Teruel Existe prepara alegaciones frente al almacén de CO2 en el Maestrazgo

El movimiento ciudadano Teruel Existe ha vuelto a criticar este jueves el proyecto de almacenamiento masivo de CO2 que está previsto instalar en varios municipios del Maestrazgo y ha advertido de que la destrucción del territorio para la instalación de macro renovables es la puerta de entrada a otros proyectos extractores y especulativos, que destrozarán esa zona de alto valor medioambiental por lo que presentarán alegaciones, han explicado en una nota de prensa.

Así lo han manifestado este jueves en rueda de prensa los portavoces del grupo de energía del movimiento ciudadano Teruel Existe, Ernesto Romeo y Joaquín Gargallo, quienes han detallado el proceso que se va a llevar a cabo para poner en marcha el proyecto de almacenamiento de CO2 y han anunciado que están trabajando en la redacción de alegaciones para ofrecer a alcaldes y vecinos.

Romeo ha explicado que la resolución de la solicitud del permiso de investigación para este proyecto de almacenamiento masivo de CO2 en los municipios de Cantavieja, Mirambel, Tronchón, La Cañada de Benatanduz y Villarluengo se publicó en el BOA el pasado 18 de julio y que la empresa solicitante es Iberia Decarb Hub Aragon, sociedad vehicular de Nexwell Power.

Además, ha detallado que este proyecto de almacenamiento está considerado el mayor propuesto en España, con alrededor de 100 millones de toneladas de CO2 y un área de 13.534 hectáreas. “Es la evidencia de cómo quieren destruir el Maestrazgo completamente para esquilmar sus recursos, sin tener en cuenta su patrimonio natural y cultural ni a sus vecinos, y sin una ordenación del territorio, que podría haber determinado el modelo de desarrollo de cada comarca”, ha insistido Romeo.

La ley de Minas reduce los trámites

Por su parte, Gargallo ha precisado que para la tramitación de este proyecto se va a utilizar la Ley de Minas. Esta normativa, que van a utilizar para el permiso de investigación, posteriormente permitiría el de exploración, para que la compañía —una empresa vehicular con apenas 3.000 euros de capital social— realice este tipo de estudios.

Una vez localizada la capa permeable donde se pudiera almacenar el CO2, el proyecto podría continuar sin evaluación ambiental ni consultas públicas. “Es ahí donde el Gobierno de Aragón dice que no tiene nada que ver, cuando en realidad sí lo tiene, tanto en la ordenación del territorio como en todas las autorizaciones de minas porque las realiza el Gobierno de Aragón", ha apostillado.

Además, el portavoz del movimiento ciudadana ha recordado que aunque las cuadrículas mineras abarcarían 13.543 hectáreas, en el subsuelo no hay fronteras, por lo que podría afectar a más municipios colindantes. “Es totalmente irregular tramitar una instalación industrial de estas características, de almacenamiento de CO2, como si fuera una mina. Se trata de una instalación industrial y, por tanto, debería ubicarse sobre suelo industrial o, en todo caso, tramitarse como una industria y obtener Declaración de impacto ambiental al ubicarse sobre suelo no urbanizable”, ha añadido.

Por otra parte, Gargallo ha indicado que el permiso de investigación se tramita en las minas para asegurarse que hay mineral para extraer en cantidad suficiente. Aquí, como no se trata de extraer nada, no tiene ningún sentido el permiso de investigación que posteriormente concede los de extracción con mucha facilidad y sin declaración de impacto ambiental. “Esta fase de obtención del permiso de investigación es la última oportunidad que tiene el ciudadano para alegar contra el proyecto, pues, en las fases sucesivas, ya no existe información pública”, ha añadido.

Preparan alegaciones que ofrecerán a ayuntamientos y a toda la sociedad

Ante este procedimiento, Joaquín Gargallo ha manifestado:“Estamos ante un proyecto absolutamente especulativo, con la misma forma de trabajar que el Cluster Maestrazgo: empresas vehiculares que solo se dedican a la tramitación y luego venden al mejor postor”. Por este motivo, ha aseverado que la manera de proceder del movimiento ciudadano Teruel Existe será la misma: “presentando alegaciones y poniéndolas a disposición de ciudadanos y administraciones" para que se  pueda defender el territorio su forma de vida, que "ya es sostenible”.

En este sentido, Ernesto Romeo ha apostillado que ahora los alcaldes tienen la oportunidad de posicionarse realmente, junto a la defensa del territorio o con el expolio de los recursos, porque ha considerado que son dos modelos incompatibles entre ellos. El modelo blanco, sostenible, poniendo en valor el patrimonio natural y cultural, junto a la agricultura, la silvicultura y ganadería extensiva. Y el modelo negro, con proyectos expoliadores que devoran y vacian el territorio, y que atraen más proyectos especulativos contaminantes y extractores de recursos.

“Es muy agradable ahora escuchar a los alcaldes defender el patrimonio del Maestrazgo, pero hay que recordar que ellos tuvieron una reunión con la empresa y no dijeron nada. La primera noticia que se conoció de este proyecto fue porque lo dio a conocer el Colectivo Sollavientos. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Esperemos que mantengan su posición y presenten alegaciones, porque no olvidamos que con las macro renovables no tuvieron ningún problema en modificar sus planes generales de ordenación urbana para adaptarse a las exigencias de las empresas”, ha concluido.