordar, junto con Renfe y el Ministerio, una revisión en profundidad del conjunto de los servicios ferroviarios regionales y de media distancia que se prestan en Aragón, para que de verdad sean útiles a la ciudadanía, con una revisión general del servicio desde los horarios, el estado de las estaciones, y el material rodante”.

Soro se mostró crítico con el Mitma al importarle solo las conexiones entre Madrid, Cataluña y Valencia, importándole únicamente las cercanías y la alta velocidad y dejando de lado los regionales y los trenes de media distancia que vertebran el territorio.

Indicó que además de Aragón solo Extremadura y Cataluña pagan servicios ferroviarios a Renfe, con la diferencia de que en estas dos comunidades discurren por el interior de las mismas, a diferencia del caso aragonés que son trenes que circulan más allá de sus fronteras.

Insistió en las competencias que tiene el Estado en esta materia y que si bien a los ciudadanos eso no debería afectarles porque lo que quieren son servicios, dijo que su responsabilidad era reclamar al ministerio que se cumpla lo que está recogido en la Constitución. Defendió “una relación entre Aragón y el Estado basada en la lealtad mutua, y, como aragonesista, no quiero ser el consejero que permita que se perpetúe por más tiempo una situación absolutamente discriminatoria para Aragón”. Por ese motivo está en el Ejecutivo, aseguró, y recalcó que su objetivo era que “no se pierdan servicios ferroviarios”, pero que la decisión que ha tomado “es la única posible en estos momentos”.

La alcaldesa de Tardienta, Miriam Ponsa, explicó que los alcaldes había acordado pedir que se mantengan y recuperen los servicios ferroviarios “sin fechas límite”, a la vez que instan al ministerio a una reunión con la consejería, los alcaldes y comarcas para “seguir trabajando”. Rechazaron igualmente la decisión unilateral de suprimir los servicios en los próximos quince días y abogaron por que se siga trabajando por estos servicios.

Ponsa indicó que representan a los vecinos que utilizan estos servicios, que se seguirán haciendo las movilizaciones que se consideren necesarias -hay otra programada para el día 20- y que seguirán haciéndolo “hasta que nos escuchen” porque “un servicio que se pierde no se recupera; las vías están hechas y hay que sacarles un rendimiento”.

Alcaldesa de Teruel

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, también intervino en la rueda de prensa junto con otros alcaldes de los municipios afectados para asegurar que al consejero le habían pedido los servicios de trenes, “no la discusión sobre competencias”, y recuperar los que había antes de la pandemia. Apuntó que lo primero que hay que hacer es recuperar lo que ya había con independencia de que se quieran mejorar los horarios, porque “entre lo malo o nada” se quedan con lo primero.

Insistió en que la Administración central y la autonómica deben ponerse de acuerdo y no estar todo el día hablando de competencias, y que el Gobierno de Aragón tendrá a su lado al Ayuntamiento de Teruel para reivindicar ante el Mitma, pero que todas las administraciones saben que cuando una no cumple toca “arrimar el hombro”.

Buj recalcó que desde el Ayuntamiento de Teruel se pide recuperar todos los servicios de ferrocarril, que apoyarán la negociación para mejorar horarios, pero sin perder lo que había ya antes. “Cuando se pierde un servicio en el medio rural cuesta mucho recuperarlo”, advirtió, por lo que abogó por reponer el tren con independencia de quién lo paga. La alcaldesa lamentó que en su caso concreto lleve dos años intentando reunirse con el ministerio de Transportes sin haber recibido todavía una respuesta, cuando el anterior titular la recibió a los dos meses de pedirla.

Con posterioridad a la reunión y a la rueda de prensa en la que intervinieron también los alcaldes de Monzón, Caspe y Grañén con el mismo tono reivindicativo para que no se supriman los trenes, la alcaldesa de Teruel insistió en declaraciones a este periódico en que desde el Ayuntamiento “nosotros lo que queremos son trenes” y no discusiones entre administraciones sobre sus competencias.

Buj admitió que es una competencia del ministerio, “pero también es verdad que lleva ya muchos años financiándolo desde el 2013 el Gobierno de Aragón”. En el caso del servicio de Teruel apuntó que se trata de un millón de euros al año dentro de un presupuesto de casi 7.500 millones, “una cantidad mínima para lo que es el presupuesto del Gobierno de Aragón”. Compartió la necesidad de mejorar las frecuencias y horarios, pero consideró que por esa cantidad la DGA no puede restar un servicio más a la provincia, y más en una consejería que es “de vertebración, no de desvertebración”.

El redactor recomienda