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Olona: Olona:
Joaquín Olona, en un momento de su intervención en Cortes

Olona: "No podemos seguir autorizando granjas donde no caben más porque arruinaremos el sector"

Cs pregunta en Cortes sobre la política a aplicar en la ganadería intensiva
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El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha rechazado este viernes autorizar más granjas en áreas como la franja oriental, ya saturada de nitrógeno, cuando todavía hay zonas de la Comunidad donde se pueden habilitar nuevas explotaciones mientras ha insistido en la oportunidad que supone aprovechar el "amoniaco que tenemos por castigo" para transformarlo en abonos en lugar de tener que importarlos.

Así se ha pronunciado Olona durante una interpelación en la sesión plenaria de las Cortes formulada por el diputado de Cs Ramiro Domínguez relativa a la política en ganadería intensiva y modernización y el temor que ha producido en el sector la invasión de Rusia a Ucrania, principal exportador de maíz para pienso y de abonos nitrogenados.

Domínguez ha pedido al consejero que aporte "certidumbres" a quienes quieren incorporarse al sector o modernizar las explotaciones y defienda la ganadería intensiva, "la joyita de la corona" en la Comunidad, ha recordado el diputado de Cs.

El parlamentario de la formación naranja ha abogado por "abrir un poquito la espita" sobre las exigencias que se recogen en el decreto de purines que hacen "prácticamente imposible" modernizar o generar nuevas granjas en zonas como el Cinca Medio, La Litera, Matarraña, Bajo Aragón o Cinco Villas.

No caben más

"No podemos seguir haciendo granjas donde no caben más porque arruinaremos el sector y hay zonas donde se puede y hay que hacer", le ha respondido Olona, quien ha cuestionado no obstante la restrictiva política ambiental de la PAC y se ha mostrado partidario de revisar el enfoque del plan estratégico nacional en cuanto a los retos ambientales.

En este sentido se ha referido al debate en Europa sobre la aplicación de la estrategia "De la granja a la mesa" en la que, a su juicio, "no se ha sido muy transparente" e implicaba una reducción de producción y productividad cuando, desde su punto de vista lo que hay que hacer es "guiarnos por objetivos estructurales que permitan ganar producción y compatibles con la sostenibilidad ambiental".

"Eso se puede hacer, igual que hay que plantear objetivos ambientales más serios, ¡basta ya de pintar de verde la PAC!", ha exigido el consejero aragonés.

Olona ha compartido la visión de Domínguez de que "la joya de la ganadería" son las explotaciones intensivas, que suponen el 97 % del valor comercial de la ganadería, si bien, ha justificado que el apoyo a la inversión directa se destine a la extensiva porque es la que presenta un problema de deterioro y a pesar de lo que el 59 % de las nuevas incorporaciones se hacen en intensivo.

Dinero de la PAC

"¿Quién se va a hacer extensivo si es una esclavitud?", le ha espetado Ramiro Domínguez, quien ha rechazado que desde la PAC se esté dando "dinero a la improductividad y que más de la mitad de los ganaderos y agricultores no tengan producción y estén cobrando la PAC".

Respecto a los planes para agilizar la tramitación de expedientes en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), que acumula más de 3.000 fuera de plazo, como le ha planteado el diputado popular Juan Ignacio Romero en otra interpelación, Olona ha reconocido que es un "problema estructural" y que la situación "comenzó con la propia creación" del organismo en 2003.

"Si la medida es estructural aplique medidas estructurales, no parches", le ha instado Romero, quien ha calificado de "impresentable" que haya autónomos y empresarios que tengan que paralizar proyectos que pretenden generar empleo y actividad productiva porque no han recibido "el papelito" del Inaga, por lo que le ha preguntado por los planes para ampliar la plantilla, "aunque sea de forma temporal".

Sin embargo, el consejero ha asegurado que la resolución "no es tan simple como dotar de personal" y ha atribuido el problema a una legislación ambiental "suicida, que nos pone la horca a nosotros mismos", a una normativa que "no concreta y deja un margen de interpretación que genera un problema de complejidad de gestión enorme" y a la exigencia de tener que valorar "caso a caso" y "obliga a hacer de cada expediente casi una tesis doctoral y que siempre parece insuficiente".

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