El Gobierno habilita la vía para que los damnificados por los 114 incendios forestales registrados en los últimos dos meses, entre ellos el de Beceite, soliciten ayudas y subvenciones

El Gobierno ha habilitado este martes el procedimiento para que todos los damnificados por las 121 emergencias de protección civil registradas en España desde el pasado 24 de junio soliciten las ayudas de distinto tipo previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Entre ellas, ha incluido el incendio forestal que se produjo en La Pesquera, en Beceite, el pasado 7 de agosto, y que afectó a una superficie de entre 1 y 2 hectáreas.

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio del Interior, la declaración como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil todas aquellas en las que se han registrado episodios de estas características.

Desde el pasado 24 de junio, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha sido informado de 121 emergencias de protección civil: 114 corresponden a incendios forestales en situación operativa 1 o 2 registrados en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Navarra y Región de Murcia.

Los siete avisos restantes corresponden a riadas e inundaciones provocadas por episodios de lluvia intensa registrados el pasado mes de junio en las comunidades de Aragón, Castilla y León, La Rioja y Región de Murcia.

En el caso de los incendios, el acuerdo del Consejo de Ministros recoge las tres graves oleadas de grandes incendios forestales que, con diversa intensidad y gravedad, se han registrado en España en los últimos dos meses.

La primera tuvo lugar a finales de junio, cuando se produjeron diversos incendios forestales en Alicante, Madrid, Toledo, Sevilla y Valencia, todos ellos con situación operativa 1, lo que supuso la activación de los planes de las comunidades autónomas afectadas de sus planes de prevención y lucha contra incendios.

La segunda ola de incendios comenzó el 7 de julio con la comunicación del incendio en la provincia de Tarragona, en situación operativa 2, que deparó la muerte de una persona, seis más heridas y confinamientos de poblaciones. A partir del 11 de julio, se comunicaron al Cenem incendios en Cádiz, Ciudad Real, Toledo y Valencia.

La situación empeoró a partir del 17 de julio y los incendios aparecieron también en Alicante, Ávila y Madrid. El 19 de julio, el Cenem recibe alertas de incendio en Badajoz y Valladolid, y el 20 de julio se suman emergencias en Albacete, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Illes Balears, La Rioja, León, Ourense, Navarra, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Teruel.

La tercera y más destructiva ola de incendios comienza el 8 de agosto con la comunicación de incendios forestales en San Bartolomé de Pinares (Ávila) y Brazatortas (Ciudad Real). Desde esa fecha, nuevas emergencias surgen en León, Navarra, Ourense y Zamora.

El 11 de agosto, nueve incendios en situación operativa 2, de intensa gravedad, en Cáceres, Cádiz, León, Madrid, Ourense, Toledo y Zamora impulsan a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior a declarar, en la madrugada del 12 de agosto, la Fase 1 de Preemergencia del Plan Nacional Estatal de Emergencias para coordinar la puesta a disposición de todos los medios estatales a las comunidades autónomas afectadas por los fuegos.

El 12 de agosto, el Cenem recibe aviso de once incendios más, de la máxima gravedad, y Asturias y Huelva se suman a la lista de provincias afectadas. Desde entonces, los grandes incendios se suceden, afectando sobre todo a las comunidades de Asturias, Castilla y León, Galicia y Extremadura, y 15 de ellos siguen activos en la actualidad.

Ayudas

Como consecuencia de estos sucesos se han producido daños personales, en especial ocho personas fallecidas y un número todavía por cuantificar de heridos, así como destrucciones graves en infraestructuras y en bienes públicos y privados, que justifican la intervención de la Administración General del Estado por el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, complementaria a las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones territoriales.

El acuerdo del Consejo de Ministros recoge las ayudas directas competencia del Ministerio del Interior destinadas a paliar daños personales; materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes.

También prevé la posibilidad de que el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico apruebe una exención de las tasas para gestiones como duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, y también para la expedición del DNI.

Otras medidas competencia de otros ministerios podrán ser determinados beneficios fiscales (Ministerio de Hacienda), medidas laborales y de Seguridad Social (Ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y ayudas a las corporaciones locales (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

Los restantes departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública ubicadas en las zonas afectadas por estas emergencias de protección civil.