Consenso entre partidos en la DPT para oponerse al almacenaje de CO2 en el Maestrazgo

Todos los partidos presentes en la Diputación de Teruel se posicionaron en el pleno de septiembre en contra del almacenaje masivo de CO2 en el Maestrazgo al apoyar de forma unánime tanto la propuesta presentada por el Partido Popular como la de Teruel Existe, que se debatieron juntas y se votaron por separado. El presidente de la DPT, Joaquín Juste, justificó la propuesta porque “todos los ayuntamientos y la propia comarca se han posicionado de forma clara y rotunda en contra”, dijo, para añadir que por mucho dinero que pudiese aportar ese proyecto, “es más importante el patrimonio, el medio ambiente y el entorno”, aseguró.

A juicio de la vicepresidenta primera, Beatriz Martín ese proyecto es una prueba más de cómo se pretende convertir el medio rural turolense “en territorio de sacrificio” y abogó por preservar “ante todas estas agresiones” el valor ambiental y patrimonial del Maestrazgo, “que es único”, dijo. La portavoz de TE, Beatriz Redón, añadió por su parte que el Maestrazgo “no puede ser el vertedero energético de Aragón y de España”. Habló 100 millones de toneladas de almacenamiento de CO2 en más de 13.000 hectáreas de superficie, lo que constituye “una grave amenaza para el territorio, para su población y para su futuro”, dijo, para expone que la Diputación debe “alzar la voz” para que evitar que el proyecto siga avanzando.

El vicepresidente segundo y portavoz del PAR, Rafael Samper, aseguró que su partido se opone rotundamente por toda la incertidumbre que hay en torno a este proyecto, del que no se conocen apenas datos.

El portavoz socialista, Pedro Polo recordó que el suelo del Maestrazgo “es poroso”, por lo que inyectar CO2 resulta “muy peligroso, tanto por la contaminación de los acuíferos como por la posibilidad de activar fallas sísmicas. Aseguró que ellos dan todo su apoyo a los representantes de la zona y que el “mensaje unánime de la Diputación es en contra de este proyecto”.

El portavoz apuntó que el PP se abstuvo en las Cortes de Aragón en una propuesta similar, algo que Juste justificó alegando que no se puede pedir al Gobierno de Aragón que no conceda un permiso de investigación si legalmente le corresponde, aunque señaló que sí es posible, pese a ello, mostrar oposición.

La propuesta del Partido Popular y del Partido Socialista sobre el Plan Corresponsables se debatió en conjunto pese a que, según recalcó la diputada Yolanda Sevilla, encargarla de defenderla por parte de su partido, “sólo coinciden en dos líneas”. Salió adelante la de los populares al contar con el apoyo de Teruel Existe, que votó en contra de la del PSOE, mientras que el Partido Aragonés se opuso a ambas porque, aunque consideran que es un servicio “indispensable”, critican que la Diputación sea el lugar “de dimes y diretes entre la derecha y la izquierda”, detalló la portavoz adjunta Marta Sancho.

Sevilla detalló que el Plan Corresponsables lo creó el Gobierno de España y transfirió al Gobierno de Aragón junto con 6,5 millones de euros, pero en mayo les comunicó un recorte del 25% de esos fondos, que se quedan en 4,8 millones. Señaló que incluso los 6,5 millones eran insuficientes y alertó de la necesidad de dotar de una partida mayor para cubrir el programa en su totalidad. La moción plantea rechazar el recorte, exigir al PSOE que actúe con “coherencia y responsabilidad” y que inste a sus ministros a retirar este recorte, “porque a los niños les va a llegar, pero porque lo ha puesto el Gobierno de Aragón” que, dijo, es “quien rectifica y soluciona”.

Desde el Partido Socialista María Ariño calificó de “política errónea” e “insultante” lo que esta haciendo el PP con el Plan Corresponsables. Aseguró que “cargan la responsabilidad sobre el Gobierno de España cuando “únicamente” es del Gobierno de Aragón, al que acusó de “trasladar el problema” a los centros educativos. Además habló de falta de comunicación cuando desde Teruel se pide más dinero al Gobierno de España y en Zaragoza anuncian que se va a cubrir ese 25% restante. Precisamente en la moción pedían que se aportara ese dinero complementario para garantizar la continuidad del plan y cubrir las aulas de madrugadores, que ya se atienden, y las de la tarde, aún pendientes.

Para Redón, la propuesta del PSOE no tiene sentido porque el Gobierno de Aragón ya ha asumido ese 25%. De todas formas, especificó que el Gobierno de España debería haberlo notificado antes para mejorar la comunicación y evitar malestar. “Nosotros creemos que las familias no pueden perder un servicio que ya tienen, que es lo importante, y más en el ámbito rural”, dijo.

Prevención de incendios

El Partido Socialista presentó una moción sobre prevención de incendios, que no salió adelante al votar el resto de los grupos en contra. Plantearon un frente común para proteger los bosques y, con ellos, a los vecinos y el futuro del medio rural. Proponían que la DPT se adhiera al Pacto de Estado, en el que se contempla un fondo para que los municipios limpien el combustible que hay alrededor de sus cascos urbanos. Además, buscaban instar al Gobierno de Aragón a impulsar el Plan Forestal, aprobado la pasada legislatura, con todas sus medidas. La propuesta recogía que la Diputación realice la planificación forestal en los montes que fuera de su propiedad para “servir así de ejemplo”, dijo el portavoz socialista.

El portavoz popular, Miguel Ángel Navarro, indicó que la DPT no debe adherirse al Pacto de Estado porque no hay consenso sobre el mismo y sí muchas críticas. En cuanto al Plan Forestal, reprochó a Polo que se aprobó en el año 2022 sin consignación presupuestaria “y ahora pide que la haya”, dijo, para continuar detallando que ha sido dotado con más de 10 millones de euros para toda la legislatura. Juste cerró el turno de intervenciones recordando que el presidente aragonés, Jorge Azcón, anunció esta semana un acuerdo con las tres diputaciones por el que se facilitará maquinaria para que las instituciones provinciales puedan hacer cortafuegos en los entornos de los cascos urbanos.

Tanto el Partido Aragonés como Teruel existe justificaron su oposición a la propuesta porque los incendios no son competencia de la Diputación.

Seguridad en el medio rural

La última propuesta en debatirse en el pleno de septiembre fue la de Teruel Existe sobre la necesidad de mantener el personal en los cuarteles de la Guardia Civil del medio rural, que salió adelante con el apoyo de todos los partidos, salvo el socialista.

En su defensa, la vicepresidenta Beatriz Martín destacó algunas de las carencias que tienen los agentes que operan en el medio rural, como patrullar grandes distancias para cubrir todo el territorio y destacó que la propuesta incluye también la petición de que el alumnado en prácticas no cuente como vacante profesional cubierta. Detalló que si se trata a los estudiantes como profesionales esas plazas quedan cubiertas, de forma que no se da la posibilidad a los guardias ya titulados para que pueden solicitarlas, “al final el cubrir números para que parezca que la plantilla esté al 100% hace que no sólo no lo esté, sino que además los que desean ocupar esas plazas no puedan optar a ellas”. Martín argumento que la situación es grave porque cada guardia se hace cargo de una extensión de 60 kilómetros cuadrados y lamentó la falta de compromiso del Ministerio del Interior con unas infraestructuras que considera “estratégicas”, dijo.

El portavoz del Partido Aragonés, Rafael Samper, aseguró que nadie quiere que se cierren cuarteles y matizó que una motivación importante es ofrecer a los agentes vivienda. Coincidió en que existe déficit de plantilla y señaló que se han perdido 60 agentes en los últimos años, aunque negó que los guardias en prácticas ocupen plazas de los ya titulados como había dicho Martín.

Los socialistas se abstuvieron y el portavoz Pedro Polo lo justificó por el “incremento sostenido de efectivos” que hay en Teruel. Citó que desde 2018 a hoy han crecido un 13%, al pasar de 620 en ese año a 702 en la actualidad. Añadió que en la provincia hay 5,8 guardias por cada mil habitantes, frente a los 3,8 de España, y 29 delitos cada mil habitantes, cuando la media nacional es de más de 50. Detalló que desde el Gobierno de España se están “adoptando medidas para favorecer la llegada de agentes, como la concesión de incentivos y complementos en lugares de difícil cobertura”.