Teruel: el camino hacia la resiliencia territorial

Nicolás López Sancho Politólogo, miembro del Joven Consejo Científico del Instituto de Estudios Turolenses
 

Corría el año 2019 y la despoblación, pese a tener ya un importante espacio en el debate provincial, ganó una especial relevancia en el debate público nacional. Medios de comunicación, campañas políticas e instituciones comenzaron a incluirla en sus discursos, señalándole como una fractura creciente entre lo rural y lo urbano. En ese contexto, Teruel, junto a otras provincias del interior, se convirtió en un símbolo emergente de un problema latente que comenzaba a visualizarse de forma masiva.

La despoblación no es algo extraño para los turolenses, desde mediados del siglo XX en Teruel y en otras provincias de España, se presentó un potente proceso de pérdida de habitantes. Con su clímax entre las décadas de 1950 y 1980. El régimen franquista se impulsó desde un modelo de desarrollo basado en la industrialización concentrada en grandes polos urbanos. Fue una política que apostó por el abandono del campo y el éxodo hacia las ciudades, desplazando a miles de personas en busca de servicios y oportunidades. En el caso concreto de Teruel, la provincia alcanzó su máximo poblacional en torno a 1950, con unos 265.000 habitantes. Desde entonces, comenzó un descenso progresivo: en 1981, la población era de 176.000, y en 2025 supera los 135.743 habitantes, según datos del INE. En setenta años, pese a que la provincia ha perdido el 45% de sus habitantes, la mayoría de ellos, fueron en la dictadura.

Esto invita a reflexionar sobre el papel de las instituciones democráticas. Pese a las críticas que a menudo se dirigen a las políticas públicas y su eficacia, lo cierto es que la democracia ha funcionado como un salvavidas para muchas zonas rurales. Conforme ha avanzado la consolidación institucional, también lo ha hecho la capacidad de reacción ante el declive demográfico. Hoy en día, la provincia de Teruel parece haberse estabilizado en una suerte de valle demográfico, donde comienzan a vislumbrarse pequeños signos de recuperación.

Esta recuperación incipiente tiene mucho que ver con la descentralización institucional, el diseño de políticas públicas más adaptadas y una mayor concienciación social sobre el valor del medio rural. Los retos, no obstante, siguen siendo enormes. Pero también lo son las respuestas que empiezan a emerger desde los propios territorios. Porque más allá de esperar soluciones desde fuera, es imprescindible profundizar en procesos democráticos que permitan a las comunidades rurales generar resiliencia territorial.

Aquí entra en juego una dimensión que nos interpela directamente desde la politología: ¿cómo se construye políticamente la despoblación? ¿Qué papel juegan las instituciones locales en la creación de soluciones? ¿Qué significa realmente “resiliencia territorial” en un contexto como el turolense?

El auge del concepto de “España vaciada” marcó un antes y un después. Fue una operación discursiva que logró trasladar a la agenda política una problemática que durante décadas se había analizado únicamente desde una óptica técnica o demográfica. Ese marco logró conectar la situación del interior con una idea de agravio, de injusticia territorial.

Supuso una forma de politizar el abandono histórico del mundo rural, transformándolo en demanda colectiva.
 

Desde la ciencia política, este proceso puede analizarse como la creación de un nuevo marco interpretativo. Tal como señala Manuel Castells, “quien domina el relato, condiciona las políticas”. Durante un breve periodo, el mundo rural ocupó titulares nacionales y espacios centrales en los programas políticos. Sin embargo, la irrupción de la pandemia y la saturación del discurso provocaron de nuevo el ostracismo mediático. A esto se sumó un problema de fondo: la homogeneización de las causas y soluciones. No todos los territorios se despueblan igual ni requieren los mismos tratamientos. El envejecimiento en Teruel no es el mismo que en Zamora, ni el potencial económico de Cuenca es igual que el de Soria.

Por eso hay que volver a bajar al territorio, donde hay dos actores esenciales para revertir esta situación: las administraciones locales y el tejido asociativo. Son las que dinamizan, fijan población y sostienen el día a día de los municipios. Porque la lucha contra la despoblación tiene tres pilares: vivienda, dinamismo social y empleo. Sin estos tres elementos, ninguna estrategia puede sostenerse a largo plazo.

En cuanto a la vivienda, muchas localidades carecen de oferta disponible para nuevos habitantes. Los ayuntamientos tienen presupuestos muy limitados y las políticas autonómicas o estatales no siempre llegan con la intensidad necesaria. Se necesita abrir nuevas vías de financiación para la rehabilitación de vivienda municipal, la construcción de vivienda pública en suelo municipal y ayudas específicas para quienes quieran emprender y asentarse en el medio rural.

Las administraciones superiores deben ver a los ayuntamientos como aliados estratégicos. Son ellos quienes conocen mejor el terreno y quienes pueden ejecutar las medidas de forma más efectiva. Esto debe ir de la mano del segundo pilar: el dinamismo social. Las iniciativas culturales y comunitarias que se desarrollan en el territorio son semillas de resiliencia. No solo promueven la vida social, sino también la participación política y el arraigo identitario.

Y finalmente, el empleo. La simplificación de trámites administrativos, el fomento del empleo público rural y un diseño fiscal adaptado a las peculiaridades territoriales pueden marcar una diferencia real. En los últimos años se han impulsado iniciativas como la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, se han creado comisionados, fondos europeos y programas como los PERTE rurales, el FITE o los fondos MINER. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿están bien diseñados? ¿Están llegando a quienes realmente los necesitan?

El reto es diseñar políticas públicas personalizadas, con planificación a largo plazo, escucha activa y visión de futuro. No basta con inyectar fondos: se necesita gobernanza. No basta con señalar culpables externos: hay que construir soluciones desde dentro. Es importante recordar que gran parte de estos fondos se han gestionado directamente desde la provincia.

La despoblación ha sido durante décadas un síntoma de desigualdad, pero también puede convertirse en una oportunidad para redefinir nuestra relación con el territorio. En lugar de hablar de una España vaciada como un espacio de pérdida, podemos hablar de una España por reinventar. Una España donde la participación ciudadana, la sostenibilidad ambiental, la cercanía institucional y la innovación democrática sean motores de futuro.