Teruel Existe dice que el Clúster del Maestrazgo está “bajo las sombras de la corrupción”

El movimiento ciudadano Teruel Existe advirtió este viernes que el Clúster del Maestrazgo está “bajo la atenta mirada de la Justicia y bajo las sombras de la corrupción”, por la nueva trama corrupta que está investigando la Audiencia Nacional, que el pasado jueves llevó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a registrar las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza, mientras que este viernes los agentes del instituto armado acudieron al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) para recabar documentación. Los portavoces del grupo de Energía y Medio Ambiente de Teruel Existe, Jesús Villamón y Ernesto Romeo, exigieron una “moratoria” con los proyectos que “puedan estar manchados” y expresaron su plena confianza en la Justicia.

Villamón y Romeo comparecieron en rueda de prensa en la sede de Teruel Existe un día después de los registros a las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza llevados a cabo por la UCO de la Guardia Civil, que se personó en las oficinas de varias empresas vinculadas a Servinabar, dentro de la investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en contrataciones públicas y que llevó a la detención el miércoles pasado de la exmilitante del PSOE Leire Díez y del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero.

La operación policial, que se encuentra bajo el secreto de las actuaciones por parte de la Audiencia Nacional, llevó también este viernes a la UCO a personarse en las sedes de Correos y de organismos dependientes de los ministerios de Hacienda y del Miteco, para recabar documentación. La causa investiga presuntos delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

Los portavoces del movimiento ciudadano Teruel Existe, que lleva tiempo denunciando presuntas irregularidades en la instalación de grandes proyectos de renovables en Aragón, manifestaron que con las informaciones que están trascendiendo en diferentes medios de comunicación sobre la presunta trama corrupta desmantelada, está claro que ha habido en Aragón “capturas de políticas públicas”.

Romeo dijo que eso era “blanco y en botella”, lo que obliga a “paralizar” proyectos como el del Clúster del Maestrazgo y pidió una “moratoria” hasta que la Justicia haga su trabajo. Los portavoces pusieron el foco directamente en el Consejo de Ministros al haberlo aprobado en julio del año pasado in extremis, un día antes de que caducara. Argumentaron que a la vista de estas investigaciones judiciales en marcha, el Gobierno debería “replantearse si lo ha hecho bien” y paralizarlo.

Forestalia y Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), una gestora de fondos de inversión danesa, llegaron a un acuerdo en el año 2020 para impulsar del Clúster del Maestrazgo, un proceso sobre el que Teruel Existe lleva años denunciando presuntas irregularidades tanto por la vía administrativa como por la penal.

Romeo recordó que desde Teruel Existe han estado en contacto con CIP en diferentes ocasiones, incluso viajando a Dinamarca, para advertirle de las presuntas irregularidades que se estaban cometiendo con la autorización de este macroparque eólico, sobre el que existe una gran oposición.

Atentado medioambiental

“Hoy volvemos a recordarle a CIP que está gestando el mayor atentado medioambiental que se puede producir en Europa, bajo la atenta mirada de la Justicia y bajo las sombras de la corrupción”, dijo el portavoz de Teruel Existe, que mostró su satisfacción de que “la Justicia siga investigando las presuntas actuaciones delictivas” y pidió que “se llegue hasta el final caiga quien caiga”.

Por ese motivo exigieron una “moratoria de los proyectos en tramitación que pueden estar manchados por la corrupción, porque no se puede permitir que la Justicia esté avanzando y que alguien pretenda empezar unas obras en un sitio con un gran delito ambiental”. Indicó que todo “huele de lejos, desde hace mucho tiempo, y cada vez más”.

Romeo y Villamón pidieron que se investiguen “a fondo todas las administraciones y departamentos públicos que hayan o estén tramitando autorizaciones para estos macroproyectos” y reclamaron “corrupción cero”.

Los portavoces del movimiento ciudadano comparecieron con un mapa detrás con los macroproyectos y las líneas de transporte privadas que se habían diseñado para llevar la energía a otras comunidades, cuando esas infraestructuras son competencia de Red Eléctrica Española.

Era un plan que, según Romeo, “nunca nadie se hubiese planteado si no hubiese tenido algún tipo de contactos” para poder hacerlo tendiendo redes de transporte inmensas “sin dejar nada a cambio, nada más que la destrucción”. La mayoría, recordó, fueron desestimadas con informes desfavorables en el País Vasco, Navarra, Valencia, Cataluña y La Rioja. En cambio, el Ejecutivo aragonés “siempre emitió informes favorables, vinculantes, cuando es Aragón donde se sufren los impactos medioambientales mayores sin apenas generar empleo”.

Eso es lo que hay que investigar, dijo Romeo, puesto que el proyecto que pretende alimentar de energía al Levante con el Clúster del Maestrazgo, el proyecto eólico más grande de España, fue aprobado “en última instancia el día antes de caducar” por el Consejo de Ministros, “pisoteando un informe desfavorable de la Comunidad Valenciana, que era negativo, y el informe claramente desfavorable de la Dirección General de Medio Ambiente y Forestal de Aragón, que era también muy desfavorable”.

Indicó que en este informe se decía que la ubicación seleccionada no era la adecuada “debido a su alta sensibilidad”. El portavoz de Teruel Existe calificó ese hecho de “tremendamente sospechoso”, porque el informe medioambiental “definitivo y preceptivo” de la Comunidad Autónoma de Aragón que se remitió a Madrid “salió de puño y letra del exdirector del Inaga, Jesús Lobera, tras modificar radicalmente un informe técnico previo muy crítico del propio Inaga que nunca salió a la luz”.

Calificó de “inaudito” que el Miteco emitiese una DIA favorable con 85 molinos en la Red Natura 2000 y 94 en el Área de Sensibilidad Máxima del mapa del propio Ministerio que no recomienda su instalación, además de “omitir y minimizar la tala y ocupación de miles de hectáreas de bosque”, y que requiriese la autorización del Consejo de Ministros en contra de los informes desfavorables de la Dirección General de Medio Natural y de la Comunidad Valenciana.

Romeo aseguró que eso nunca ha pasado, lo que a su juicio “demuestra que esto es una decisión política, puramente política, o a lo mejor más bien político-empresarial”.