PP y PSOE chocan en la interpretación de la Ley de Movilidad y su incidencia en el territorio

El Partido Popular y el PSOE chocaron este jueves en la interpretación que cada uno hace de la Ley de Movilidad Sostenible, aprobada el pasado 8 de octubre en el Congreso, y su incidencia en el territorio con el mapa concesional de transporte público estatal. El popular Alberto Herrero insistió en que el texto aprobado supondrá la eliminación de las paradas en los pueblos de las líneas estatales, mientras que su homólogo socialista, Herminio Sancho, lo negó y aseguró que no se van a suprimir, a la vez que acusó al PP de “mentir” y “no asumir sus responsabilidades”.

La polémica volvió a estallar después de que Herrero ofreciera una rueda de prensa acompañado por otras parlamentarias populares de Teruel en las Cortes Generales, y tras difundirse las críticas que hizo al mapa concesional, el diputado socialista Herminio Sancho respondiese.

El motivo del choque entre ambas formaciones es el mapa concesional del transporte público de viajeros en autobús de las líneas estatales que comunican varias comunidades autónomas, que es una competencia estatal, y que es un desarrollo de lo planteado en la Ley de Movilidad Sostenible.

Cuando se presentó el proyecto del nuevo mapa concesional en la pasada legislatura provocó una gran contestación social y política puesto que el planteamiento era eliminar las paradas de estas líneas estatales en los pueblos con el fin de reducir tiempos de viaje entre los grandes núcleos de población.

En esta legislatura, el Gobierno lo volvió a llevar al Parlamento y finalmente el pasado 8 de octubre el Congreso aprobó la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que ampara los nuevos planteamientos de cómo han de ser los mapas concesionales, y que sustituye a la vieja Ley de ordenación del transporte del año 1987.

Cuando se aprobó, el diputado de CHA por Sumar, Jorge Pueyo, aseguró que gracias a las transacciones incorporadas se habían conseguido salvar las paradas de autobús en los pueblos, que en Aragón afectaban a 151 municipios.

En cambio, una vez publicado el dictamen definitivo de la ley, el diputado popular Alberto Herrero aseguró este jueves que el texto “no obliga a mantener las paradas de autobús en todos los municipios”. Ese fue precisamente uno de los motivos por el que los populares presentaron inicialmente una enmienda a la totalidad, además de haberlo hecho porque no entendían que se “demonizase el uso del vehículo privado cuando en la España más rural o hay transporte público o hay que moverse con vehículos propios”.

“Habría que preguntar al Gobierno de España cómo quiere que nos movamos los que vivimos en esta parte de la España rural”, dijo Herrero, que detalló algunas de las enmiendas parciales que presentó el PP y que decayeron pese a intentar atar con ellas el mantenimiento de las paradas en los pueblos.

En el caso de Aragón recordó que son 151 municipios los que se quedarían sin parada “si nadie lo remedia”, algo que afecta a una población de más de 134.000 aragoneses, de los cuales 25.000 son viajeros que utilizan de forma asidua este tipo de transporte. En la provincia de Teruel indicó que son 51 municipios y más de 33.000 turolenses los que se quedan sin parada.

Corredor 12

Puso como ejemplo el Corredor 12 del nuevo mapa concesional, que discurre entre Valencia y Madrid y cuyo anteproyecto salió a información pública este año, que elimina paradas en 77 pueblos, de ellos 11 en la provincia de Teruel en las líneas que enlazan con la capital española y la de la Comunidad Valenciana.

Herrero comentó que el texto recogido en la ley sobre esta cuestión es un “texto abierto que deja la posibilidad de que se puedan suprimir esas paradas”. Comentó también dos enmiendas presentadas por el PP que no fueron aprobadas y cuya intención es poder llevarlas también ahora al Senado, donde deberá votarse la ley antes de que regrese al Congreso para su aprobación definitiva.

En una de esas enmiendas los populares planteaban en una disposición adicional un Plan de Convergencia para el Acceso Básico a la Movilidad. En el texto propuesto por el PP se instaba a “garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la movilidad indispensable para lograr el posterior acceso universal a la movilidad sostenible”, con la finalidad de corregir los desequilibrios territoriales existentes en materia de acceso a infraestructuras de transporte.

En otra disposición transitoria los populares pedían incorporar el siguiente texto que fue rechazado: “El Gobierno no podrá modificar o suprimir rutas, paradas, frecuencias y horarios del mapa concesional en vigor a la entrada de la ley”, salvo que se convoque la conferencia sectorial para debatir el nuevo mapa concesional y se llegue a acuerdos con otras administraciones. Herrero consideró que de esa forma se “blindaban” las paradas en los pueblos, pero que tal como ha quedado el dictamen aprobado en el Congreso queda abierta la posibilidad de que “se puedan suprimir”.

La alcaldesa de Teruel y senadora del PP, Emma Buj, dijo que el nuevo mapa concesional no puede ir en detrimento de los pueblos y comentó que desde el Ayuntamiento se habían presentado alegaciones al Corredor 12 sin que se haya recibido contestación, al igual que pasó con las alegaciones con el Corredor Cantábrico-Mediterráneo presentadas a principios de esta década.

El diputado del PSOE Herminio Sancho replicó a través de una nota de prensa en la que aseguró que el Gobierno de España “garantiza que no se va a suprimir ninguna parada de transporte público en nuestros pueblos”, y acusó al PP de “querer convertir una mentira en una verdad y en una amenaza”.

Sancho afeó al PP de negarse a asumir sus responsabilidades y de boicotear la negociación con las comunidades autónomas, en una búsqueda permanente del “enfrentamiento institucional”. Indicó que la ley mejora frecuencias y horarios y que el Gobierno de Pedro Sánchez “no solo va a asumir todo el coste del despliegue de la norma, sino que, además, seguirá atendiendo todas las paradas intraautonómicas pese a no ser de su competencia”.

Conexión territorial

El texto finalmente recogido en la Ley de Movilidad Sostenible habla de paradas en “poblaciones principales”, además de atender la “función de conexión territorial”. El PP entiende que eso no da garantías para el mantenimiento de todas las paradas, mientras que el PSOE asegura que decir eso es confundir al ciudadano y garantiza que se mantendrán las paradas.

En concreto, el artículo 48.3 aprobado dice lo siguiente: “Las paradas intermedias de los servicios de competencia estatal serán, con carácter general, en las poblaciones principales del itinerario correspondiente, pero además se atenderá a la función de conexión territorial y de servicio de transporte público, favoreciendo el establecimiento de paradas que sirvan de conexión en aquellos lugares que no cuenten con otro transporte alternativo, sin perjuicio de que, cuando así lo justifique la demanda previsible, se pudieran atender otras paradas”.

Añade que “en el caso de que paradas que actualmente se encuentren dentro de las concesiones estatales se decida que sean prestadas por la Comunidad Autónoma con el objetivo de conseguir un mejor servicio y esto lleve aparejado un coste extra para la Comunidad Autónoma, se compensará económicamente por parte del Estado”. Además, deberá recabarse informe de las comunidades autónomas cuando salga a información pública el anteproyecto del establecimiento de estos servicios.