Los empresarios reclamarán en la UE aplicar al máximo las ayudas al funcionamiento

Las organizaciones empresariales turolenses, junto a sus homólogas de Cuenca y Soria, reclamarán en la UE que España aplique el máximo porcentaje de las ayudas al funcionamiento tal como autorizó la Comisión Europea en 2021. No dejarán por ello de seguir intentando que el Gobierno de España les escuche y comprenda que el futuro de esta medida para luchar contra la despoblación peligra si no se aplica correctamente, porque el ínfimo porcentaje que se está aplicando no sirve para hacer más competitivos a estos territorios.

Este martes los representantes de las organizaciones empresariales denunciaron la “falta de voluntad política” que hay para bonificar el 20% de los costes laborales permitido, durante el primero de los actos convocados por la patronal turolense previo a la concentración del próximo 10 de noviembre en Teruel. Ese mismo día han citado a los partidos políticos para mantener con ellos un encuentro abierto al público sobre esta cuestión, e instaron este martes a la secretaria general del PSOE Aragón, la ministra y portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría, a que represente a su partido en el acto que han convocado como máxima responsable de los socialistas aragoneses.

El Hotel Fidalgo de Calamocha acogió este martes el primero de los desayunos empresariales organizados por la Cámara de Comercio de Teruel, CEAT Teruel, Cepyme y CEOE Teruel, para exigir la maximización de las ayudas al funcionamiento de las empresas.

Al encuentro, al que asistieron empresarios de la zona y representantes institucionales, le sucederá otro dentro de dos semanas en el Hotel Ciudad de Alcañiz. Esa segunda cita será el 5 de noviembre con la misma dinámica, en la que los presidentes de las organizaciones empresariales mantendrán un diálogo con los medios de comunicación ante los empresarios de la zona para abordar cuál es la situación en la que se encuentran este tipo de ayudas.

La intención es sensibilizar no solo a los empresarios sino al conjunto de la sociedad turolense para que respalde de forma masiva la concentración que han convocado el día 10 de noviembre a mediodía en la plaza San Juan de Teruel, para exigir la maximización de estas ayudas y que se aplique el 20% de bonificación sobre los costes laborales permitido por Europa, puesto que apenas se está aplicando el 1%.

En el primero de los encuentros organizados en Calamocha participaron el vicepresidente de CEOE Teruel, Francisco Hernández, el presidente de Cepyme, Jesús Blasco, el presidente de CEAT Teruel, Juan Carlos Escuder, y el presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel.

En el desayuno empresarial de este martes quedó patente que los empresarios no ven que haya voluntad política de aplicar estas ayudas en su máxima intensidad, así como el riesgo real que existe de perderlas porque el ínfimo porcentaje que se está aplicando no está dando resultados como han advertido ya varios informes elaborados por expertos en Economía encargados por la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), a la que pertenecen.

Acudir a Europa

Durante el encuentro indicaron que acudirán a Europa para denunciar esta situación, pero sin dejar por ello de seguir insistiendo ante el Gobierno central para que les escuche. Tras una reunión que mantuvieron en mayo del año pasado con la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, en la que esta se comprometió a volver a verse con ellos a los seis meses para evaluar el impacto que estaban teniendo las ayudas, no han vuelto a saber nada a pesar de haber enviado cuatro misivas a la titular de esta cartera ministerial para recordárselo.

Los representantes empresariales consideraron que Bruselas debe conocer lo que está pasando y que “alguien en Europa le pegue un tirón de orejas al Gobierno de España”, dijo Juan Carlos Escuder, veterano en estas reivindicaciones ante las instituciones europeas desde hace dos décadas. Advirtieron que se han perdido dos oportunidades, y que si se falla también ahora con la revisión de las ayudas para el próximo marco financiero plurianual, esta vez se perderá de forma definitiva.

El presidente de la Cámara de Comercio argumentó que estas ayudas son “determinantes” para la lucha contra la despoblación y hay que focalizar las reivindicaciones en que se apliquen en su máxima intensidad, porque después todo vendrá dado si aumenta la población, ya que redundadará en más infraestructuras y servicios.

Santa Isabel pidió no desviar la atención sobre otras necesidades, que no son menores, pero que hay que centrar la demanda en esta medida que la Comisión Europea considera la adecuada para combatir la despoblación tal como se ha visto en otras regiones de Europa, pero que no se está aplicando correctamente en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria.

Estas ayudas de Estado se autorizaron para estos tres territorios al estar por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. La intención es dar ventajas competitivas a estas zonas para compensar el problema demográfico que tienen, y que les impide competir en igualdad de condiciones con el resto del país. A ello se suman los problemas de infraestructuras y de servicios que arrastran desde hace tiempo.

Ante esa falta de voluntad política que han detectado por parte del Gobierno central como responsable de su aplicación, pedirán el día 10 de noviembre a todos los partidos políticos que lo demanden ante el Ejecutivo. Lo harán en una mesa redonda que han convocado ese mismo día y a la que han invitado a los partidos políticos aragoneses con representación institucional.

El presidente de la Cámara de Comercio indicó que la invitación se ha dejado abierta a cada formación para que envíe a quien considere oportuno, pero en el caso del PSOE instó a que sea la secretaria general de esta formación en Aragón, Pilar Alegría, que es además ministra de Educación y portavoz del Gobierno central, la que acuda en representación de este partido. Opinó que el debate sería más fluido así, pero exigió que se centre en el tema de las ayudas al funcionamiento, no en el Fite ni en la condonación de la deuda, que “no se meta todo en el mismo lote”.

Además, los representantes de las organizaciones empresariales incidieron en que las ayudas al funcionamiento están perfectamente estipuladas por la Comisión Europea, y no se debe desviar el debate sobre otras aportaciones del Gobierno de Aragón o la Diputación de Teruel, como planteó recientemente Alegría durante una visita a la capital turolense cuando le preguntaron los medios de comunicación sobre las mismas.

Corresponden al Estado

Argumentaron que estas ayudas son de Estado, y que corresponde al Gobierno central aplicarlas, para lo cual Europa autoriza bonificaciones de hasta un máximo del 20% sobre los costes laborales. En cambio se está aplicando un 1,38%, una cantidad que “no ha ayudado en nada a las empresas”, puntualizó Santa Isabel, puesto que equivale a 40 o 50 euros al mes.

Lo comparó con el coste de construcción de un kilómetro de autovía para visibilizar lo que están suponiendo estas ayudas y lo que podrían suponer. Indicó que en 2023 esta medida en la provincia de Teruel fue de algo más de 9 millones de euros, el equivalente a la construcción de un kilómetro de autovía, cuando lo que se pide es llegar al máximo autorizado del 20%, “lo que sería 20 kilómetros de autovía para toda la provincia de Teruel”, una cifra que consideró que no era excesiva y sí asumible por el Gobierno.

A principios de mes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, cifró en 90 millones para las tres provincias la repercusión que han tenido estas ayudas desde que empezaron a aplicarse en 2023. Lo dijo en una sesión de control del Senado, mientras que el PP, que fue quien preguntó a la ministra, redujo ese impacto a 16 millones en Soria, 23 en Teruel y 27 en Cuenca, cuando la aplicación del 20% debería haber supuesto, según expresó el senador Jiménez Santamaría, 212 millones en el primer caso, 304 en el segundo y 346 en el tercero.

Durante el desayuno empresarial de este martes en Calamocha, Jesús Blasco alertó de que se está “perdiendo una oportunidad”, porque en la provincia se necesitan entre 4.000 y 5.000 trabajadores, y estas ayudas favorecerían su atracción mediante salarios más altos. Otros portavoces empresariales añadieron que contribuiría también a incorporar procesos tecnológicos para hacer más competitivas las empresas, además de favorecer el relevo generacional con los autónomos por el peso que tienen en la provincia.

Francisco Hernández señaló que las tres provincias están creciendo a un ritmo por debajo que el resto de España, con lo cual se está perdiendo terreno en competitividad, y el objetivo de estas ayudas es el contrario, dotar de instrumentos a las provincias con mayores problemas demográficos para poder competir.

Escuder apuntó que el objetivo es tener un coste cero en la contratación de trabajadores y autónomos, algo que es fundamental para atraer gente de otros lugares a la provincia. En el debate entre el público se abrió también el tema de la falta de vivienda, aunque durante el acto se pidió centrarse en las ayudas al funcionamiento, porque atraer población conllevaría necesariamente también un impulso a la vivienda.

El presidente de la Cámara de Comercio admitió que al final con las ayudas al funcionamiento se ha puesto a los territorios de alrededor en contra, cuando debería hacerse un ejercicio pedagógico para mostrar que si se aplican en su máxima intensidad tendrán efecto y después esa medida se podrá hacer extensiva a otras zonas de la España despoblada.

Aclararon que estas ayudas deben verse como una ventaja competitiva para la provincia, no como algo que favorece a los empresarios, que mediante esta medida lo que hacen es convertirse en el instrumento para la lucha contra la despoblación atrayendo trabajadores y nuevos proyectos; un crecimiento dirigido a dinamizar el territorio.

Concentración el día 10

Antonio Santa Isabel incidió en la importancia de lograr la movilización de la sociedad en su conjunto el próximo 10 de noviembre. Recordó que la provincia se ha movilizado en numerosas ocasiones, pero que fruto del “hartazgo” se ha “desinflado” ese espíritu que hubo y eso es un “error”. Argumentó que si se consigue generar economía, y las ayudas al funcionamiento están dirigidas a ese fin, se generará dinamismo y las inversiones llegarán. “Es una oportunidad que no podemos dejar escapar”, recalcó.

El riesgo de que se puedan perder porque no han dado resultado al no haberse aplicado desde el Estado como deberían, existe según las organizaciones empresariales, por lo que hay que hacerlo ver al Estado para que no deje escapar esta oportunidad, manifestaron los representantes empresariales.

El presidente de Cepyme insistió en que “tiene que haber voluntad política”, pero aclaró que las organizaciones empresariales tienen sus limitaciones y que ese trabajo corresponde a los partidos políticos, a los que instó a que se involucren para conseguirlo entre todos. Eso les pedirán el día 10 de noviembre antes de la concentración convocada a las 12 del mediodía en la plaza San Juan.

 

Demanda

Durante la intervención de los representantes de las organizaciones empresariales se puso énfasis en la importancia que tienen los autónomos en la provincia de Teruel, que fueron los grandes olvidados por el Estado a la hora de aplicar las ayudas al funcionamiento y que deben estar, según recalcó Juan Carlos Escuder, presidente la CEAT, que representa a este colectivo. Escuder recordó que la autorización de la Comisión Europea incluye a los autónomos porque son empresas, pero el Estado español los dejó fuera. Indicó que son los que vertebran el territorio en la provincia de Teruel y con sus servicios sostienen las zonas despobladas. Pidió pensar en ellos y que se incluyan dentro de estas ayudas porque muchos están por debajo del salario mínimo.

Valoración

Las organizaciones empresariales fueron claras a la hora de analizar este martes las causas por las que consideran que no se están aplicando las ayudas al funcionamiento en los términos establecidos por Europa. El presidente de Cepyme Teruel aseguró que la explicación de que no exista voluntad política hacia estos territorios para aplicar las ayudas al funcionamiento en su máxima intensidad es “bien sencilla”, al igual que no se hagan las autovías o el Corredor Cantábrico-Mediterráneo. “No hay voluntad política para el apoyo a las provincias pequeñas porque no es rentable”, aseguró.

El presidente de la pequeña y mediana empresa turolense consideró que esa voluntad se tiene que demostrar aplicando esas ayudas como corresponde y manda Europa, “y no comparándolas con la financiación catalana”.

Insistió en que estas ayudas corresponden al Estado y es el Gobierno de España quien tiene que aplicarlas. Indicó que protestarán en Europa porque no se están aplicando como corresponde para que se obtengan resultados, pero que mientras llega su queja a Bruselas y desde las instituciones comunitarias se toma alguna decisión, se habrá pasado el tiempo y se habrá llegado a 2027, que es cuando se tiene que decidir si se renuevan. “A quien hay que concienciar de todo esto y lo tiene que aplicar ya es el Gobierno de España”, recalcó Blasco. De ahí la importancia de hacerse oír el 10 de noviembre.