La Cámara de Cuentas pide más medios de control interno para los consistorios pequeños

El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, señaló  a la falta de medios personales como la principal dificultad de los ayuntamientos pequeños para cumplir sus obligaciones de control interno y rendición de cuentas. Lo hizo en su comparecencia en las Cortes de Aragón para presentar los informes de fiscalización de las cuentas generales de 2018 de cinco ayuntamientos aragoneses, entre ellos el de Castelnou, en los que el organismo de control ha detectado gestión económica ilegal de los fondos públicos.

Esta fiscalización -a Castelnou se suman los consistorios de Valle de Hecho, Valle de Bardají (Huesca), Munébrega y La Vilueña (Zaragoza), se incluyó en la programación de la Cámara del año 2020 debido a la falta reiterada por parte de estas entidades locales del cumplimiento de su obligación de rendición de cuentas, explicó Peña ante la Ponencia de las Cortes de Aragón de Relaciones con la Cámara de Cuentas, en la que estuvo acompañado de la consejera de la institución y responsable de los informes, Rosa Montolío.

Peña, no obstante, indicó que los trabajos también han servido para conocer las dificultades que enfrentan estas administraciones a la hora de atender sus obligaciones. En este sentido, las auditorías han puesto de manifiesto que el principal escollo es la insuficiencia de medios personales destinados a ejercer las funciones de control interno, informó la Cámara de Cuentas a través de una nota de prensa.

Teruel como paradigma

Al respecto, el presidente del órgano autonómico de control puso el ejemplo de la provincia de Teruel, en donde únicamente 23 municipios están atendidos por secretarios-interventores con habilitación de carácter nacional, mientras que en 183 pueblos esta función la ejerce personal interino, en otros 21 son secretarios-interventores con nombramiento accidental y, en 9, ni siquiera existe constancia del título con el que están ejerciendo.

En opinión de Peña, es importante que las Cortes de Aragón trasladen esta situación y las recomendaciones al efecto recogidas en los informes a los órganos que tienen atribuida la función de dar asistencia y cooperación a las entidades locales aragonesas, que son las diputaciones provinciales y el Gobierno de Aragón.

En este sentido, Peña informó a los diputados de que la Cámara de Cuentas ha firmado un convenio con la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (FAMCP) y los colegios provinciales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) para avanzar en la mejora de la gobernanza de los municipios aragoneses mediante formación, mejora de los actuales recursos técnicos y resolución de consultas.

Colaboración

Igualmente, anunció su intención de extender la labor de colaboración a las diputaciones provinciales y la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón para que todos los agentes que tienen un papel en esta materia puedan remar en la misma dirección. Con todo, el nivel de rendición de cuentas en Aragón en 2019 fue del 94%, uno de los más elevados de España.

Por su parte, Montolío explicó que, a diferencia de otros informes de fiscalización, en las auditorías de los cinco municipios señalados las recomendaciones se han incluido tras la fiscalización concreta de cada área, con el fin de que sean más útiles y pedagógicas a los ayuntamientos. Recordó las recomendaciones comunes a todas las entidades en material de personal, contratación y ejercicio del control interno, y respondió a preguntas de los portavoces parlamentarios.

Estos coincidieron en destacar la necesidad de que las pequeñas entidades locales dispongan de la asistencia necesaria de las administraciones supramunicipales para enfrentar las dificultades técnicas que la rendición de cuentas y la gestión de los recursos económico-financieros pueda suponer. En este sentido, insistieron en que las funciones de secretario-interventor sean desempeñadas por profesionales de habilitación estatal y, en los casos en los que sean ejercidas por personal interino, que éste tenga las capacidades necesarias.

La fiscalización de Castelnou

Respecto al Ayuntamiento de Castelnou, el auditor observa en su informe específico que, a pesar de su escasa población, el presupuesto municipal supera el millón de euros y es el tercer municipio de Teruel en gasto por habitante (5.691 euros). Esta situación se justifica, principalmente, por los ingresos tributarios que genera la planta de ciclo combinado instalada en el municipio.

El presupuesto inicial de ingresos y gastos ascendió a un total de 1.163.870 euros en 2018. En opinión de la Cámara, la cuenta general “expresa, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados económicos y presupuestarios”. Cumple con el principio de estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto. 

Sin embargo, con respecto al cumplimiento de la legalidad en la gestión económica de los fondos públicos, la Cámara emite una opinión “desfavorable”, como en otros tres de los cinco municipios auditados a excepción de Valle de Hecho.

En general, los consistorios carecen de inventario de bienes y derechos o de su actualización, lo que afecta a la corrección de los estados contables. También se incumple el deber de archivo y documentación. Los secretarios-interventores no han ejercido un control interno suficiente.

Entre los incumplimientos de legalidad, la Cámara señala la liquidación de gastos e ingresos al margen de la normativa aplicable, especialmente en el área de contratación, o ausencia de actas de las sesiones plenarias. Los cinco ayuntamientos reflejan algún incumplimiento en materia de personal.

Retribuciones dudosas

Según el informe, el alcalde, José Miguel Esteruelas, desempeñaba en 2018 su cargo con dedicación exclusiva, percibiendo 33.417,12 euros brutos. Sin embargo, no consta que el pleno haya aprobado tal régimen retributivo y de dedicación. No se ha dado publicidad y ni siquiera es legal, pues según la ley no pueden tener dedicación exclusiva –como mucho el 75%– miembros de corporaciones de poblaciones inferiores a 1.000 habitantes.

Además, Castelnou asumía más de un 40% de las retribuciones del secretario cuando su dedicación semanal en la agrupación secretarial que constituía ese año junto a Samper de Calanda apenas era del 16%.

El tercer puesto remunerado, el de administrativo, también presenta irregularidades, tanto en el contrato de la trabajadora como en el proceso selectivo efectuado en su día. No hay expedientes de contratación, ni publicidad de los mismos, ni bases reguladoras ni convocatorias para subvenciones.

Por otra parte, se contabilizaron como “gasto por suministros, comunicaciones y otros servicios” dos retiradas de efectivo por un total de 5.600 euros para los que no consta acreditación del gasto realizado. Tampoco hay transparencia en la forma de uso del convenio –entre 250.000 y 300.000 euros anuales adicionales– con la propietaria de la central de ciclo combinado.

Propósito de enmienda en Castelnou

“El secretario anterior se jubiló haciendo las cosas mal. Pero quiero hablar del futuro y hacer las cosas lo mejor posible para que nadie nos pueda volver a llamar la atención, ni la Cámara de Cuentas ni nadie”. Este es el propósito de enmienda que hace el alcalde en funciones de Castelnou, Tomás Herrera, que cobra un 25% de dedicación parcial.

Como primera medida, el Ayuntamiento de Castelnou y el de Samper de Calanda han disuelto la agrupación para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención, con el objetivo de que cada municipio tenga el suyo. Así figura en una resolución, de 18 de agosto de 2021, de la Dirección General de Administración Local, por la que se reservan ambas plazas a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.

“Castelnou tendrá un secretario a 36,5 horas en exclusiva, que es lo que necesita”, dijo Herrera, que aseguró que en este momento cuenta con un secretario accidental, una situación en la que han estado los últimos cuatro responsables “por una razón u otra”.

“No se va a sacar ningún contrato sin hacerse público. Haremos lo que nos obligue la ley en todo y apoyaremos a las administrativas con toda la ayuda que haga falta”, destacó el sustituto de Esteruelas, actualmente de baja. Recientemente, el consistorio sacó a licitación un servicio de gestoría y confección de nóminas.