El Mecanismo Rural de Garantía solo entra con calzador en las nuevas leyes

El Mecanismo Rural de Garantía, una herramienta creada para garantizar que las políticas públicas no perjudiquen a los zonas rurales y que estos territorios se tengan en cuenta en la legislación que se apruebe, está entrando con cuentagotas en las nuevas leyes. El último caso ha sido el proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, que al igual que sucedió con la Ley de Movilidad Sostenible para evitar la supresión de paradas en los pueblos, ha requerido de transacciones durante su tramitación parlamentaria.

Esta herramienta conocida también como rural proofing está recogida en la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de Institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, aprobada cuando la agrupación de electores de Teruel Existe estaba en las Cortes Generales e instó a que se tuviera en cuenta, como así lo recoge la norma en la disposición adicional sexta, en la que se establece el Mecanismo Rural de Garantía.

En teoría, a partir de ese momento todas las normas deberían contar con ese mecanismo y asegurar la participación de los actores interesados en su diseño y aplicación, como así lo recogió el texto legal, pero en cambio, a la vista de cómo se están desarrollando algunas leyes especialmente sensibles con las zonas rurales, no se tiene en consideración salvo cuando se introducen transacciones en los textos durante su tramitación.

Es lo que ha ocurrido recientemente con el proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, que inicialmente no lo contemplaba hasta que desde el grupo plurinacional Sumar, donde está CHA, y ERC, consiguieron introducir en la ponencia un punto a través de la disposición adicional duodécima para que se tuviese en cuenta la hostelería, la restauración y otros servicios básicos como esenciales en las zonas rurales en riesgo de despoblación. Eso obligará a que se tengan en cuenta servicios cotidianos como la hostelería, el comercio de alimentación, la farmacia rural o los servicios administrativos básicos, entre otros, en estos territorios.

Es un nuevo ejemplo de que el Mecanismo Rural de Garantía está establecido por la Ley de evaluación de las políticas públicas, pero en la práctica cuando se elaboran los proyectos legislativos no se tiene en cuenta y se ignora ese principio.

Pasó ya con la Ley de Movilidad Sostenible, cuya aprobación ha tardado varios años y ha costado sacarla adelante, puesto que se planteó ya en la pasada legislatura y no ha sido hasta finales de este año cuando se ha podido desbloquear y aprobar.

Ley de Movilidad

En esa ley de movilidad es llamativo que en su parte expositiva se haga referencia continuamente al reequilibrio territorial y la atención a las zonas despobladas, pero en cambio se planteó inicialmente con un agravio hacia estos territorios con la eliminación de las paradas de autobús en los pueblos pequeños con el nuevo mapa concesional.

Finalmente eso se consiguió corregir tras un largo debate, y la ley fue aprobada tras garantizar la misma que no serían suprimidas las paradas en los pueblos. Tanto Sumar como el PSOE y el PP se disputaron ese triunfo alegando que sus enmiendas habían sido las que habían garantizado el mantenimiento de esas paradas, más allá del largo debate que se abrió sobre las competencias de los servicios de transporte público dentro de las comunidades autónomas.

Esta forma de proceder del poder Ejecutivo cuando lleva nuevas normas legales a las Cortes Generales para su tramitación, pone de manifiesto que sobre el papel existe ya el Mecanismo Rural de Garantía, pero no ha sido interiorizado todavía por el Gobierno.

La obligación de hacerlo está establecida en la ley aprobada a finales de 2022, hace ya tres años, que en su disposición adicional sexta establece que dicho mecanismo de garantía rural incluirá “la incorporación de la evaluación de los efectos territorios y sobre el medio y la sociedad rural de las políticas públicas”, además de la “elaboración de una metodología de evaluación específica que tenga en cuenta los principios, recomendaciones y herramientas propuestas por la Unión Europea en este ámbito”.

Las instituciones comunitarias han insistido en los últimos años en la importancia del rural proofing para el desarrollo de políticas que tengan en cuenta estas zonas rurales de cara a lograr una cohesión en los territorios miembros de la UE.

En esta legislatura desde el PP se impulsó una proposición de ley en el Senado sobre la aplicación del Mecanismo Rural de Garantía, que salió adelante en la Cámara Alta gracias a la mayoría absoluta con que cuenta los populares.

No obstante, al pasar al Congreso la tramitación se ha ralentizado, después de que se encomendase su aprobación a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Los populares han insistido en los últimos meses en la importancia de impulsar con garantías esa herramienta y desbloquear la situación de impás en la que se encuentra.

La proposición de ley lo que plantea es incorporar un nuevo apartado en la ley de 2022 con la obligación de valorar el impacto demográfico y territorial que pueda tener cualquier nueva ley, de forma que ese mecanismo tenga entidad propia y no se limite a una disposición teórica sin aplicación práctica como está pasando.