Javier Zaragoza Aguado, Fiscal de Sala del Tribunal Supremo: “La Justicia no tiene que ser ejemplarizante, sino ejemplar, eficaz y sobre todo equitativa”

El Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, impartió este jueves la ponencia inaugural del congreso Aragón, Justicia y Empresa, organizado por Cepyme Teruel y la DPT. Habló sobre ciberseguridad, aunque en la mente de todos estaba el juicio al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre el que eludió pronunciarse por respeto institucional. En una entrevista con este periódico incidió en que “la Justicia no puede ser ejemplarizante” y mostró su plena confianza en ella.

-Ha aumentado mucho la ciberdelincuencia, ¿están descontrolados estos delitos?

-Las nuevas tecnologías de la información han generado un impacto muy negativo en los escenarios en los que vivimos, particularmente en el mundo empresarial, porque han posibilitado la ejecución de una serie de delitos que provocan importantes riesgos para las empresas. En estos momentos no está descontrolado, lo que sucede es que las nuevas herramientas van cambiando continuamente y no es fácil abordar el problema de la criminalidad que se genera. Tanto a nivel policial como sobre todo a nivel judicial, con la aparición y la implantación de la Unidad Nacional contra el Cibercrimen en la Fiscalía, con sus fiscales delegados en los diferentes territorios, se trata de saber qué es lo que está pasando, controlar estas actividades y, sobre todo, ser mucho más eficaces en la respuesta penal contra estas conductas.

-Me consta que desde el ministerio fiscal hay cierta impotencia por las dificultades que hay para combatir estos delitos porque han desaparecido las fronteras y como mucho se llega hasta las mulas y no a los cerebros de las organizaciones.

-Claro, porque las investigaciones son muy complejas y hay dificultades porque tienes que echar mano de la cooperación internacional y efectivamente esto dificulta llegar a buen puerto en la investigación, sobre todo cuando hay países que no colaboran. Pero luego ya cuando nos movemos en el espacio judicial europeo, pues hombre, las cosas son más sencillas y yo creo que se obtienen mejores resultados.

-¿Están bien preparadas las empresas para protegerse, qué les recomendaría?

-No es fácil hacer unas recomendaciones, pero lo primero que hay que hacer es tener una cultura de la legalidad absoluta, es decir, no utilizar guías o mecanismos que no sean legales; en segundo lugar creo que tienen que tener unos programas muy eficaces de modelos de organización, gestión y prevención; y por último, es necesario tener unas estrictas medidas de vigilancia y de control sobre los sistemas operativos e informáticos de las empresas para evitar que sean infiltrados y que sean dañados.

-Habla de tener una cultura de la legalidad absoluta. A veces se delinque porque uno no sabe que lo que hace es delito, aunque eso no evita ser culpable.

-Hablar de la cultura de la legalidad es ir mucho más allá del comportamiento delictivo. Eso también entra en el terreno de la ética, la ética empresarial, en unas reglas de comportamiento que sin ser delictivas pueden generar problemas de carácter reputacional para la empresa.

-¿Ha de ser ejemplarizante la Justicia?

-No, ese es un término con el que hay que tener muchísimo cuidado. La justicia no tiene que ser ejemplarizante, sino que tiene que ser ejemplar, eficaz y sobre todo equitativa cuando resuelve los asuntos y los conflictos entre los ciudadanos o entre los ciudadanos con la administración. No busquemos términos que luego tienen una significación un tanto negativa o peyorativa en el mundo en el contexto en el que vivimos.

-Un contexto con mucho ruido donde la Justicia y sus actores han pasado a ocupar las primeras planas de la prensa.

-Lamentablemente está pasando así por hechos y acontecimientos que todos conocemos, y que a muchos de los que trabajamos dentro del sistema judicial nos entristecen estas cosas. Hay que dejar trabajar a la Justicia y quienes tenemos responsabilidades institucionales no podemos adelantar lo que tiene que hacer. Cualquier comentario supone una presión, una injerencia, una intromisión en el funcionamiento de la Justicia, en el ejercicio de la función judicial.

-¿Tiene límites el derecho a la información?

-Los límites son los que marcan las leyes penales. Si alguien informa de algo y se lleva a cabo una intromisión en el honor, en la dignidad o en la intimidad de alguien hay vías de respuesta, que es el ejercicio de acciones civiles o penales.

-Se lo pregunto porque sin filtraciones, que es una de las cuestiones que se está discutiendo ahora, no habría información y nos quedaríamos solo con propaganda.

-Ya, pero no siempre. Las filtraciones hay veces que generan daños importantes y que sí deben tener una respuesta penal y hay veces que no. No todas las acciones o conductas de filtración son equiparables.

-El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, dijo este miércoles en el juicio celebrado contra él que “la verdad no se filtra, se defiende”

-Por razones obvias no quiero valorar las declaraciones del Fiscal General del Estado. Todos los que pertenecemos a esta institución debemos guardar respeto a la institución y al cargo. Y además, porque está dicha en un contexto, en un juicio, y lo mejor en estos momentos es dejar que la Justicia haga su trabajo. Yo confío plenamente en la resolución que dicte el Tribunal Supremo.

-¿Cómo se vive una situación así desde dentro de la Fiscalía?

-Pues se vive con mucha inquietud y preocupación. Estas situaciones generan un problema de reputación institucional. Porque de alguna manera el prestigio de la Fiscalía pues a veces queda en entredicho cuando estamos en situaciones como esta, en el centro del debate social, político y jurídico.

-¿Se está intentando instrumentalizar la Justicia?

-Yo creo que es un viejo problema. El gran problema de la Justicia desde tiempos inmemoriales es el de la politización o la instrumentalización de la Justicia al servicio de la política. Periódicamente se producen situaciones, no ahora sino también antes, en las que se detecta una cierta confrontación entre política y Justicia. Eso es fruto de entender la Justicia como algo que debe estar al servicio de la política, y esto no es así. La Justicia es el último baluarte de la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, y eso impide que pueda depender del gobierno o pueda ser instrumentalizada en beneficio de un determinado planteamiento político. Yo creo que eso hay que erradicarlo por completo.

-La política es también la que crea las leyes.

-Claro, las leyes las aprueba el legislador, pero el Gobierno o las administraciones tienen los decretos y otras normas reglamentarias que también inciden en temas relacionados con la Justicia.

-Y eso marca después la acción de la Justicia.

-Pero lo importante es que la Justicia en sí misma no sea dependiente de la política, que pueda resolver los conflictos que se plantean en la política, en el sentido amplio, sin ningún tipo de dependencia, limitación o intromisión.

-El Abogado General del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea avala la Ley de Amnistía. Usted fue uno de los fiscales del procés.

-Vamos a ver qué hace el Tribunal de Justicia, que suele seguir lo marcado por el Abogado General, aunque eso no quiere decir que lo haga siempre. Acabo de leer la noticia y discrepo de alguna de las afirmaciones. No he leído el informe, pero hay algo que sí parece claro. En realidad, esta es una autoamnistía pactada entre dos formaciones, una beneficiada y otra que se la da a cambio de otras contraprestaciones. No es como otras que obedecen a un contexto histórico político excepcional o a razones políticas excepcionales

-El Gobierno acaba de aprobar el proyecto de la Ley de Enjuiciamiento criminal. Usted se ha mostrado crítico, ¿por qué?

-A ver, está muy claro que ni el contexto ni las condiciones de la reforma justifican ni permiten un cambio de modelo del proceso penal en estos momentos. Tú no puedes dar la investigación a un órgano que depende del Poder Ejecutivo para que investigue lo que le parezca en función de las instrucciones que reciba. Esa es una reforma que tiene que tener un consenso político institucional muy amplio, porque es un cambio fundamental en una de las piezas básicas del Estado de Derecho, que es la investigación penal. La reforma debe cumplir una serie de condiciones que garanticen la independencia y la inamovilidad de los fiscales que dirigen las investigaciones, romper con la dependencia respecto del Gobierno, limitar la jerarquía del Fiscal General del Estado y de los fiscales jefes sobre los fiscales que lleven las investigaciones, que ahora es absoluta, y revisar el mecanismo de selección y nombramiento del Fiscal General del Estado.