El Senado insta a evaluar las ayudas del 20% y a reunirse con los empresarios

Una moción del PP aprobada esta semana en el Senado insta al Gobierno a evaluar el impacto de las ayudas al funcionamiento del 20% autorizadas para las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, así como a que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reúna con las organizaciones empresariales de estos territorios tras haber incumplido su compromiso de hacerlo, que venció hace más de un año.

La iniciativa de los populares salió adelante en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico de la Cámara Alta celebrada el pasado martes, en la que también se aprobó otra moción que defendió la senadora popular por Teruel, Emma Buj, sobre los riesgos demográficos vinculados con la población flotante.

La propuesta sobre las ayudas al funcionamiento fue aprobada con 17 votos a favor y 12 abstenciones, entre ellas las de los senadores del PSOE, que en su intervención reprocharon a los populares que durante los años que ellos gobernaron no hubiesen puesto en marcha políticas similares, además de argumentar que los efectos de estas ayudas conocidas como del 20% están teniendo ya sus efectos.

Por el contrario, el senador del PP por Soria, Javier Jiménez Santamaría, que fue quien defendió la iniciativa de los populares, consideró que no se está viendo ese efecto, y argumentó que por ese motivo es necesario que se haga una evaluación, además de que la ministra de Inclusión se reúna con las organizaciones empresariales tal como se comprometió y no ha hecho.

La moción insta al Gobierno a “llevar a cabo todas las actuaciones necesarias al objeto de evaluar el impacto de las actuales ayudas al funcionamiento de las empresas de las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, tal como se comprometió la ministra de Inclusión Seguridad Social y Migraciones el 21 de mayo de 2024”.

Esa es la fecha en la que la titular de este ministerio, Elma Saiz, se reunió con los representantes de las organizaciones empresariales y asumió el compromiso de hacer una evaluación, además de emplazar a sus interlocutores a volver a reunirse con ellos pasado el verano.

Por ese motivo, la moción aprobada insta también a que la ministra “se reúna con las patronales de las tres provincias y conteste a las cartas de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, tras más de un año sin hacerlo”.

Oportunidad desaprovechada

Durante la defensa de la iniciativa, el senador popular consideró que hasta ahora, por la actitud del Gobierno central, “se ha desaprovechado la oportunidad de crear una palanca contra la despoblación a través de la generación de empleo y la actividad económica”.

Durante el debate de la moción, en el que solo intervinieron el parlamentario popular y la senadora del PSOE por Cuenca, Carmen Torralba Valiente, ambos senadores discreparon sobre lo que estas ayudas han supuesto para estos territorios desde que comenzó su aplicación en enero de 2023. El senador popular aseguró que en los dos primeros años había supuesto 16 millones de euros para Soria, 23 para Teruel y 27 para Cuenca, y que en caso de haberse aplicado en los máximos permitidos por la Comisión Europea del 20%, esas cifras habrían sido de 212, 404 y 346 millones respectivamente, lo que sí hubiese supuesto un incentivo para la generación de empleo en estos territorios y consecuentemente la lucha contra la despoblación.

Jiménez argumentó además que tal como se están aplicando, estas ayudas favorecen más a las nuevas empresas que a las ya existentes, cuando estas últimas “llevan muchas décadas luchando contra la despoblación” y son las que menos beneficios reciben. Aseguró que en caso de haber cumplido el Gobierno de Pedro Sánchez el compromiso que había con estas ayudas aplicándolas en su máxima intensidad se podrían crear 11.000 puestos de trabajo e incrementar el PIB un 7%.

El senador popular reclamó “que las migajas se conviertan en justicia territorial” y que la ministra de Inclusión cumpla con lo que se comprometió de evaluar el impacto real de estas ayudas, y de reunirse con las patronales de las tres provincias beneficiarias de las mismas por tener una densidad por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

Decencia y recortes

Tras afear a la ministra de no haber respondido a las cuatro cartas enviadas con posterioridad por las organizaciones empresariales para concertar esa reunión, Jiménez pidió “decencia” con este asunto, si bien desde las filas socialistas la senadora del PSOE Carmen Torralba acusó a los populares de no hacer nada cuando ellos gobernaron, además de haberse incrementado la despoblación en estos territorios y haberlos acribillado “a recortes en los servicios públicos”.

La senadora del PSOE defendió que donde gobiernan los socialistas se está actuando en la lucha contra la despoblación, como prueban territorios como el suyo o la aplicación de estas ayudas, con “niveles de afiliación a la Seguridad Social nunca antes conocidos”.

Por otra parte, en la misma comisión se aprobó otra moción del PP, que defendió la senadora turolense Emma Buj, sobre la población flotante, con el argumento de que la supervivencia de muchos municipios rurales pasa por tener en cuenta también a la población vinculada no residente en los pueblos. La iniciativa aprobada insta al Gobierno a que “active las acciones demandadas por las Directrices Generales de la Estrategia Nacional ante el Reto Demográfico en materia de riesgos vinculados con la población flotante, con especial énfasis en los territorios más afectados por el fenómeno de la despoblación y en los pequeños municipios”