El PP celebra que sus enmiendas a la Ley de Movilidad “aseguren las 53 paradas de Teruel”

El Congreso ha aprobado de forma definitiva la Ley de Movilidad Sostenible incorporando veinticinco enmiendas del Partido Popular, entre ellas la que fija por ley que todas las paradas y frecuencias existentes en los municipios con línea estatal se mantengan tal y como están. La dirección provincial del PP en Teruel considera que la votación supone “una victoria amplia y contundente” que da estabilidad al transporte interurbano en la provincia.

El diputado popular Alberto Herrero sostuvo este viernes en rueda de prensa en Alcañiz que el texto final de la ley refleja “el trabajo y el esfuerzo del Partido Popular” tras semanas de negociación con otros grupos: aseguró que la enmienda que obliga al Gobierno a blindar las paradas era “la más importante para todos los turolenses”. Añadió que la votación confirmó que en la provincia “ninguno de los 53 municipios va a perder su parada de autobús”, a lo que suma que “tampoco los 151 municipios catalogados en Aragón” se verán afectados.

Desde el PSOE, sin embargo, el diputado turolense Herminio Sancho defiendió que “todas las paradas siempre han estado garantizadas” desde el diseño inicial del nuevo mapa concesional y que las enmiendas populares “solo quieren servir de justificación a sus acusaciones sobre la eliminación de paradas que al final no ha sucedido”.

Paradas

Por su parte, Herrero enmarcó esta aprobación en un contexto político “de legislatura agotada”, en el que considera que el Gobierno “ha perdido toda la confianza parlamentaria”. Lo expresó asegurando que lo que queda de gobierno de Sánchez “es una legislatura muerta, en la cual de aquí al 8 de febrero solo vamos a tener seis días de trabajo parlamentario y ninguno para aprobar leyes que ayuden a los españoles”. El diputado subrayó que su grupo presentó “ochenta y seis enmiendas” y destacó que la de mantenimiento de paradas no fue avalada por el Ejecutivo hasta que “otros partidos como Vox, el Grupo Mixto o Junts entendieron que era necesaria”. A su juicio, el PSOE había dado “una versión ambigua” sobre la continuidad del servicio que “no aseguraba nada”.

Por otro lado, los populares aseguraron que entre estas enmiendas se encontraba una sobre el Plan de Convergencia para la movilidad de todas las provincias de la España rural, dotando una partida económica extra de forma anual en los Presupuestos Generales del Estado “para poder identificar y planificar las deficiencias a nivel de infraestructura con el propósito de tener una movilidad básica en los municipios”.

 

La réplica llegó desde el PSOE, que también celebró la ley pero discrepó del relato del PP. El diputado Sancho afirmó que el texto aprobado es “una buena ley para todos”, incluso “pese a las enmiendas del Partido Popular”. Rechazó de manera explícita que hubiera riesgo sobre las paradas, insistiendo en que “siempre han estado garantizadas”, y recalcó que la acusación de los populares “no ha sucedido porque nunca estuvo encima de la mesa”.

Sancho defiendió el carácter transformador de la ley frente al enfoque que atribuye al PP, del que dijo que “va mirando el retrovisor” y pretende “volver a la Ley de 1974”, mientras que los socialistas “proponen una ley para avanzar, para una mayor sostenibilidad y un mejor servicio”.

El diputado también subrayó que el país gana con el conjunto de la ley al acceder a “una partida cercana a los 10.000 millones de euros en fondos europeos”, algo que, según añade, “tampoco ha querido valorar el PP, que prioriza el enfrentamiento político”. Según la nota de prensa emitida por el PSOE, desde el Ministerio de Transportes han recalcado que siguen adelante con sus planes para implantar el mapa concesional estatal de autobús “con los objetivos de reducir tiempos de viaje, mejorar el servicio y garantizar todas las paradas”. Tras la publicación, a principios de este mes, de las futuras licitaciones de 31 de los 34 corredores que conformarán ese mapa, aseguran que se implementarán “las alternativas que sean necesarias conforme a la Ley para ajustarlo”. Esta “modernización” de la red estatal reduce los contratos desde los 75 anteriores a esos 34, “permitiendo optimizar la gestión”.

A-68

El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, confirmó la preocupación existente en los municipios que integran la plataforma de seguimiento de la A-68. Explicó que llevan meses intentando formalizar una reunión con el Ministerio de Transportes para conocer el estado real de los trabajos, “sin haber obtenido todavía fecha”.“Hemos remitido la carta y hemos recibido un ‘sí’, pero no nos ha recibido nadie”.

Estevan subrayó que los ayuntamientos no piden más que claridad y un horizonte temporal verificable. “Reclamamos un calendario real, de los años que fuera, pero un calendario”, señaló, recordando que la ausencia de respuesta mantiene el proyecto “en punto muerto”.

El diputado Alberto Herrero sostuvo que la infraestructura de la A-68 acumula demoras significativas y que la legislatura ha transcurrido “sin un solo presupuesto general anual”, lo que -en sus palabras- se traduce en la paralización de proyectos clave para el Bajo Aragón. Según afirmó, “lo que se está haciendo es retardar los plazos con los problemas que ello significa”, en referencia al desfase temporal de los tramos actualmente en ejecución.