El PP defiende en el Congreso el transporte rural con dos enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible

El Partido Popular defenderá en el Congreso dos enmiendas sobre la Ley de Movilidad Sostenible, que este miércoles se someterá a votación. Las enmiendas están relacionadas con el artículo 49 de la Ley que tiene que ver con el "problemático mapa concesional que ha creado el Gobierno de Pedro Sánchez, que afecta a diferentes puntos de España, entre ellos, pueblos rurales que se quedarían sin ningún tipo de conexión", ha denunciado el PP. Solo en la provincia de Teruel se verán afectados 50 municipios y 13.323 viajeros, recuerdan los populares.

Con esas dos enmiendas se solicita que se reafirme por escrito que ningún municipio perderá estos servicios. En caso contrario, reclama que se convoque la Conferencia Sectorial del Transporte y se llegue a un acuerdo con las comunidades autónomas  para una solución que sea financiada en su totalidad por el Gobierno de España.

Alberto Herrero, diputado nacional del Partido Popular, ha defendido que si no se aprueban las enmiendas “el próximo jueves estaremos en una realidad muy negativa para todos los turolenses”, ha informado el PP en una nota de prensa.

El borrador del mapa concesional fue impulsado por el Gobierno de Sánchez en el año 2022. Esto supone la suspensión de diferentes paradas en todo el territorio nacional, entre ellas Teruel, afectando a una gran cantidad de pueblos. Por ello, el Partido Popular de Teruel presentó en el mes de abril una PNL para frenar esta iniciativa, que fue aprobada por 139 votos a favor, 51 en contra y la abstención del Ejecutivo.

Alberto Herrero ha defendido que la decisión del Partido Socialista “va a costar cara a los aragoneses, sobre todo a los turolenses porque más de 13.000 se quedan sin este servicio de movilidad”

Los populares recuerdan que este mapa concesional del Ministerio de Transportes proponía eliminar 9.300 paradas, suprimir 456 rutas, dejando sin servicio a 1.417 municipios. Solo en la provincia de Teruel se suprimirían 50 paradas y 151 en Aragón. Muchas zonas rurales se verían en una total desconexión a causa de este plan. Además del coste añadido que les supondría a las comunidades autónomas: en los primeros años se financiaría con 40 millones de euros, aunque el coste total asciende a 110 millones de euros, lo que representa un incremento del 28%. Al terminar este plazo, el Gobierno de España no se haría cargo, indica el comunicado del PP. Herrero ha explicado que esta es una manera de “escurrir el bulto para eludir competencias”, concluye la nota de prensa.