Varapalo del Tribunal de Cuentas a los planes estatales de lucha contra la despoblación

El Tribunal de Cuentas ha dado un varapalo al Gobierno central por sus políticas de lucha contra la despoblación, al considerar que el Plan de 130 medidas frente al reto demográfico que desarrolló entre los años 2021 y 2023 presenta “incoherencias” de calado, además de significativas “carencias” tanto de diseño como de medios. El órgano de fiscalización ha elaborado un informe en el que analiza la aplicación de este plan, en el que echa en falta el aprovechamiento de la Ley 45/2007 de Desarrollo sostenible del medio rural, y hace recomendaciones de cara al diseño de las próximas políticas que se pongan en marcha. La diputada del PP por Teruel, Raquel Clemente, llevará este miércoles al Congreso una Proposición no de Ley con propuestas concretas para mejorar la nueva estrategia nacional, a partir de los resultados de este informe que acaba de hacerse público.

La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso acogerá este miércoles el debate de la PNL que ha presentado el PP y que defenderá la diputada turolense Raquel Clemente, justo después de haberse conocido a principios de este mes el informe que ha elaborado el Tribunal de Cuentas sobre las políticas de lucha contra la despoblación a partir del análisis que ha hecho de la Estrategia nacional frente al reto demográfico y del Plan de 130 medidas que se desarrolló básicamente con fondos del Plan de Recuperación europeos.

El Informe de fiscalización operativa y con enfoque evaluador del Plan de 130 medidas frente al reto demográfico, ejercicios 2021 a 2023, con número 1.643 del órgano fiscalizador, da la razón a quienes han cuestionado durante estos años las carencias de esta política de Estado por sus inconcreciones y falta de evaluación.

Incide en la necesidad de prestar atención a los municipios con mayor riesgo de despoblación, al no haber diferenciado políticas concretas dentro del enfoque global que se planteó en las diferentes actuaciones contempladas para los pueblos pequeños, ni haber dado respuesta a la eterna demanda de un estatuto del pequeño municipio.

Esa es una de las cuestiones que plantearán los populares este miércoles en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso, donde se tratará por primera vez el informe que ha elaborado el Tribunal de Cuentas y en el que el grupo parlamentario del PP se ha apoyado para hacer una serie de propuestas, que pasan por tener en cuenta la Ley 45/2007 de Desarrollo sostenible del medio rural, impulsar el Mecanismo Rural de Garantía que está ya recogido en una ley de 2022 pero sigue sin aplicarse, o aprobar de una vez el estatuto básico de los pequeños municipios, además de atender como ejes fundamentales de la nueva estrategia los problemas más acuciantes del medio rural como son la vivienda y la movilidad en los pueblos.

En la exposición de motivos de la PNL que defenderá Raquel Clemente se argumenta que las conclusiones del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas son “demoledoras sobre su ejecución, desmontando y desacreditando uno de los planes más ambiciosos del Gobierno”, que fue impulsado además con un 75% de fondos europeos.

Cohesión del medio rural

De acuerdo con lo que indica el Tribunal de Cuentas en su informe de 164 páginas, la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico de marzo de 2019 y el Plan de 130 medidas de 2021, cuya aplicación llegó hasta 2023, no ha conseguido los objetivos que pretendía de fomentar la cohesión del medio rural.

“Sus carencias iniciales de diseño y de medios han limitado la intervención específica sobre los territorios en riesgo de despoblación”, afirma el órgano fiscalizador, que recomienda que la nueva estrategia que ha anunciado el Gobierno defina con claridad los objetivos de la política pública y de las intervenciones que se van a desarrollar para la lucha contra la despoblación, además de incorporar indicadores de las brechas de desigualdad territorial y analizar la evolución de la población.

Una de las cuestiones que se criticaron mucho era que las medidas suponían “café para todos” sin atender específicamente a los pueblos más pequeños y con mayor riesgo de despoblación, que son a su vez los que mayores dificultades tienen para acceder a las líneas implementadas con el plan para acceder a los fondos europeos.

El órgano fiscalizador plantea que se establezcan además “criterios para la clasificación de municipios según los riesgos de despoblación y las brechas de cohesión, así como una vigencia alineada con la Agenda 2030, y “una agenda común entre los ministerios y las comunidades autónomas, que implique a las entidades locales, en materias de vivienda, movilidad sostenible y prestación de servicios públicos esenciales”.

El documento llama la atención sobre la carencia que supuso que la actuación se dirigiera de forma genérica a los municipios pequeños, “sin incluir medidas específicas para aquellos que presentaban riesgo de despoblación”. Además, cuestiona que el Plan de 130 medidas no contase con presupuesto propio, habiéndose impulsado en tres cuartas partes con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Además, critica que no se incluyesen medidas vinculadas a los fondos de la Política Agraria Común (PAC), que reportan más de 6.000 millones de euros anuales, con el argumento de que hubiese dificultado la comprensión de la actuación. En cambio, el órgano fiscalizador considera que “las intervenciones de la PAC también impactan en el desarrollo y cohesión del medio rural”.

Otro de los cuestionamientos que hace el informe del Tribunal de Cuentas es que el Plan de 130 medidas presenta “incoherencias de diseño” que limita la evaluación de los resultados, además de no haber desarrollado indicadores que posibilitaran su seguimiento y evaluación.

Ignorar la Ley de Desarrollo rural sostenible de 2017 es otro de los aspectos que cuestionan los autores del informe, porque consideran que esta norma “debería constituir su referente normativo en virtud de sus objetivos”. Aboga en este sentido el órgano fiscalizador por mantener los objetivos de la Ley de 2007, además de impulsar el estatuto de los pequeños municipios y tener en cuenta la singularidad de los territorios rurales para que ninguna norma pueda ser aprobada sin tener en cuenta la realidad territorial del país.

Es lo que se conoce como Mecanismo Rural de Garantía, que está previsto en la Ley 27/2022 de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, pero que no se ha implementado.

Es otra de las recomendaciones que hace, en concreto que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que es la que tiene atribuidas las principales funciones sobre el medio rural, asuma el desarrollo de ese Mecanismo Rural de Garantía. Considera el Tribunal de Cuentas que el rango de Secretaría General para el Reto Demográfico es insuficiente para poder implementar estas políticas porque tiene limitada su capacidad para desarrollarla; de ahí que se plantee la revisión de su estructura organizativa.

Llama también la atención el informe sobre las dificultades que ha tenido para su funcionamiento la Secretaría General para el Reto Demográfico, y recomienda reforzar los medios y consolidar el diseño del sistema de datos conocido como SIDAMUN, que permite una evaluación permanente de la situación demográfica y socioeconómica de los territorios del reto demográfico.

Insta igualmente a suscribir convenios con organismos que puedan aportar datos estadísticos y estudios en materia de reto demográfico; el desarrollo de una metodología de clasificación y zonificación de los territorios por tipos de riesgo demográfico o de cohesión, que es lo que se ha venido planteando por parte de los expertos y no se les ha hecho caso; que se definan los indicadores de medición de las brechas de cohesión y de la situación de riesgo de despoblación; y el desarrollo de un cuadro de mandos de gestión que analice la distribución territorial de las ayudas e inversiones realizadas.

Omisión de evaluación

El informe constata las carencias de desarrollo del plan por la falta de su evaluación. “La omisión de una evaluación de los resultados del Plan 130 deja sin completar su proceso de rendición de cuentas y priva de información necesaria para la elaboración de una nueva estrategia o plan de reto demográfico”, señala el documento, que insta a la Secretaría de Estado para el Reto Demográfico a que lo haga con el fin de poder hacer una evaluación para poder afrontar, entre otras cuestiones, “el diseño de los nuevos instrumentos estratégicos y operativos en materia de reto demográfico”.

De cara a la elaboración de la nueva estrategia nacional frente al reto demográfico anunciada por el Gobierno, el Tribunal de Cuentas considera que, a partir de las carencias detectadas en la estrategia de 2019, es preciso que las medidas se estructuren “por ejes de actuación relacionados con las condiciones de habitabilidad de los territorios”.

También plantea la necesidad de identificar los territorios a los que se dirigen las medidas, “específicamente cuando se trate de zonas en riesgo de despoblación”.

Otra de las recomendaciones que se hacen es que las medidas que se apliquen “tengan por sujeto beneficiario de la actuación a los ciudadanos residentes o potenciales de los territorios, considerando a los colectivos más vulnerables”.

Propone por otra parte que diferencie el presupuesto de las medidas específicas del reto demográfico del de otras de la Administración General del Estado con impacto transversal, y que se establezcan indicadores que “permitan valorar los resultados y la eficacia del plan en los territorios”.

Incide el órgano fiscalizador en que al haberse aplicado las actuaciones con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para corregir los déficits por el impacto de la crisis de la covid, la magnitud del presupuesto con impacto en las políticas de reto demográfico “se reducirá considerablemente”. Plantea para ello que inste a la UE a valorar nuevos criterios para delimitar aquellos territorios que pueden acogerse a los fondos europeos.

Propuesta

La propuesta que se debatirá este miércoles en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso, y que defenderá la diputada popular por Teruel Raquel Clemente, se centra en tomar buena nota del informe de fiscalización que ha hecho el Tribunal de Cuentas y de sus recomendaciones, “introduciendo medidas específicas para los territorios en riesgo de despoblación”.

En otros puntos se insta a “reflejar las principales preocupaciones del medio rural en los ejes de la nueva estrategia nacional, situando la vivienda y la movilidad sostenible como objetivos prioritarios” y en “asumir” el compromiso recogido en una disposición adicional de la Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas de la Administración central “para la aplicación efectiva del Mecanismo Rural de Garantía”.

Se insta igualmente a presentar en un plazo de medio año un análisis sobre la “oportunidad, alcance y aplicación” de la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, “impulsando, en su caso, las modificaciones que sean precisas”, previo informe en las Cortes Generales.

Aprobar el estatuto básico de los pequeños municipios, atendiendo a las necesidades del medio rural, instar a la UE a delimitar los territorios beneficiarios de los fondos estructurales, e impulsar la colaboración institucional para garantizar la eficacia de las nuevas medidas que se implementen son otras propuestas.

Deficiencias

El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas hace un repaso exhaustivo de lo que ha sido el desarrollo de la estrategia nacional y el Plan de 130 medidas, y advierte de las limitaciones de su desarrollo por la falta de creación de organismos que estaba previsto poner en marcha, así como la carencia de medios. En concreto, y así lo recordará la diputada del PP en el Congreso, Raquel Clemente, durante la defensa de la PNL que ha presentado este grupo político, no se ha creado el observatorio del reto demográfico previsto en el plan, además de detectarse escasez de medios personales y materiales en organismos competentes para el desarrollo de las actuaciones.

Otro aspecto crítico del análisis que ha hecho el Tribunal de Cuentas es que el plan se ha olvidado de los asuntos que más preocupan a las zonas rurales en riesgo de despoblación, habiéndose destinado más dinero en materia de suministros de energía y agua (16,8%), que en medidas para facilitar el acceso a la vivienda (0,8%), facilitar la movilidad sostenible en el medio rural (1,2%) o crear oportunidades de empleo y emprendimiento (5,3%).