Mar Vaquero destaca la seguridad jurídica y los fondos que tiene Teruel para impulsar el sector empresarial

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, destacó este viernes en Teruel la seguridad jurídica y los fondos que tiene la provincia para poder impulsar su crecimiento empresarial. Lo dijo durante la clausura del congreso Aragón, Justicia y Empresa en el centro social de San Julián, en donde reclamó la aplicación de las ayudas al funcionamiento en su máxima intensidad del 20% de los costes laborales. En ese mismo lugar recordó que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió a aplicar esa medida.

La también consejera de Presidencia, Economía y Justicia fue la encargada de cerrar dos días de ponencias y mesas redondas a través de las cuales se han tendido puentes entre el mundo jurídico y el sector empresarial, por iniciativa de Cepyme Teruel, organizadora de este congreso junto con la Diputación de Teruel.

El presidente de Cepyme Teruel, Jesús Blasco, consideró que el desarrollo de esta actividad había sido un éxito, antes de que la vicepresidenta aragonesa subiera al escenario para clausurar el congreso, en el que lanzó dos mensajes claros: la importancia que tiene la seguridad jurídica que ofrece Aragón para el asentamiento de las empresas, y el apoyo a las mismas que supone contar con el Fondo de Inversiones de Teruel y el Fondo de Transición Justa en la provincia, a lo que se suma las ayudas al funcionamiento, que para ser efectivas deberían incrementarse al máximo permitido por la UE.

Vaquero recordó que la voluntad del jefe del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, es destinar el incremento del Fite conseguido en la reunión con el presidente de España, a apoyar a las empresas ya asentadas con proyectos que creen empleo o de nueva implantación.

A eso añadió el Fondo de Transición Justa que puso en marcha el actual Ejecutivo, tras encontrarlo “en un cajón” sin ejecutar, dotado con 88 millones y que supondrán inversiones, con la parte aportada por las empresas beneficiarias, de 200 millones. Vaquero aseguró que Teruel “tiene sed” de invertir, como puso de manifiesto que el año pasado se agotaran los 21 millones de euros de este fondo, y que este año se hayan destinado 15 millones, de ellos 12,5 para pymes y el resto para proyectos de economía circular; mientras que el próximo año saldrán otros 15 millones con cargo a este instrumento para dotar de recursos a los empresarios que quieran invertir en Teruel y generar riqueza.

A esos fondos sumó las ayudas al funcionamiento siempre que se apliquen en su máxima intensidad, como propone el PP y se comprometió Feijóo, dijo. En este sentido afeó a los partidos que no estuvieron en la concentración del pasado lunes convocada por las organizaciones empresariales, e instó a seguir reivindicándolas porque fueron una “conquista” de la sociedad turolense.

A eso se refirió también la vicepresidenta al atender previamente a los medios de comunicación antes de clausurar el congreso. Vaquero puso énfasis en el impulso de la seguridad jurídica y reivindicó por otra parte el “gran potencial” que tiene la provincia para aprovechar las oportunidades que tiene y “atraer empleo”. Abogó por que el Gobierno de España invierta en infraestructuras de energía de la red de transporte y distribución, porque dentro de las inversiones que se están configurando en Aragón, “la provincia de Teruel también puede tener su espacio”.

La segunda jornada del congreso permitió abrir un amplio debate sobre cuestiones como la ciberseguridad en las empresas, que ya abordó el Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, en la ponencia inaugural el día anterior, además de otros asuntos como el fraude laboral, los mecanismos para afrontar una crisis empresarial, la seguridad en el trabajo, la jornada laboral y el nuevo registro horario, los delitos fiscales o la reestructuración, venta, fusión o adquisición de sociedades.

Uno de los debates más intensos es el que sentó en la misma mesa redonda a los máximos responsables de la patronal aragonesa y de los sindicatos, que confrontó los puntos de vista de los secretarios generales de UGT y CCOO en Aragón, José Juan Arcéiz y Manuel Pina respectivamente, con el presidente de CEOE en la comunidad autónoma, Miguel Marzo, y su homóloga de Cepyme, María Jesús Lorente. Abordaron con puntos de vista discrepantes el tema candente de la reducción de la jornada laboral.

Moderados por el abogado Carlos Muñoz, los ponentes expresaron sus diferencias en esta cuestión, sobre la que los representantes de la patronal expresaron su malestar por la unilateralidad adoptada por el Gobierno sin contar con los agentes sociales que, como recordó la presidenta de Cepyme, están reconocidos como interlocutores en la Constitución y se deben tener en cuenta.

 

Intromisión

Lorente aseguró que los empresarios no se han opuesto a esa reducción, sino que consideran una “intromisión” la decisión del Gobierno al ignorar el marco de la negociación colectiva. “La productividad no se decreta, se construye”, dijo la presidenta de las pequeñas y medianas empresas aragonesas, que recordó el peso que tienen las mismas con unas plantillas muy pequeñas de trabajadores. Indicó que “no es lo mismo” aplicar esas reducciones “en una multinacional que en un comercio de proximidad”.

El presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo, aseguró que “nadie quiere hablar de productividad” cuando es la clave del debate. Consideró que era una cuestión muy seria que había que analizar en profundidad, puesto que las grandes empresas no van a tener problemas, pero sí las pymes. “Son las pequeñas empresas las que nos preocupan”, dijo Marzo, que puso como ejemplo el sector agrícola, donde el 70% del coste del producto es la mano de obra. “Si reducimos la jornada nos cargamos el campo”, sentenció.

El líder de UGT, José Juan Arcéiz, aseguró que con menos horas se puede ser “más productivo”, y tildó el debate abierto sobre la reducción de jornada como “artificial”. Argumentó que la productividad no se gana con horas sino con “tecnología”, y que por estar más horas en la empresa no hay mayor productividad.

Manuel Pina, secretario general de CCOO en Aragón, dijo que hay un margen para aplicar esa reducción de la jornada en los convenios, y que allí donde no se lograba era por una cuestión de “debilidad sindical” al no contar con representación de los sindicatos.

Los cuatro representantes de los agentes sociales aragoneses debatieron también sobre el control horario. El debate sirvió para constatar que hay muchas lagunas por falta de una norma que lo regule. Mientras los sindicatos argumentaron que allí donde hay convenio colectivo no hay problema, sí lo hay en cambio en otros colectivos que carecen del mismo. La discusión sirvió además a los empresarios para pedir que no se “demonice” al empresariado, porque es el que genera riqueza y cohesiona el territorio.

Miguel Marzo pidió “poner un poco de sentido común” y de “coherencia en el trabajo”, en lugar de “demonizar” como se está haciendo desde el Gobierno, algo que aseguró les “duele”.

Entre las mesas redondas también tuvo un especial interés la centrada en la siniestralidad laboral y la prevención de riesgos. Moderada por el abogado Antonio Bueso, intervinieron el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Zaragoza y presidente del Consejo Económico Social de Aragón, Juan García Blasco; el director de Inspección de Trabajo de Aragón, Román García Oliver; la vicerrectora del Campus de Teruel, Mari Carmen Aguilar; y el abogado especializado en prevención de riesgos, Andreu Sánchez.

Durante el debate se incidió en que la seguridad es responsabilidad de todos. Sánchez incidió en que la prevención “tienen que hacerla los empresarios” apoyándose en los técnicos, pero que deben ser ellos quienes se impliquen. García Blasco pidió que se asumiese desde la empresa “con honestidad y rigor la obligación legal”, mientras que García Oliver abogó por revisar todos los trabajos que se hacen fuera de la empresa. Por último, Aguilar Martín reivindicó una “formación adaptada y adecuada”.

A lo largo del debate se incidió mucho en la corresponsabilidad y la necesidad de que haya colaboración entre todas las partes, así como en crear una mirada preventiva crítica. Se habló también de la responsabilidad civil porque los seguros cubren poco y lo que se planteó es que tiene que importar más que no haya accidentes haciendo de la prevención algo de todos. En el caso de la provincia de Teruel se puso de manifiesto que si bien han aumentado los accidentes leves, los graves y mortales están muy abajo, y también la labor que realiza la Inspección de Trabajo en materia preventiva con las visitas a empresas que lleva a cabo.

En la mesa sobre ciberseguridad, que moderó el fiscal Jorge Moradell, el coronel de la Guardia Civil, Jorge Juan Pérez, explicó la nueva oficina telemática para tramitar denuncias por ciberdelitos, mientras que el fiscal de la Fiscalía de Teruel, Ángel Julián, destacó que está habiendo bastantes condenas por el buen trabajo que se está haciendo con la policía judicial. Aseguró a este respecto que se están consiguiendo “muy buenos resultados” y que la línea actual de investigación se basa en “seguir el dinero”.

 

Ciberdelitos

La directora de los servicios jurídicos de Caja Rural, Cristina López, expuso cómo se trabajan desde esta entidad los ciberdelitos que se detectan, bien asesorando a las víctimas o colaborando en la detección de alguna actividad fraudulenta si se detectan movimientos extraños. En esta mesa redonda intervinieron también Luis Dalmau, jefe del servicio del Área de Nuevas Tecnología y Administración Electrónica de la DPT, que incidió en la necesidad de tomar medidas para proteger la información de las empresas, y Miguel Gotor, inspector jefe del grupo de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Calatayud.

Entre los ponentes que intervinieron este viernes, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido, aseguró que el funcionamiento de la justicia afecta a las empresas “mucho más de lo que los poderes públicos y los ciudadanos creen”. Indicó que el buen funcionamiento del sistema judicial “genera seguridad jurídica”, que se traduce en confianza, inversión y crecimiento. Bellido explicó a los empresarios cómo funciona el sistema jurídico y les hizo ver que la inversión en justicia “tiene después una repercusión en el desarrollo económico de un país”.

Una de las ponencias que suscitó también un gran interés fue la impartida por Juan José Cortés Hidalgo, juez de lo mercantil de Teruel, puesto que trató sobre los mecanismos frente a la crisis empresarial. Explicó cómo afrontar esas situaciones, bien en una fase preconcursal a través del plan de reestructuración, o luego ya dentro del concurso qué posibilidades tiene. Recordó que en Teruel todo es empresa pequeña y explicó que el perfil es el de empresas que presentan concurso sin masa, es decir, que ya no tienen patrimonio y lo presentan para liquidarla. Durante su intervención llamó la atención sobre el reciente mecanismo de “segunda oportunidad” y admitió que la ley permite exonerar con cierta alegría, porque tampoco nadie reclama si se puede acreditar sobreendeudamiento temerario o negligente.

El exdirector de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, Juan Grangel, fue otro de los ponentes del día para hablar de la defensa ante procedimientos administrativos de inspección y fraude laboral, aunque prefirió referirse a “incumplimientos de la norma”, porque muchas veces es eso lo que hacen las empresas al ser desconocedoras de ellas. De ahí la importancia, dijo, de implementar análisis de las fortalezas y carencias que tiene la empresa para reducir riesgos.

Calidad de los ponentes

El presidente de Cepyme Teruel, Jesús Blasco, destacó los buenos resultados que había tenido el congreso sobre Justicia y Empresa, y reconoció que los mismos eran suficientes como para volver a repetirlo, si bien admitió que el listón que se había puesto era muy alto por la calidad de los ponentes.

“Hemos tenido abogados, empresarios, gente del sector de las asesorías laborales y fiscales, en definitiva la conjunción de los mejores ponentes posibles y los mejores oyentes posibles, lo que hace que estemos plenamente satisfechos de estas dos jornadas”, afirmó Blasco, que sobre la continuidad de esta iniciativa dijo que a partir de ahora van a trabajar “para intentar planificar un programa que pueda mejorar el que hemos tenido este año, y si somos capaces de conseguirlo y obtenemos el apoyo de los patrocinadores que hemos tenido este año, o de algunos otros, lo haremos”.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, se comprometió a apoyarlo dado el éxito y la calidad de los contenidos abordados. Reconoció que si no habían sido patrocinadores en esta primera edición era porque tampoco se lo habían pedido.

Seguridad

Además del conocimiento general de los conceptos abordados en el congreso, Blasco incidió en algunas intervenciones que habían sido especialmente ilustrativas e importantes para los empresarios, como el acceso que habían tenido a la nueva oficina de denuncias telemáticas de la Guardia Civil, cuyo funcionamiento les habían explicado y ofrecía rapidez e inmediatez.

El presidente de Cepyme se mostró satisfecho por el desarrollo en su conjunto de todas las ponencias y mesas redondas, por el amplio abanico de cuestiones que se habían abordado. “Al final hemos hecho un recorrido bastante intenso y muy condensado sobre los temas fundamentales que afectan y que atañen a las empresas”, indicó Blasco. Como complemento del programa, los inscritos en el congreso realizarán hoy sábado una visita al Aeropuerto de Teruel.