Polémica por las paradas de autobús tras la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible

La aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible el pasado miércoles en el Congreso ha reavivado la polémica por el temor a que se puedan suprimir paradas de autobús en las líneas estatales de transporte público por autobús. El Gobierno de Aragón mostró su preocupación a través de un comunicado por esa “posible supresión”, mientras que desde la Delegación del Gobierno en Aragón se negó que fuese así porque la Administración del Estado seguirá asumiendo esas paradas al no hacerlo la Comunidad Autónoma. En Aragón eran 151 paradas de líneas estatales, de ellas 62 en pueblos turolenses, las que estaban afectadas cuando se presentó el proyecto de ley.

En medio de esta polémica, el portavoz del grupo parlamentario Aragón Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, advirtió a través de una nota de prensa que en ningún sitio de la ley se ve “el compromiso de mantener las paradas existentes en la actualidad”.

El mismo día que se aprobó la ley en el Congreso, el diputado de Sumar por CHA, Jorge Pueyo, garantizó que las transacciones aprobadas salvaban las 151 paradas en pueblos aragoneses que inicialmente con el proyecto legal estaba previsto eliminar. Pueyo argumentó que con la ley en vigor, “las comunidades autónomas tendrán herramientas legales para exigir al Ministerio y poder evitar la eliminación de paradas”.

Ante la incertidumbre, el Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Ejecutivo aragonés volvió a expresar este jueves su preocupación por la posible eliminación de las paradas tras la aprobación del proyecto de la nueva norma con los votos a favor del PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, BNG y Junts.

El Gobierno autonómico indicó que van a permanecer atentos al recorrido de la nueva Ley de Movilidad Sostenible y su afección al transporte público estatal a su paso por las tres provincias aragonesas. El director general de Transportes de la DGA, David Sánchez Fraile, manifestó que “en función de cómo evolucionen los acontecimientos, desde el Gobierno de Aragón nos reservamos la posibilidad de ampliar las acciones informativas y de protesta en los municipios afectados por la supresión de los servicios estatales en nuestra comunidad autónoma”.

Ante estas manifestaciones, la Delegación del Gobierno de España en Aragón recordó que en relación al mapa concesional, las comunidades autónomas tenían de plazo hasta el pasado 15 de septiembre “para decidir si aceptaban la oferta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para gestionar ellas mismas las rutas intrautonómicas de autobús con una financiación de 40 millones de euros aportados por el Ministerio”.

La Delegación del Gobierno aclaró que Aragón está entre las diez comunidades que han rechazado el mapa concesional “o no respondieron a lo que se les preguntaba indicando solo que quieren que se celebre una conferencia sectorial”. Precisaron que “a pesar de la negativa y el bloqueo, el Ministerio ya anunció que seguirá prestando, a través de las concesiones de la Administración General del Estado, los servicios de las rutas en aquellas comunidades que no han aceptado el nuevo esquema”.

Enmiendas transaccionales

Las enmiendas transaccionales que garantizarían la continuidad fueron aprobadas en comisión en el mes de junio, según indicó el diputado de CHA, Jorge Pueyo. Una de ellas afecta al artículo 49 sobre servicios de transporte público estatales, que señala que las paradas intermedias de los servicios de competencia estatal serán con carácter general en las poblaciones principales del itinerario correspondiente.

No obstante, la transacción incorporada, según Pueyo, precisa que “además se atenderá a la función de conexión territorial y de servicio de transporte público, favoreciendo el establecimiento de paradas que sirvan de conexión en aquellos lugares que no cuenten con otro transporte alternativo, sin perjuicio de que, cuando así lo justifique la demanda previsible, se pudieran atender otras paradas”.

También se precisa que con carácter simultáneo a la apertura de un periodo de información pública del anteproyecto de establecimiento del servicio, “se recabará informe de las comunidades autónomas afectadas”. El primero de estos anteproyectos en salir fue el del eje Valencia-Teruel-Madrid, que eliminó casi todas las paradas intermedias, si bien fue antes de aprobarse en junio esa transaccional en ponencia, y que en teoría daría herramientas a las comunidades autónomas para que las paradas no sean suprimidas por el Estado en el nuevo mapa concesional si están en desacuerdo.

Desde el Gobierno de Aragón advirtieron que no van a permitir la eliminación de paradas en detrimento de la vertebración del territorio desatendiendo las necesidades de los habitantes de las zonas rurales.

El diputado autonómico de Teruel Existe, Tomás Guitarte, advirtió que lo aprobado en Madrid “no ha cambiado nada de lo denunciado con anterioridad porque los nuevos mapas de transporte siguen suprimiendo” paradas. Recordó que así está recogido en el caso del corredor C12 entre Madrid y Valencia por Cuenca, Guadalajara y Teruel.

Riesgo de desaparición

En Aragón peligran 151 paradas de líneas estatales, la mayoría de ellas en la provincia de Teruel según los datos facilitados este jueves por el Ejecutivo aragonés, si bien en número de usuarios la más afectada sería la de Huesca.

De mantenerse los planes iniciales, aunque desde el Gobierno central se asegura que las transacciones introducidas en la Ley de Movilidad garantizan la continuidad de las paradas intermedias al no haber sido asumidas por la Comunidad Autónoma, en la provincia de Huesca se suprimirían paradas en 50 municipios, lo que afectaría a un total de 26.500 usuarios. En la provincia de Teruel se suprimirían paradas en 62 municipios, afectando a casi 10.000 personas, y en Zaragoza en 39 pueblos, repercutiendo a casi 2.500 personas.

El MAR asegura que hay muchas dudas

El Movimiento de Acción Rural (MAR) ha pedido a los diputados aragoneses en las Cortes Generales que vayan al territorio a explicar en qué ha quedado la Ley de Movilidad Sostenible, aprobada el miércoles y de la que depende el mapa concesional que regula las paradas de las líneas estatales de autobús en los pueblos.

El MAR es uno de los colectivos que más se ha movilizado desde hace tres años para reclamar que no se supriman las paradas de autobús en los pueblos. A través de su página en Facebook, señalan que tras leer las enmiendas al texto original y las transacciones, y ver intervenciones y posteriores actuaciones, “aquí no hay quien se aclare”.

Argumentan que hay “un baile de fechas y normas que no hay quien las entienda”, todo ello desde el punto de vista del ciudadano de a pie, “sin ser técnicos ni graduados en estos temas”.

Piden que se explique al medio rural “en qué queda esto realmente”. Argumentan que han “luchado demasiado” durante tres años con este tema y “no queremos que acabe en dudas o malentendidos”.

Por ese motivo “lanzan el guante” a los diputados aragoneses en Madrid, “tanto los que votaron a favor como en contra, y vengan al territorio a explicarnos su posición y qué va a pasar a partir de ahora”.