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Carlos Reyero, director general de Forestalia: Carlos Reyero, director general de Forestalia:
Carlos Reyero es el director general de Forestalia

Carlos Reyero, director general de Forestalia: "No vamos a hacer oídos sordos al mensaje que han trasladado los vecinos en las consultas"

El alto ejecutivo justifica la necesidad de la MAT Valmuel-Begués por la falta de capacidad de evacuación en Aragón

El director general de Forestalia, Carlos Reyero, explica el punto de vista de esta empresa con respecto a los proyectos de energías renovables que promueve la empresa en la provincia de Teruel y justifica los motivos por los que la compañía ha diseñado varias lineas de Muy Alta Tensión (MAT) para la evacuación de la energía, una de las cuáles -la que arrancaría en Valmuel y terminaría en Begués (Barcelona)- ha sido ampliamente contestada en Teruel y, sobre todo, en Cataluña.

- Forestalia presentó a finales de julio el proyecto de una linea de Muy Alta Tensión (MAT) que atravesaría de oeste a este la provincia de Teruel y terminaría en la provincia Barcelona. ¿Para qué necesita Forestalia una linea de más de 270 kilómetros de longitud?
-Para hacer una instalación de este tipo se tienen que dar una serie de características o circunstancias favorables, la primera que haya viento o irradiación suficiente en la zona donde se pretende instalar un parque fotovoltaico o eólico. Ese terreno debe de estar cuanto menos poblado mejor y ser cuanto más extenso mejor para que el aprovechamiento económico sea mayor. Si miramos el mapa de Cataluña nos fijaremos en que es una zona intensivamente demandante de energía y que tiene una satisfacción de esa demanda muy baja mediante renovables, sobre todo si lo comparamos con Aragón, que tiene una gran capacidad de producción, porque tiene el recurso eólico en el Valle del Ebro y la Depresión del Ebro y un alto nivel de irradiación.

En Aragón se puede producir la energía, tiene baja densidad de población y está muy concentrada, cuando  Cataluña tiene un territorio densamente poblado, con una población dispersa y un aprovechamiento agrícola vinculado con fuertes inversiones en regadío que encarecen el terreno. Además, la orografía lo favorece, porque en Cataluña solamente hay recurso en una parte del Valle del Ebro, en la desembocadura del Ebro, en el Ampurdán y poca cosa más. Parece lógico tomar el recurso donde lo hay y llevarlo donde está la demanda.

Aparte de esto hay un análisis secundario, y es que hay que cumplir todo el paquete de restricciones medioambientales y administrativas. Nosotros consideramos que esa linea es conveniente para transmitir la producción de energía de Aragón para satisfacer la demanda en Cataluña. El proyecto se podrá realizar si cumple con todas esas condiciones, no sólo la disponibilidad de viento. Si tiene solución técnica, social, medioambiental y si tiene sentido económico, si la suma de todo es que sí, se hará y si hay algún elemento crítico no se podrá hacer. No es una imposición, sino una tramitación.

-¿No pueden evacuar la energía en nudos más próximos?
-No, si no, no lo estaríamos haciendo. Uno de los elementos que coadyuvan a que planteemos esta solución es que los puntos de evacuación en Aragón están saturados. Tenemos un centro con gran capacidad de producción y con una capacidad de evacuación limitada. Hay un estudio que si se pusiera en práctica redundaría en la mejora de la capacidad de evacuación de Aragón y otras zonas, pero eso todavía no está implantado.

El Plan B

-¿Tienen un plan B por si la MAT no se autoriza?
-El plan B es que lo que no se autoriza no se hace. Hay muy poca alternativa. Podemos pensar que se podrían hacer lineas de evacuación más cortas para proveer la energía a instalaciones específicas que se hicieran sobre el terreno, pero estamos hablando de mucha capacidad productiva para poder absorber.

-En Teruel han presentado alegaciones al proyecto entidades sociales y ayuntamientos, pero en Tarragona se han posicionado en contra de este proyecto desde asociaciones de agricultores, ayuntamientos, grupos ecologistas, la propia Diputación de Tarragona y hasta la consejería de Acció Climática. ¿Esperaban tanta oposición al proyecto?
-Corporativamente, no. Éramos conscientes de que hablar de cientos de kilómetros de linea de evacuación no era fácil. Si lo es una de 20 kilómetros, de muchos más también.

-La propia ministra de Transición Ecológica pronunció en el Senado y afirmó que este proyecto era “difícil de entender”.
-La ministra fue muy cuidadosa. Evidentemente, dijo que habría que remitirse al final de la tramitación, dio una opinión que no era demasiado favorable al proyecto, que era difícil de entender. La ministra tiene un conocimiento del sector más profundo que el que yo pueda tener, que soy un recién llegado en términos reales y, desde luego, es una opinión muy cualificada de alguien especialista en el sector desde hace muchos años y que, además, es la ministra.

- El Ministerio para la Transición Ecológica debe resolver las alegaciones al estudio de impacto ambiental del Clúster del Maestrazgo. ¿Qué respuesta esperan del Ministerio?
-En este proyecto ha habido un trabajo previo muy minucioso y largo con las corporaciones locales. Llevamos años explicando cual es el proyecto, se han hecho movimientos conducentes a socializar los beneficios. Este proyecto tiene diferencias con la linea MAT, porque estamos hablando de un proyecto de 3.000 megavatios, y hay cifras muy relevantes y que debemos tener en cuenta en relación al Clúster del Maestrazgo, y estas son que el PIB de la provincia de Teruel no llega a 3.500 millones de euros y la inversión de la que estamos hablando son 3.000 millones a desarrollar en un periodo corto de tiempo, en unas condiciones de belicosidad y enfrentamiento que son inexistentes en comparación con la MAT. Es otro mundo y, además, no solo es un negocio en el que haya que ganar dinero, sino que aquí, si no hay una rentabilidad conjunta económica y social, el proyecto no sale.

El impacto sobre la economía de la provincia de Teruel es descomunal, porque se trata de invertir en dos o tres años el PIB que tiene la provincia en la actualidad. Eso quiere decir que habrá una producción de riqueza en toda la provincia y en las partes afectadas. Habrá más tributación, rentas directas que percibirán los propietarios de los terrenos y los ayuntamientos afectados. Habrá una socialización de los beneficios económicos y de las dotaciones que pueden estar pendientes en poblaciones que son limitadas en habitantes y en recursos.
 

Imagen de archivo de la instalación de aerogeneradores


-¿Sería rentable para Forestalia continuar con el Clúster si el Ministerio de Transición Ecológica acota el número de proyectos o de megavatios?
-Yo no sé si puedo sacrificar 10 aerogeneradores o 40 megavatios de placas solares. Si el Administración, aplicando la legislación y teniendo en cuenta las alegaciones, decide que este proyecto sea más pequeño, tendremos que rehacer los números y decidir si sigue resultando rentable. La sociedad habrá tomado su decisión y nosotros tendremos que decidir si seguimos o no.

-¿En ese supuesto, cómo cambiaría el acuerdo que ustedes mantienen con el Fondo de Inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)  al que han vendido el desarrollo de los proyectos de Teruel?
-El acuerdo con CIP contempla la posibilidad de que algunos megavatios no salgan adelante, y hay unos mecanismos de corrección dentro del contrato que permitirán desarrollarlos o no.

-El acuerdo que tiene Forestalia con CIP es que el fondo de inversión es el que construye los parques eólicos en cuanto son aprobados por la administración, ¿no es así?
-Nosotros somos promotores, desarrolladores, pero también tenemos megavatios en explotación de nuestra propia cartera y tenemos un objetivo a medio y largo plazo de incrementar esa cartera. Forestalia es una compañía pequeña y sería absurdo que dijeramos que vamos a desarrollar una cartera que excede nuestras posibilidades, pero el modelo de negocio que hemos desarrollado hasta ahora y en el que seguiremos insistiendo -porque es un modelo de éxito y no lo hemos inventado nosotros, sino que se lleva a cabo con mucha frecuencia- consiste en que si, por ejemplo, tenemos 5.000 megavatios para desarrollar y nuestra capacidad financiera nos permite desarrollar 1.000, podemos prestar nuestros servicios de desarrollador y enajenar esa parte de cartera a favor de un tercero en el momento en que esté en condiciones de ser transmitida, ni antes ni después.

Forestalia ha sido muy cuidadosa en que esa tercera parte sea capaz de desarrollar y que, además, sean jugadores de largo plazo. Eso quiere decir que el fondo danés toma esos megavatios en condiciones de poder empezar a construir y luego se queda en el proyecto toda la vida una vez hace la construcción. Además, ese fondo tienen la robustez para garantizar que el proyecto se desarrolla.

A veces he escuchado decir que Forestalia especula con los megavatios, lo cual es falso, porque hacer especulación sería apostar por unos megavatios imposibles y endosárselos a un tercero a sabiendas de que son imposibles y no responsabilizarnos de su desarrollo. Forestalia hace lo contrario: si los megavatios no son viables y no llegan a estar listos para construir, no los vende, no cobra por ellos. Nuestro negocio no es endosar riesgo, sino mantener el riesgo en nuestras espaldas y enajenar o entregar un activo viable y consolidado. No hay especulación.

- ¿Qué grado de vinculación tendrá el fondo de inversión danés con los acuerdos que ustedes han firmado con los ayuntamientos del Maestrazgo?
-El fondo danés o cualquier tercera parte con la que nosotros tengamos un acuerdo asume los compromisos como son, tanto con la administración local como con particulares. Precisamente los daneses no son gente que se distinga por su frivolidad a la hora de realizar inversiones o en relación al cumplimiento de compromisos legales, medioambientales y formales.

- Existe la incertidumbre en la zona sobre el desmantelamiento de los aerogeneradores cuando acabe su vida útil en  25 o 30 años, si es que se tienen que desmantelar algún día.
- Si hay que desmantelarlos, el desmantelamiento corresponde al explotador y, de hecho, hay que aportar avales que garanticen que el desmantelamiento es posible y financiable. En cualquier caso, yo preguntaría cuántos parques eólicos se han desmantelado en el año 31 de su explotación.

-¿Cuántos?
-Ninguno, porque una cosa es la vida regulatoria de un parque eólico y otra su vida física y económica, y otro evento que puede suceder durante ese plazo es la repotenciación, que es una posibilidad que está ahí. Los primeros parques de renovables que hice en mi vida fue en 1998 y 1999, cuando los aerogeneradores tenían 1 megavatio de potencia instalada, y ahora estamos con aerogeneradores de 5 megavatios.

Antes las alturas eran de 50 o 60 metros y ahora se pueden subir a 85, a 90 o a 100. Si tenemos el recurso, en el año 20 de explotación habrá que examinar si interesa desde el punto de vista económico y si se cumplen los requerimientos sociales, si vale la pena desmantelar parte y volver a instalar generadores más potentes.

Los proyectos

-Forestalia ha presentado un desarrollo de siete proyectos en las comarcas del Bajo Aragón, Bajo Aragón-Caspe y Matarraña. ¿En qué estado está la tramitación de este grupo?
-Estos suman una potencia de 250 megavatios, han sido admitidos a trámite y saldrán a información pública en breve.

- En las consultas organizadas en el Matarraña, con dispar participación, el 90% de los votantes en Valdeltormo y el 70% en Valjunquera rechazaron los proyectos eólicos, mientras que en Mazaleón los ha apoyado el 54% del electorado que fue a votar. En La Portellada, los vecinos también se pronunciaron en contra. ¿Qué tiene que decir?
-Mi interpretación sobre la utilidad de esa consulta es que ese resultado refuerza la posición en cuanto a la actitud que la Corporación municipal debe tomar en relación a los proyectos. Me parece legítimo. ¿Cambia mi posición por eso? Yo tomo nota, porque, evidentemente, independientemente de que vaya el 35% o el 62% a votar, los vecinos están diciendo algo, y no vamos a hacer oídos sordos al mensaje, aunque habrá que atenerse a cómo se canaliza eso en relación a los permisos de los parques. Quiero dejar   claro que, para que cualquier parque eólico o fotovoltaico salga adelante tiene que contar con toda la tramitación, los permisos medioambientales, tramitación administrativa, acuerdos con los particulares, declaraciones de utilidad pública concretas, porque las instalaciones de generación tienen declaraciones de utilidad pública de salida, pero cada parque debe tenerla por sí misma.

Si se completa todo saldrán adelante  y si no no se harán. No puedo dejar de insistir en que esto no es una guerra ni una confrontación, sino unos intereses, una visión y una promoción y una valoración distinta de los mismos elementos basados en otra escala de valores. Si encontramos el equilibrio entre lo económico y lo social se harán. Si no, no.

- El consejero de Industria de Aragón afirmó meses atrás que se autorizarían proyectos que estuvieran medioambientalmente maduros y contaran con el apoyo del territorio. Parece que los del Matarraña no cuentan con ese apoyo ¿Se quedarán en el camino esos proyectos del Matarraña?
-¿Es una consulta de este tipo la medida exacta del apoyo del territorio? Con todos mis respetos, creo que no al 100%. Está la legalidad, el procedimiento, las restricciones medioambientales, administrativas, las soluciones técnicas, que unas veces son implantables y otras irrealizables. Todo suma. Si alguien se siente afectado debe poder manifestar esa afectación y alegar.

-Pero las energías renovables están declaradas de utilidad pública y una granja no.
-Una cosa es que los proyectos de generación eléctrica tengan carácter de utilidad pública y otra que el proyecto en su definición de detalle obtenga la declaración de utilidad pública concreta. Son cosas distintas. La declaración de utilidad pública se concede habida cuenta de que el beneficio social existe y se puede acceder a esos terrenos mediante el procedimiento expropiatorio.

Pero las administraciones vienen exigiendo unos umbrales mínimos de acuerdos para poder otorgar esa declaración de utilidad pública concreta. Por ejemplo, no puedo solicitar la declaración de utilidad pública concreta si no me he dirigido antes a los propietarios de terrenos afectados y si no he obtenido la conformidad de un porcentaje favorable de acuerdos. Es decir, por las bravas no se puede expropiar ni se tiene la utilidad pública concreta, sino que hay que ganársela y demostrar que se han conseguido los acuerdos suficientes con los afectados.

Burbuja

- En la última entrevista que le hizo DIARIO DE TERUEL, le preguntamos si existía una burbuja en la renovables. ¿Sigue pensando que no hay burbuja?
-Sigo pensando lo mismo y, además, es interesante la revisión de la pregunta. Podemos calificar de burbuja un escenario en el cual, de forma artificial o por motivos especulativos, se incrementan los valores de determinados activos sin que haya un incremento real o subyacente de los mismos, y eso está lejos de suceder en renovables. La tendencia a largo plazo es de crecimiento de ese valor, y también es inevitable que esa senda tenga dientes, que suba, se ajuste y luego vuelva a subir. No es justo hablar de una burbuja de renovables.

Si nosotros tenemos un activo que necesita llegar al estado de listo para construir para que el mercado nos lo valore y nos lo pague estamos hablando de cualquier cosa menos de una burbuja; si necesitamos llegar a tener el activo en explotación produciendo y exportando megavatios hora a la red y la red pagándonoslo, se puede hablar de cualquier cosa menos de especulación. Hay planes y se están fijando objetivos de 60.000 megavatios de renovables en el país en su conjunto, hay objetivos de la Unión Europea, una corriente social y política a favor de las energías renovables, especialmente social. Hay una demanda de energía limpia y eso no es una burbuja.

  -Según el Ministerio de Transición Ecológica hay más de 80 GW de potencia eólica y fotovoltaica con derechos de acceso y conexión a la red. Ese volumen es muy superior a las necesidades del país en la próxima década que, según el Plan Nacional  de Energía y Clima, serán de 60 GW en una década.
- Puede que haya algunos que se queden por el camino o quizá se superen esos 60.000 megavatios. Ese es el objetivo declarado, pero si hay más y todos se pueden instalar cumpliendo con la normativa nadie se quejará, porque habrá menos dependencia del combustible fósil, menos influencia de los ciclos combinados, del gas y de las nucleares, y estaremos cumpliendo aceleradamente el objetivo que nos hemos planteado como sociedad. No veo un problema en que haya 82.000 megavatios si se pretenden hacer 60.000.

- ¿Por eso esa carrera de las empresas energéticas por llegar a las zonas rurales a comprar y alquilar terrenos?
-Es que el Real Decreto de junio de 2020 ha cambiado el escenario con el que se manejaban estos proyectos. El Ministerio hizo expresa su voluntad de limpiar, por decirlo de alguna manera, de especulación el mercado y ajustarlo y por eso se concedió un periodo para renunciar a los derechos que se tenían si no se iba a cumplir el calendario que imponía el Real Decreto. La actuación del Ministerio ha sido coherente y ha tratado de limpiar la mesa para saber con qué puede contar.

-Forestalia tiene 3 GW adjudicados en Teruel. ¿Cuántos de GW están en marcha?
-Tenemos algunos megavatios instalados en Teruel pero que no forman parte de ese paquete de 3GW, que ahora está en tramitación y no ha empezado a construirse.

-¿Qué plazos barajan?
-Cuando se contraten las tramitaciones administrativas y las declaraciones de impacto favorables iremos construyendo y promoviendo.

 

 

 

 

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