Paralizan la expropiación en los pueblos afectados por el Clúster Maestrazgo en Castellón

El viernes 5 de septiembre se comunicó a los ayuntamientos de Castellón afectados por el Clúster Maestrazgo la paralización del procedimiento expropiatorio, mediante una notificación del Jefe de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación de Gobierno de Castellón, según explicaron a través de un comunicado de prensa desde la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel.

Desde la plataforma Indican que en la provincia de Teruel todavía no se había iniciado este procedimiento expropiatorio, que por ahora se había centrado en las zonas de Castellón por las que discurre la línea de evacuación.

En el escrito se comunicaba la suspensión de la ejecutividad de las resoluciones otorgadas al citado proyecto, al existir recursos pendientes de resolución en los que se solicitaba la suspensión. Todo ello de acuerdo con el art 117.3 de la Ley 39/2015.

Desde la plataforma apuntan que esta resolución es consecuencia de los Recursos de Alzada presentados por la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, en los que se solicitaba la suspensión cautelar de los actos recurridos. El objetivo que perseguían, según apuntan era, “evitar las posibles afecciones que el proyecto pudiera ocasionar y en el principio de cautela que recomienda no hacer nada que pueda causas daños que no se puedan revertir, como es el caso del Clúster Maestrazgo que afecta a Red Natura 2000 y puede causas afecciones significativas en las espacies vegetales y animales que condicionaron su declaración, así como la preservación de espacios de singular valor ambiental y paisajístico”.

La citada Ley dice expresamente que si se solicita la suspensión por parte de algún recurrente y no es resuelta en el procedimiento administrativo en el plazo un mes, se aplicará el silencio positivo, que es dar la razón al solicitante, y en este caso se considera suspendido el acto recurrido, dicen en la nota de prensa.

La Plataforma solicitó esta suspensión cautelar en los Recursos presentados, que al no ser contestados lleva a su aplicación. Como el proyecto del Clúster está inmerso en un contencioso administrativo ante el tribunal supremo y ante el tribunal superior de Madrid, la resolución de la solicitud la deberá resolver el jugado, y esto es lo que ha llevado a suspender el procedimiento expropiatorio, según argumentan en el comunicado de prensa.

Los vecinos de las localidades de Morella, Cinctorres y Portell recibieron en el mes de Julio notificaciones con la citación para el levantamiento de actas previas a la ocupación, lo que significa iniciar el procedimiento de expropiación para aquellos propietarios que no hubieran firmado voluntariamente el contrato con la empresa. Las fechas estaban marcadas para las dos últimas semanas de septiembre.

Contratos

La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel matiza que ahora todo queda en suspenso y la expropiación derivada de la declaración de utilidad pública se paraliza hasta que el contencioso administrativo resuelva la solicitud de forma expresa.

Puede ser un periodo bastante largo en el que no se podrá dar inicio a las obras, ni llevar a cabo ninguna actuación, “se entiende que tampoco en las fincas de los propietarios que sí han formalizado contrato, pues el proyecto es único y no se puede ir saltando las fincas sin contratos, que a pesar de lo que se ha dicho, son bastantes por los contactos que ha mantenido esta Plataforma”, especifican.

CIP responde

Fuentes de Copenhaguen Infrastructure Partners (CIP), promotora del Clúster Maestrazgo, confirmaron que las convocatorias para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto en Castellón han quedado anuladas al existir recursos administrativos pendientes de resolución por parte del Ministerio. No obstante, resaltaron que el proyecto “sigue avanzando con firmeza en todas las líneas de trabajo necesarias para el inicio de obras” y que no está "judicializado".  

CIP señaló que cualquier ciudadano puede interponer un recurso administrativo, como ha ocurrido en este proyecto y suele ocurrir en cualquier proyecto de infraestructura. “En este caso hay agrupaciones que han decidido, con un afán claro de bloquear los recursos del Ministerio, interponer recursos de alzada que son meras copias unos de otros, y carentes de toda base jurídica y rigor técnico”, en un número tal que ha impedido al Ministerio responderlos en tiempo y forma a estos recursos administrativos, apuntó la compañía, que espera que se resuelvan en las próximas semanas.

“Desde la compañía nos sorprende que una agrupación que dice defender el territorio no apoye un proyecto refrendado por el 100% de los municipios, que además de una fuerte generación de empleo, implicará tan solo en impuestos y tasas municipales el pago de uno 136 millones de euros, los cuales permitirán mejorar la vida de los vecinos y la creación de riqueza en la comarca”, señalaron desde CIP.