Pobo defiende en el Senado una proposición de ley a favor del mecanismo rural de garantía

El pleno del Senado mostró este miércoles por enésima vez las dificultades que los asuntos relacionados con el mundo rural y contra la despoblación tienen para salir adelante por unanimidad en las Cortes Generales ante el enfrentamiento permanente que mantienen los dos grupos mayoritarios, PP y PSOE. Los primeros consiguieron sacar adelante gracias a su mayoría una proposición de ley sobre el Mecanismo Rural de Garantía, que defendió la senadora popular por Teruel, Carmen Pobo. El PP pidió que no se “cosifique” a los pueblos y que deje de hacerse política hacia la galería, mientras que el PSOE compartió esa preocupación por el territorio pero votó en contra. Los socialistas argumentaron que ya hay leyes que lo contemplan, no solo a nivel estatal, pero que no se cumplen, y se refirió al rural proofing que defendieron los populares como un término “manoseado”.

Pese a la oposición de los socialistas y de otros partidos minoritarios, aunque otros que no la apoyaron se abstuvieron en la votación, la proposición de ley fue tomada en consideración por amplia mayoría en el pleno, con lo cual continuará su recorrido para ser tramitada en las Cortes Generales.

La propuesta, que lleva camino de pasar a formar parte de las llamadas “leyes Feijóo” por ser aprobadas en el Senado con la mayoría absoluta que tiene el PP pero no poder prosperar después en el Congreso, fue defendida por la senadora popular por Teruel, Carmen Pobo, que pidió un compromiso real con el medio rural y menos políticas que van en contra del territorio.

Pobo indicó que era una proposición de ley “totalmente aséptica integrada en dos de las leyes ya aprobadas”, y argumentó que pensar en la lucha contra la despoblación y el medio rural “no solamente es tener un ministerio”, ni una secretaría general y una dirección general, sino que requería “tomar medidas, evaluar esas medidas” y ponerlas en práctica “para que haya un desarrollo económico de la sociedad rural”.

La parlamentaria turolense criticó que “lo que no se puede hacer es decir una cosa y hacer todo lo contrario”. Puso como ejemplo el mapa concesional de transporte público de viajeros por autobús de las líneas estatales, sobre el que el Ministerio de Transportes ha sacado a información pública el anteproyecto del Corredor 12 que afecta a Teruel, y que recordó que elimina la mayoría de las paradas en los pueblos.

“Que no se les llene la boca con la despoblación porque desde luego lo que están haciendo es la política contraria”, dijo Pobo, que explicó los pormenores de la proposición de ley, dirigida a modificar artículos y preceptos recogidos ya en la legislación.

Por un lado Pobo se refirió a la modificación de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, para que se añada contenido en varios de sus puntos para reforzar el valor que tiene que tener el mecanismo rural de garantía para el diseño de las políticas públicas y de las leyes, y que en su elaboración se tenga en cuenta cómo pueden afectar a las zonas rurales y al problema de la despoblación.

La senadora del PP recordó que en esta ley el mecanismo rural de garantía figura en la disposición adicional sexta. “¿Acaso no se merece lo rural tener entidad propia? ¿Acaso lo rural no somos nada para este Gobierno?”, se preguntó Pobo, que reclamó su propio capítulo, como así lo recoge la proposición de ley aprobada en el pleno del Senado este miércoles.

Plantea para ello añadir el ordinal 8 al artículo 2, referido a las definiciones, con la siguiente redacción: “8. Mecanismo Rural de Garantía: Es el régimen regulador del sometimiento de la acción política y normativa del Gobierno y de la Administración General del Estado a la evaluación de su impacto en el territorio y la sociedad rural”.

Desarrollo

También propone añadir el ordinal 6 al artículo 14, dentro del apartado de Sistema de Indicadores Comunes, para que su redacción quede de la siguiente forma: “6. El Sistema de Indicadores Comunes incorporará, en todo caso, los parámetros que exija la aplicación del Mecanismo Rural de Garantía, en los términos establecidos en el Título IV de esta ley y en sus normas de desarrollo”.

Eso da pie a añadir un Título IV, denominado “El Mecanismo Rural de Garantía” con dos artículos. El primero, el artículo 33, incorpora la perspectiva demográfica y territorial en las políticas del Gobierno de la nación y la Administración General del Estado, para que se tenga en cuenta esta perspectiva a la hora de legislar. En un segundo punto establece que “en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado se tomarán en consideración indicadores que permitan integrar la perspectiva demográfica y territorial y de lucha contra la despoblación en las políticas presupuestarias, de manera transversal”.

En un segundo artículo a añadir, el 34, se indica que deberá incorporarse un informe sobre impacto demográfico en los proyectos de ley que analice los posibles efectos sobre las zonas rurales; y que el Gobierno deberá aprobar la metodología para la evaluación del impacto demográfico, además de hacer referencia a los indicadores que se requieran.

También recoge la modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, para que se incorpore que el impacto demográfico y territorial “deberá ser valorado en términos de preservación del medio y de la sociedad rurales y de lucha contra la despoblación”.

Durante el debate de la proposición de ley, el senador socialista Secundino Caso compartió la preocupación por las zonas rurales, defendió las políticas que el Ejecutivo central está aplicando y la necesidad de garantizar la igualdad, si bien consideró que el término mecanismo rural de garantía “empieza a estar un poco manoseado”.

Admitió que en el conjunto de las administraciones públicas “hay leyes que ya están hechas protegiendo al mundo rural que no las cumplimos”. Caso dijo que “necesitamos un compromiso con el mundo rural” y pidió al PP apartarse del “ruido”. “Si no lo hacen, la cosecha no la van a recoger ustedes, la van a recoger los demás ruidos, las señorías de Vox”, concluyó el socialista.

La proposición de ley salió aprobada con 156 votos a favor, 93 en contra y 11 abstenciones. Votaron a favor el PP, el PNV, Vox, Unión del Pueblo Navarro, Agrupación Herreña Independiente, Coalición Canaria y Agrupación Socialista Gomera.

En contra votaron el PSOE, Junts per Catalunya, Mas Madrid y Compromís. Por otra parte, se abstuvieron Bildu, Esquerra, Geroa Bai, el Bloque Nacionalista Galego y un senador independiente.

Críticas

El PP reclamó al Gobierno central que deje de “marear la perdiz” en la lucha contra la despoblación y el apoyo al medio rural, y aparque de una vez la “técnica de trilero” que utiliza para confundir a la población.

Así se expresó durante el debate parlamentario de la iniciativa del Mecanismo Rural de Garantía el senador del PP por Soria, José Manuel Hernando, que criticó el permanente “engaño” del Gobierno y reclamó medidas reales porque se ha faltado al cumplimiento de lo que anunció.

Hernando argumentó que después de la ley de 2022 que recoge en una disposición el mecanismo rural de garantía sin desarrollarlo, y del “famoso” Plan de 130 medidas, no ha hecho “absolutamente nada” más allá de “análisis, informes y jornadas”, que consideró “toda una parafernalia del fuego de artificio y de propaganda subvencionada a la que el Gobierno de Pedro Sánchez nos tiene acostumbrados”.

El parlamentario popular reclamó al PSOE rigor y verdad, y dijo que habían convertido lo rural en un “mero artefacto” de producción de energía.