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Admitida a trámite la demanda de los afectados por el derrumbe de la calle San Francisco contra el Ayuntamiento de Teruel Admitida a trámite la demanda de los afectados por el derrumbe de la calle San Francisco contra el Ayuntamiento de Teruel
Concentración ante el ayuntamiento el pasado viernes, al cumplirse dos años del derrumbe de la calle San Francisco 21

Admitida a trámite la demanda de los afectados por el derrumbe de la calle San Francisco contra el Ayuntamiento de Teruel

La reclamación por responsabilidad patrimonial sigue adelante tras un año de silencio administrativo
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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto el pasado viernes por los reclamantes y perjudicados por el derrumbe del edificio de la calle San Francisco 21 de la ciudad, ante la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial frente al Ayuntamiento de Teruel que presentaron el 12 de junio de 2024.

El siguiente paso en el proceso judicial es que el consistorio remita al juzgado, en el plazo de veinte días hábiles, el expediente administrativo formado tras la reclamación y emplace a terceras personas que aparezcan en el expediente como interesadas para que puedan personarse, como codemandados, al lado del municipio demandado, en el proceso judicial, para defender sus derechos e intereses legítimos. 
Así lo ha señalado en un comunicado enviado a los medios la Plataforma de Afectados por el derrumbe del edificio número 21 de la calle San Francisco de Teruel.

Los vecinos presentaron este recurso tras lo que consideran inacción del consistorio al no obtener respuesta a la demanda que interpusieron para la reclamación de responsabilidad patrimonial frente al Municipio de Teruel en junio en 2024.

La pasada semana, el abogado de los afectados, José Manuel Aspas, anunció que los vecinos iban a acudir a la justicia ante lo que consideran consideran una estrategia dilatoria del Ayuntamiento, al que consideran responsable de retrasar voluntariamente la resolución sobre la responsabilidad del derrumbe.

Esto permitirá, que un juez evalúe el caso, ya que el Ayuntamiento no ha emitido resolución expresa, lo que relega y retrasa los derechos de los vecinos perjudicados, explicaba Aspas en una comparecencia ante los medios.

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