Cepyme busca una mayor implicación entre el mundo jurídico y los empresarios

El sector empresarial y el mundo jurídico se han dado la mano desde este jueves en Teruel capital con motivo de la celebración de un congreso organizado por Cepyme y la DPT, que busca que haya una mayor implicación entre ambos colectivos. Las pequeñas y medianas empresas reclaman menos cargas burocráticas para no entorpecer su labor y poder generar riqueza, al ser las que sostienen el tejido empresarial en todo el territorio, según indicó la presidenta nacional de Cepyme, Ángela de Miguel, que fue una de las ponentes de la jornada inaugural junto con el Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, y el vicepresidente de Typsa y exministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

La ciberseguridad, los delitos ambientales, la siniestralidad y la prevención de riesgos laborales, así como la seguridad jurídica y la fiscalidad, son algunas de las cuestiones que se están abordando en este congreso. Hay inscritas 150 personas, según indicó el presidente de Cepyme Teruel, Jesús Blasco, y las ponencias y mesas redondas se prolongarán hasta hoy viernes por la tarde, mientras que mañana sábado se hará una visita al Aeropuerto de Teruel para conocer sus instalaciones.

El presidente de Cepyme recordó que las actuaciones empresariales tienen implicaciones con el Derecho y la Justicia de “manera permanente”. Todos los asuntos que se están abordando “tienen derivaciones jurídicas”, de ahí la intención de que pueda tener continuidad este tipo de encuentros en próximo años.

El representante de los pequeños y medianos empresarios turolenses abogó por un “funcionamiento ágil de la Justicia”, así como menos burocracia y que les permita hacer su trabajo y generar riqueza, más en territorios pequeños como Teruel al tener más dificultades para salir adelante. Aseguró que el perfil de los asistentes es amplio y abarca desde profesionales del ámbito jurídico y la abogacía al empresarial, así como asesores fiscales y laborales.

Entre las ponentes de la primera jornada estuvo la presidenta nacional de Cepyme, Ángela de Miguel, que destacó la importancia que para las pequeñas empresas tenían los asuntos abordados en el congreso. Indicó que uno de los principales problemas de este colectivo son las cargas burocráticas excesivas.

“Es uno de los elementos que más le complican el día a día a las empresas”, dijo De Miguel, que apuntó que esa es una de las cuestiones que más complica su funcionamiento al 60% de las pymes españolas, mientras que en la Unión Europea ese porcentaje es del 25%.

Además, advirtió del riesgo que corren las microempresas, sobre todo las de menos de diez trabajadores. Aseguró que este colectivo está desapareciendo en España, donde 22.700 empresas han dejado de existir desde antes de la pandemia. Además de la carga burocrática, se refirió al problema de la fiscalidad, puesto que ese esfuerzo en una empresa española es del 37%, mientras que la media europea es de un 25%, algo que insistió recae principalmente en la microempresa. Abogó por otra parte por la aplicación de las ayudas al funcionamiento en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria en ese 20% autorizado por Europa frente al apenas 1,5% que se está aplicando.

El Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, participó en el congreso con una ponencia sobre ciberseguridad. El fiscal alcorisano advirtió que si bien las cifras de los ciberdelitos han tenido un gran crecimiento en los últimos años, según recogen las estadísticas del Ministerio del Interior, las cifras reales se sospecha que son todavía más elevadas porque “hay mucha zona oscura” al haber muchos hechos que “permanecen en la clandestinidad, que no se denuncian”. Lamentó que el cibercrimen se haya extendido absolutamente en todas las dinámicas delictivas.

 

Infraestructuras

La otra ponencia inaugural la dio el vicepresidente de Typsa y exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que centró su intervención en las infraestructuras y el crecimiento empresarial, la regulación y la burocracia de las empresas.

De la Serna abordó las “reformas importantes” que se deben acometer en España en cuestiones como la energía y las obras de ciclo hidráulico. En materia de infraestructuras comentó que “cualquier salto importante que cubra el déficit estructural que tiene la provincia de Teruel, a los primeros que va a repercutir positivamente es a las empresas”.

De la Serna incidió en la sobrerregulación excesiva que sufren las empresas, así como la “presión fiscal” y el “incremento en las cotizaciones”, que se suman a otros informes sobre sostenibilidad que tienen que hacer. Destacó también la importancia de la seguridad jurídica y argumentó que ese factor es el que está permitiendo a Aragón atraer inversiones.

El director general de Justicia, Jorge Cañadas, aseguró que el buen funcionamiento de la Justicia para el mundo de la empresa es “decisivo”, puesto que habitualmente se critica la lentitud y que los procedimientos se alarguen en el tiempo. “Eso entraña graves perjuicios para el mundo empresarial, que necesita agilidad”, aseguró Cañadas, que consideró que desde esa perspectiva era “extraordinariamente interesante” el contenido que se había dado al congreso. Uno de los ejemplos que puso fue la importancia de adoptar medidas preventivas para contrarrestar los ciberdelitos, observando “medidas de seguridad básicas que en muchos casos prevendrían la puerta de acceso al delito que luego se masifica”.

En representación del Gobierno de Aragón, el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, apuntó que las empresas tienen que cumplir con la normativa y que desde la Administración se tiene que ser “lo más ágil posible para que las inversiones no se paralicen”. Comentó como ejemplo que se acaba de dar el visto bueno al segundo hangar de pintura del aeropuerto, y argumentó que las empresas americanas lo que más demandan para invertir en Aragón es “agilidad en los trámites” por encima de las subvenciones.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, incidió en el valor que tiene para la capital ser una ciudad de congresos, como el que acoge estos días el centro sociocultural de San Julián focalizado en la justicia y la empresa como pilares de la democracia y el bienestar social. “Es importante que haya foros de reflexión lejos de todo el ruido mediático que en estos momentos tiene la política”, manifestó la alcaldesa.

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, institución que organiza con Cepyme el congreso, valoró la importancia de organizar estas actividades para apoyar a las empresas, porque en definitiva conlleva “el mantenimiento de la actividad económica”. Puso especial énfasis en la importancia de los autónomos.

Por el Colegio de Abogados de Teruel, su decano, Paulino Esteban, resaltó la importancia de “tender puentes entre empresarios y justicia”. Aseguró que los letrados tienen la obligación de prestar esa asistencia para que la Justicia “sea ágil, eficaz y rápida”. A preguntas de la prensa comentó que nuevos delitos como los cometidos en el ciberespacio afectan también de manera importante a la provincia, lo que les obliga a especializarse y reciclarse en cuestiones de este tipo.