Las costuras de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico saltan por los cuatro costados

Las costuras de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico han saltado por los cuatro costados a la vista del informe de fiscalización que ha realizado el Tribunal de Cuentas. Eso ha provocado que el Congreso y el Senado hayan aprobado en las últimas semanas iniciativas impulsadas por el PP, votadas en contra en ambos casos por el PSOE, para que se corrija esa situación, pero también han desvelado el enconamiento entre los dos partidos mayoritarios y su incapacidad de que haya un Pacto de Estado para la lucha contra la despoblación como reclaman desde los territorios afectados.

El órgano fiscalizador da una de cal y otra de arena en su informe, en el que reconoce aciertos, pero sobre todo importantes carencias y el incumplimiento de objetivos y medidas que deberían haberse aplicado y que no se han llevado a cabo, además de una falta de evaluación para corregir y mejorar una estrategia que se ha apoyado básicamente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos.

El informe se conoció a finales del pasado mes de octubre y en apenas un mes las Cortes Generales han tomado ya cartas en el asunto como poder legislativo, y han exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que corrija esa situación, impulsando lo que no se ha hecho, mejorando la futura estrategia anunciada teniendo en cuenta las carencias de la primera, y haciendo una evaluación de verdad del primero de los planes de lucha contra la despoblación para corregir errores.

Las iniciativas se han aprobado tanto en el Congreso como en el Senado, donde el Partido Popular ha calibrado su peso para que pudieran prosperar. En la Cámara Baja, donde la mayoría que respalda a Sánchez hubiese podido bloquear la iniciativa en el pleno, se presentó en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, mientras que en la Cámara Alta, donde los populares tienen mayoría absoluta, fue directamente a la sesión plenaria de la semana pasada.

En los dos casos salieron adelante, como Proposición no de Ley y como moción respectivamente, y por tanto el Ejecutivo debería tenerlas en cuenta, si bien la tradición dice que estas propuestas caen en saco roto gobierne quien gobierne.

Aunque en un segundo plano de los asuntos que más ruido mediático generan en el Parlamento, la despoblación ha sido una de las cuestiones más presentes en el debate parlamentario durante las últimas semanas a raíz del informe crítico del Tribunal de Cuentas a la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y el Plan de 130 medidas contra la despoblación.

El informe no deja lugar a dudas aunque cada cual lo ha interpretado a su manera, pero es esclarecedor de cómo este tipo de planes no siempre acaba consiguiendo lo que se pretende y se predica. Los debates de ambas iniciativas planteadas en el Congreso y el Senado contaron con la participación de parlamentarios turolenses, en el primer caso de la diputada popular Raquel Clemente, que incidió mucho en las carencias detalladas en el informe del Tribunal de Cuentas; y en el segundo de la senadora socialista María José Villalba, que apuntó precisamente a la corresponsabilidad que tienen las comunidades autónomas en la implementación de las políticas contra la despoblación.

Norma aragonesa

Villalba centró sus críticas la semana pasada en la Cámara Alta en que en Aragón el Ejecutivo del popular Jorge Azcón no está implementando las políticas en esta materia que le competen, como el desarrollo de Ley de Dinamización del Medio Rural, norma aragonesa aprobada al final de la pasada legislatura por el cuatripartito; o el retraso en tramitar el Estatuto de la Mujer Rural.

Precisamente, el informe del Tribunal de Cuentas incide en que las medidas de la Administración General del Estado deben ser complementarias de las actuaciones que desarrollan las Comunidades Autónomas, porque muchas competencias que tienen que ver con políticas en materia de lucha contra la despoblación están descentralizadas.

Pero el documento del órgano fiscalizador estatal es claro en incidir en las “carencias” de la estrategia estatal y de sus “discordancias” con el Plan de 130 medidas para llevarla a efecto. Tanto la estrategia como el plan se diseñaron para impulsar la cohesión social y territorial con una vigencia para el periodo 2021-2023. Esa acotación temporal es precisamente una de las cuestiones que critica el Tribunal de Cuentas, además de advertir que se haya financiado en su mayor parte con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Eso ha llevado a que en la actualidad no haya un plan como tal, si bien existe el anuncio de que se va a presentar una nueva estrategia. La excusa que ha dado el propio Gobierno al órgano fiscalizador ha sido la ausencia de Presupuestos Generales del Estado en esta legislatura.

El Tribunal de Cuentas, en cualquier caso, destaca que “sin perjuicio de sus carencias, la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico constituye un hito trascendente” porque nunca antes se había diseñado un plan así. Es lo que le vale al Partido Socialista para responderle al PP cada vez que les critican, recordándoles que ellos, cuando gobernaron, no hicieron nada.

El Ejecutivo da por sentado así que más vale lo hecho que la ausencia de políticas en esta materia como cuando gobernó el PP, sin aceptar las críticas que le hace el Tribunal de Cuentas, que no buscan otra cosa que mejorar la gestión para que de verdad se luche contra la despoblación desde el Estado y todas sus administraciones.

Así quedó plasmado en el debate de la PNL que se llevó al Congreso en noviembre pasado en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico y que defendió la diputada del PP por Teruel, Raquel Clemente. La réplica socialista, que esgrimió el parlamentario Alfonso Rey de las Heras, fue afear a los populares que ellos no hicieron nada. Es el mismo discurso que con las ayudas al funcionamiento: lo importante no es aplicar una medida correctamente tal como viene determinado por la Comisión Europea, sino cubrir el expediente aunque luego no tengan la efectividad que se pretendía porque no llegan al 20% de las bonificaciones sobre los costes laborales.

Esa PNL de los populares salió aprobada e instó al Ejecutivo a que corrigiese los errores cometidos, además de incidir en la urgencia de aplicar el mecanismo rural de garantía y aprobar un estatuto básico de los pequeños municipios, que son fundamentales para combatir la despoblación como reconoce el Tribunal de Cuentas. La iniciativa se aprobó a pesar del voto en contra del PSOE porque Sumar (es el diputado de CHA, Jorge Pueyo, quien está en esta comisión) se abstuvo, después de que los populares no aceptasen sus enmiendas, y el apoyo de Vox, que inicialmente orientó su voto hacia otro sentido pero pidió volver a votar para que la PNL pudiera prosperar.

Tras aquella derrota socialista en el Congreso, los populares llevaron esta batalla al Senado hace dos semanas, donde tienen mayoría absoluta y tenían garantizado que saldría adelante. Lo hicieron interpelando primero a la ministra del ramo, Sara Aagesen, para después poder presentar una moción consecuencia de esa interpelación.

Falta de autocrítica

En el debate que mantuvieron el pasado 25 de noviembre en la Cámara Alta el senador popular José Manuel Hernando y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Aagesen defendió la gestión que se ha hecho de la estrategia y del plan y esgrimió cifras de crecimiento poblacional en el medio rural, pero omitió que esa evolución está por debajo de la que ha experimentado el país, y se negó a admitir las críticas constructivas del Tribunal de Cuentas. Insistió en que las políticas están surtiendo sus efectos, pero a diferencia de en otras intervenciones, no dijo nada de la futura estrategia que hay compromiso de sacar adelante. Sí se refirió a ella en cambio en el Congreso el diputado socialista Rey de las Heras, que avanzó el 19 de noviembre que se iban a presentar dentro de “pocos días” sin que de momento se haya hecho.

Tras esa interpelación los populares llevaron una moción a la semana siguiente, consecuencia de la misma, que se debatió en el pleno del Senado del pasado 2 de diciembre y que salió adelante como estaba previsto al tener mayoría absoluta. Incorporó una enmienda del Grupo Izquierda Confederal, que respaldó la propuesta de los conservadores, no así el PSOE que votó en contra como lo había hecho en el Congreso.

En ambas cámaras se instó al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto. En la última moción, aprobada la semana pasada, se incide en aquellos puntos sobre los que más preocupación muestra el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización.

El primero de los puntos del acuerdo aprobado pide que las medidas incluidas en el plan contra la despoblación que no se han cumplido se implementen ya por su “valor estratégico” para el desarrollo de los territorios despoblados. En concreto se refiere a la mejora de la financiación local, el desarrollo del Estatuto del Pequeño Municipio, y la implantación del Mecanismo Rural de Garantía.

Además, pide una “fiscalización y exhaustiva rendición de cuentas” de los fondos vinculados con el desarrollo de las medidas del plan para conocer con exactitud su destino y el “nivel de cumplimiento”. También que se elaboren indicadores para evaluar el impacto real del Plan de 130 medidas, en consonancia con la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, que es la norma que obliga a su vez a aplicar el mecanismo de garantía rural en las políticas públicas y las leyes que se aplican.

La incidencia del plan

En el debate de esa moción el PP afeó al Gobierno al calificar el Plan de 130 medidas de “estafa política” a partir de las cifras analizadas por el Tribunal de Cuentas, al considerar los populares que de los 13.500 millones de euros de este plan, solo 2.255 fueron destinados en verdad a políticas de reto demográfico y lucha contra la despoblación, es decir, menos del 17%.

En realidad, el informe del Tribunal de Cuentas es más generoso en cuanto al impacto de estas políticas, pero aun así lo reduce al 33,7%, porque el resto no fue diseñado para luchar contra la despoblación ni cumplir con los objetivos del reto demográfico, señala. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los fondos de este plan se han nutrido de los Mecanismos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, y se han destinado a políticas que también se han estado aplicando en el medio urbano.

En el informe del Tribunal de Cuentas se hace una estimación económica del impacto real a partir de la información facilitada por la Secretaría General de Reto Demográfico del Miteco, pero desprovista de los aderezos propagandístico que acompañan cualquier balance de gestión con independencia del color político de los gestores.

El resultado es que de los 13.419 millones de euros que el Miteco asegura que ha destinado a las políticas de lucha contra la despoblación, solo 2.255 millones son en realidad medidas para hacer frente al reto demográfico, si bien suma otras medidas perimetrales cuyo impacto es considerado alto y que ascienden a otros 2.260,5 millones de euros. Por tanto, el órgano de fiscalización considera “más prudente estimar que el impacto presupuestario directo del Plan de 130 medidas ha sido de 4.515 millones”, no los 13.419 millones de los que tanto habla el Gobierno. Eso supondría en realidad un 33,7%, una tercera parte de lo que en realidad se ha vendido como políticas de lucha contra la despoblación.

Pero además, el informe fiscalizador incide en la carencia de indicadores y la dificultad de evaluar las medidas vinculadas al Plan de Recuperación, cuya ejecución es hasta 2026, cuando el Plan de 130 medidas llega hasta 2023.

El Tribunal de Cuentas hace un informe muy pormenorizado de la estrategia y del plan y llega, entre otras conclusiones, a valorar que tanto por las carencias en su diseño como en realidad de medios, la intervención sobre los territorios que están en riesgo de despoblación ha sido “limitada”.

Mal focalizado

Junto a los análisis hace valoraciones y un aspecto que critica especialmente es que las políticas estuvieron dirigidas de forma genérica a los municipios pequeños, pero en cambio no se focalizó la atención con medidas específicas hacia aquellos que presentaban un riesgo de despoblación, que son las actuaciones que se vienen reclamando desde el territorio.

Dentro de las carencias importantes que señala el documento del organismo fiscalizador está que el tan cacareado mecanismo rural de garantía se haya quedado en un concepto teórico sin aplicación práctica, y que la respuesta de la propia Secretaría de Estado haya sido que está pendiente de la creación del Observatorio para el Reto Demográfico. Que no se haya creado este observatorio es una de las más importantes lagunas que aprecia el Tribunal de Cuentas, al igual que el hecho de que no se haya dado salida al tan demandado Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población, que era uno de los compromisos.

Evaluación

Durante el debate de la moción del PP en el Senado, la ministra de Reto Demográfico, Sara Aagesen, afeó a los populares que cuando gobernaron liquidaron la Ley 45/2007 para el Desarrollo sostenible del medio rural, que fue el primer instrumento que se creó hace ya dos décadas para la lucha contra la despoblación, mientras que ahora pretenden recuperar sus valores. “Fue paralizada a lo seis meses de la llegada de Rajoy, a mediados del año 2012”, criticó la ministra, porque primero los populares redujeron al “mínimo su presupuesto; de 200 millones a 27 millones, hasta desaparecer totalmente los presupuestos para esta ley”.

El informe del Tribunal de Cuentas señala ahora que los propósitos, objetivos y principios de esta ley “todavía son válidos para orientar la nueva política de reto demográfico”. Advierte en cambio que sus instrumentos organizativos han quedado superados con la nueva estructura de gobernanza de la política de reto demográfica creada por el Gobierno socialista. Plantea su recuperación tras haber quedado en el “olvido” con el traslado de las competencias del MAPA a la Secretaría General de Reto Demográfico.