El Inaga defiende su gestión en las renovables y el Partido Popular pide una comisión de investigación

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) defendió  este martes su actuación en la evaluación del impacto ambiental de los proyectos de energías renovables, en respuesta a una información publicada el mismo día por el diario El Mundo sobre la proliferación de parques eólicos y fotovoltaicos en Aragón y las supuestas irregularidades en al control de su implantación. En concreto, el rotativo señalaba de que dos de las empresas que evalúan el impacto ambiental de los proyectos para el Gobierno de Aragón son proveedoras del mayor adjudicatario eólico y solar, Forestalia.

Esta información desencadenó la polémica entre PSOE y PP en plena campaña electoral. El candidato del PP a la presidencia de Aragón, Jorge Azcón, exigió a su rival del PSOE y jefe del Gobierno autonómico, Javier Lambán, que dé explicaciones sobre la tramitación de las renovables para despejar “dudas” y anunció que si no lo hace pedirá una comisión de investigación en las Cortes de Aragón y que no descarta acudir a la Fiscalía.

El presidente de Aragón y candidato socialista a la reelección, Javier Lambán, respondió defendiendo el rigor del Gobierno aragonés en la tramitación de los parques de energías renovables y animó al PP a acudir a la Fiscalía si tiene claro que se ha cometido algún tipo de irregularidad.

Pero fue el director del Inaga, Jesús Lobera, quien se encargó de responder a las informaciones del diario El Mundo. En una rueda de prensa, señaló que las asistencias técnicas contratadas a empresas de consultoría para evaluar el impacto ambiental de los proyectos de energías renovables firmaban antes un documento de compatibilidad, tras examinar el Instituto si guardaban alguna relación con los promotores.

Aclaró que el Inaga “hace gestión ambiental, no política ambiental”, trabajando en “la línea más escrupulosa de la legalidad, con todo rigor”.

Más de 700 expedientes

“Nosotros no tenemos ningún interés en que salga o no salga algo, lo que hacemos es gestión, trabajamos técnicamente los elementos evaluatorios que marca la Ley de Evaluación Ambiental”, insistió Lobera, quien matizó que “cada uno puede tener una visión particular, pero no debemos evaluar en virtud de nuestro criterio personal y la seguridad jurídica evita este tipo de problemas”.

Lobera explicó que se han presentado más de 700 expedientes de proyectos de renovables, “desde luego muchos”, más que en otras comunidades, lo que ha obligado al Inaga a cambiar el ritmo de trabajo.

“Hemos necesitado la asistencia técnica porque si no, no se hubiera llegado”, dijo Lobera, al tiempo que apuntó que el plazo para obtener las declaraciones de impacto ambiental concluida el 25 de enero y que “es menester obtener la DIA correspondiente”, sea positiva o negativa, ya que así los promotores pueden recoger los avales depositados antes en la Administración General del Estado, que pueden ascender a varios millones de euros y en caso contrario el Gobierno de Aragón hubiera sido responsable patrimonial. “Nuestra obligación era llegar en plazo y eso se ha hecho”, dijo.

Lobera expuso que “tras el aluvión” de expedientes presentados el Inaga necesitaba “potencia de tiro, capacidad para analizarlos uno a uno para su aprobación”, de ahí la contratación de asistencias técnicas externas, lo que el instituto suele hacer a través de la empresa pública autonómica Sarga.

Una mesa de contratación seleccionó a tres empresas. El presidente de la mesa fue cesado en mayo de 2022 y ahora trabaja en el Ayuntamiento de Zaragoza.

“Procedimos a comprobar que todas estas empresas eran compatibles con los encargos que se les hicieran y se exigió desde el primer día la compatibilidad”, enfatizó Lobera, para asegurar “al cien por cien” que ninguna de las dos compañías que aparecen en el reportaje de El Mundo ha analizado “ni un solo expediente” de Forestalia, sino otros expedientes de otras compañías.

“Parece que se estuviera hablando de que hay empresas de asistencia técnica que han estado trabajando en ambos bandos y no ha sido así de ninguna forma”, dijo, y de hecho “en más de una ocasión” más de una de estas empresas han rehusado informar determinados proyectos por haber trabajado para los promotores.

Área específica

Con la llegada de un nuevo secretario general al Inaga se creó el área de renovables, con un equipo propio de funcionarios “desde el primer instante”, de forma que “la recepción de análisis ha sido por parte de funcionarios”.

También señaló que sólo él, director del Inaga, puede firmar las autorizaciones y que es el único responsable de la revisión y redacción de los informes, lo que a día de hoy “sigue siendo exactamente así”, de manera que “se ha cumplido inexorable e ineludiblemente con la ley”.

“El concepto de análisis en el proceso evaluatorio ha correspondido tanto a las asistencias técnicas como a los funcionarios y la evaluación y resolución de los expedientes le corresponde a la dirección, al igual que la firma y publicación” en el BOA o el BOE, detalló.

Jesús Lobera aludió al proyecto Canteras I, de instalación de un parque eólico en la provincia de Zaragoza, que recibió inicialmente un informe desfavorable y se sometió al trámite de audiencia, en el que el promotor presentó una addenda cambiando “una serie de elementos”, obteniendo finalmente una resolución condicionada favorable. El Inaga realiza este trámite de audiencia en “el cien por cien de todos los expedientes”, aunque la normativa vigente no lo exige, pero es una garantía “enorme”, añadió.

En cuanto al cese de algunos funcionarios, expresó que “en absoluto” ha habido una “purga”, sino que “ha sido por falta de cumplimiento de sus obligaciones”, y recalcó que son cargos de libre designación y que “el personal debe tener determinado nivel de relación con la dirección del Instituto”.

Respecto a la fragmentación de proyectos, que ha propiciado que se evalúen en la Administración aragonesa y no en la General del Estado, el director del Inaga aseguró que cuando llegaban proyectos de 49,9 megavatios se analizan “obligatoriamente” todos los efectos acumulativos del conjunto de los parques de la zona, “no solo los cercanos”, y “si no es respetuoso con el medio ambiente no se aprueba”.