Piden entre 3 y 23 años al conductor que provocó un accidente y causó una muerte en La Puebla de Valverde

Las partes personadas en el caso del conductor que provocó un accidente de tráfico en noviembre pasado en La Puebla de Valverde por conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol, y que provocó la muerte de otra persona, solicitan una pena de prisión de entre 3 y 23 años para el causante del siniestro, al que acusan de un presunto delito de homicidio.

La diferencia entre las penas solicitadas se debe a la calificación provisional que han realizado del tipo penal, ya que mientras la Fiscalía y la acusación particular consideran que cometió un delito de homicidio por imprudencia grave, la otra parte personada, la Asociación de Defensa de Víctimas de Delito Especializada (Adive), considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por dolo eventual, es decir, que el conductor que provocó el accidente era consciente de que su conducta, por el estado en que conducía y tener antecedentes, podía tener consecuencias delictivas.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel ha dictado auto de apertura de juicio oral contra A. C. B., y declara que el órgano competente para juzgar al encausado es la Audiencia Provincial de Teruel, que deberá señalar próximamente la fecha en la que se celebrará la vista oral.

Los hechos ocurrieron el 12 de noviembre del año pasado cuando el acusado conducía una furgoneta y colisionó contra otro vehículo al invadir el otro carril a la altura del punto kilométrico 9,800 de la carretera A-232, en el término municipal de La Puebla de Valverde.

A causa del choque falleció el conductor del vehículo que circulaba por el carril que invadió la furgoneta, un vecino de Mora de Rubielos que era guardia civil en la reserva y muy conocido en la zona. Aunque fue trasladado al Hospital Obispo Polanco de Teruel, murió debido a la gravedad de las lesiones.

En los escritos de las partes se argumenta que el acusado conducía con sus facultades psicofísicas alteradas por el consumo de cannabis y cocaína, así como la ingestión de bebidas alcohólicas. En las pruebas de alcoholemia arrojó 0,77 y 0,78 miligramos/litro.

La Fiscalía de Teruel le acusa de un delito de homicidio por imprudencia grave, por el que le pide 3 años de prisión, y de otro delito contra la seguridad vial en relación concursal especial en materia de seguridad vial, por el que solicita 4 años de privación del derecho a conducir vehículos de motor. Además, pide diferentes indemnizaciones para los familiares de la víctima.

La acusación particular eleva en un año la pena privativa de libertad y solicita 4 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave. También solicita 6 años de privación del derecho a conducir vehículos de motor por delitos contra la seguridad vial en las modalidades de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y por conducción temeraria. Igualmente solicita el pago de la correspondiente responsabilidad civil.

La Asociación de Defensa Integral de Víctimas Delito, también presente en la causa como acusación popular, es la que más condena pide al entender que se trata de un delito de homicidio por dolo enventual, por el que solicita 15 años de prisión. Por otro delito de conducción temeraria con claro desprecio para la vida humana solicita 5 años de prisión y la privación del permiso de conducción por 10 años, mientras que por un tercer delito de daños en propiedad pide otros 3 años, y además la indemnización a los familiares de la víctima en concepto de responsabilidad civil.

El abogado de Adive, Jorge Piedrafita, justificó la petición de una pena tan elevada por homicidio doloso y no imprudente, conducción temeraria y bajo los efectos del alcohol “ante la gravedad de los hechos que acabaron con la vida de un guardia civil”.

Piedrafita indicó que desde la acusación popular “se defenderá la posición de la máxima pena para que los familiares sean resarcidos y la sentencia sea lo suficientemente disuasoria para evitar kamikazes que ponen en riesgo la vida e integridad de la ciudadanía”.